En 42 de los 290 Centros de Reinserción Social del país existen actividades ilícitas, insuficiencia de personal de custodia, así como un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, destaca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria (DNSP) 2022, revela que en esos penales existen deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, falta de reglamentos internos y en algunos casos extorsión y soborno.
Destaca que en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, en Cintalapa, Chiapas, no existen programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a los presos.
El organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra reprobó con calificaciones de entre 4.26 a 5.94 a 12 prisiones que se ubican en Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima, porque no existen condiciones para el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
El documento destaca que 13 sistemas penitenciarios obtuvieron calificaciones entre 6.05 a 6.98, correspondientes a la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche.
Detalla que durante 2022 disminuyeron los incidentes violentos en los centros penitenciarios estatales, federales y militares, al pasar de mil 478, en 2021, a mil 302 ocurridos el año pasado.
Estos incidentes fueron riñas, con mil 96 casos en 2022; suicidios, 100; homicidios, 47, y huelgas de hambre, 29. Sin embargo, los homicidios al interior de los penales se incrementaron de 39, en 2021, a 47 en 2022.
En cuanto a la identificación de temas de mayor incidencia, durante las visitas de supervisión realizadas por la CNDH se observó que persiste en los centros carcelarios la necesidad de implementar los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como fortalecer las actividades laborales y de capacitación.
Sobre las prisiones militares, en promedio, las tres visitadas por la comisión obtuvieron una calificación global de 8.38.
La CNDH asegura que las distintas problemáticas que enfrenta gran parte del sistema penitenciario del país, como la sobrepoblación, el autogobierno, el hacinamiento, la insuficiencia del personal de seguridad, la falta de supervisión de las personas titulares, la indebida o ineficiente clasificación de las personas, representan alarmas que requieren atención primordial, que de no observarse continuarán generando graves efectos, que vulneran y ponen en riesgo, no sólo la seguridad de los centros, sino la vida de quienes viven y trabajan en ellos.
En la presentación del referido diagnóstico, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, lamentó que pese a los resultados de los anteriores diagnósticos emitidos por la comisión no se hayan tomado las medidas para generar condiciones dignas y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales, por lo que llamó a las autoridades responsables a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad.
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