Tal como lo advirtió la semana pasada previo a la votación del proyecto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que impugnará ante los tribunales electorales los lineamientos de paridad de género aprobados por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), al considerar que sus disposiciones vulneran el principio de autodeterminación de los partidos políticos, además de que restringen las posibilidades de postulación a cargos de elección popular.
Óscar Núñez, secretario Jurídico del PRI Estatal, y Fernando Mendoza Ruíz, representante propietario del partido ante el OPLE, fueron quienes dieron a conocer las acciones que emprenderán luego de la sesión extraordinaria celebrada el sábado pasado en la que se aprobaron disposiciones relacionadas con el registro de candidaturas para el Proceso Electoral 2026 – 2027.
Uno de los principales puntos de inconformidad es la determinación de que los partidos políticos deben postular exclusivamente fórmulas encabezadas por mujeres para las presidencias municipales de Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Janos y Nonoava.
Explicaron que esta disposición podría representar una intromisión en la vida interna de los institutos políticos, al limitar su facultad de definir candidaturas conforme a sus procedimientos estatutarios y mecanismos de selección, al tiempo en el que se restringir las posibilidades de participación de ciudadanos del género masculino que aspiren a competir por las alcaldías de dichos municipios.
Pese a reconocer la importancia de garantizar la participación política de las mujeres y el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, señalaron que las medidas adoptadas por la autoridad electoral deben ajustarse al marco jurídico y respetar los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Asimismo, explicaron que otro aspecto que será objeto de revisión jurídica es la disposición relacionada con el Distrito Electoral 22, donde el IEE estableció la postulación de una fórmula de candidatura indígena.
Por tal motivo, recurrirán a los mecanismos legales disponibles para solicitar la revisión de las disposiciones aprobadas por el IEE, con el propósito de que los tribunales determinen su constitucionalidad y legalidad y habrá más acciones jurídicas.
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