La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado aprobó un dictamen para brindar mayor protección a niños, niñas y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas, así como para incluir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en este ilícito.
Ante el incremento de casos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de funcionarios federales, estatales y municipales involucrados en las redes de tráfico de personas, los legisladores destacaron que es necesaria esta reforma porque actualmente no hay sanción en específico para este delito.
En el proyecto, que modifica la Ley de Migración, se argumenta que el delito de tráfico ilegal de personas no se encuentra regulado como una sanción administrativa.
Además, destacaron que el fenómeno masivo de personas migrantes que transitan por nuestro país ha provocado que niñas, niños, adolescentes y mujeres se encuentren en un estado de desprotección, por lo que “el sistema penal requiere enriquecerse basado en el principio del interés superior de la niñez”.
La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, dijo que al incorporar una agravante específica para los funcionarios públicos implicados en esta práctica se manda un mensaje claro de que en México no se tolera la explotación y el abuso de quienes buscan una vida mejor.
“Estamos conscientes que el fenómeno migratorio ha presentado un gran desafío en la política de nuestro país, somos testigos de un alto crecimiento de personas migrantes que entran y salen de México con el propósito de buscar una mejor calidad de vida cuyos países no pueden garantizarles”, expresó.
Agregó que muchas de las personas migrantes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y desprotegidos, al verse perjudicadas por delincuentes que buscan atentar contra su integridad y dignidad.
Señaló que la destitución e inhabilitación para los servidores públicos que intervengan en la comisión del delito de tráfico ilegal de personas es una medida contundente que refuerza el mensaje de que el Estado está comprometido con la erradicación de este tipo de prácticas.
El dictamen precisa que cuando el autor material o intelectual sea servidor público, además de la pena prevista para el tráfico ilegal de personas, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
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