La relación entre México y Estados Unidos entró en una nueva fase de confrontación política y estratégica. Bajo el Gobierno del presidente Donald Trump, Washington ha dejado atrás el discurso tradicional de cooperación bilateral contra el narcotráfico para adoptar una narrativa de seguridad nacional y guerra hemisférica contra los cárteles mexicanos.
La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas del Gobierno estadounidense no solo endurece el lenguaje diplomático: redefine el problema del narcotráfico como una amenaza terrorista y militar, coloca a México como eje del flujo de drogas hacia territorio estadounidense y abre la puerta a posibles acciones extraterritoriales bajo legislación de guerra.
El documento, presentado por la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), Sara Carter, plantea que “la era de la contención ha fracasado” y anuncia una “ofensiva implacable” contra los cárteles.
“La nueva estrategia constituye nuestra orden de batalla para perseguir a los cárteles en sus refugios, desmantelar sus laboratorios, confiscar sus activos y cortar sus líneas de suministro”, sostiene Carter en el texto oficial.
De la cooperación antidrogas a la lógica de guerra
El cambio de tono marca una ruptura con décadas de cooperación bilateral basada en inteligencia, asistencia técnica y combate compartido al narcotráfico.
Ahora, Washington sostiene que el tráfico de fentanilo representa un “ataque químico” contra Estados Unidos y justifica el uso de “todos los instrumentos del poder estadounidense” para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.
La estrategia adquiere además una dimensión jurídica que abre la puerta a intervenciones militares en México. Tras declarar a varios cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, el Gobierno estadounidense considera posible actuar bajo facultades asociadas a guerra y defensa nacional, contempladas en los Títulos 10 y 50 del Código de Estados Unidos.
En la práctica, esto significa que el combate a los cárteles deja de ser exclusivamente un asunto policial o judicial y entra en el terreno de operaciones de seguridad nacional y, eventualmente, militares.
México, bajo presión
El documento establece “obligaciones” para México y condiciona la cooperación bilateral a resultados “sólidos, sostenidos y cuantificables”, particularmente en arrestos, extradiciones y combate directo a las organizaciones criminales.
La presión se concentra especialmente sobre los grupos clasificados por Washington como terroristas: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.
Uno de los casos utilizados por el Gobierno estadounidense para ejemplificar esta nueva estrategia fue el descubrimiento del narcotúnel entre Ciudad Juárez y El Paso, presentado como una “victoria” del nuevo Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en la frontera suroeste.
“Una visión incompleta y facciosa”: experta
Sin embargo, especialistas advierten que la estrategia estadounidense omite deliberadamente la responsabilidad interna de Estados Unidos en el fenómeno del narcotráfico.
La investigadora Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, considera que el documento presenta una visión “incompleta y sesgada” del problema.
“Se ha elevado el tono en el trato entre los dos países y fortalece la narrativa de que México es el que traspasa las drogas, sin asumir la responsabilidad que le corresponde al Gobierno estadounidense de detenerlas en su propio territorio”, afirmó la académica.
Correa-Cabrera cuestiona que el informe ignore las redes de distribución y consumo que operan dentro de Estados Unidos y señala que el propio caso del narcotúnel entre Juárez y El Paso demuestra una responsabilidad compartida.
“El documento hace referencia al narcotúnel entre El Paso y Juárez, pero no toma en cuenta que inicia en el lado mexicano y llega al estadounidense. Era una responsabilidad compartida”, explicó.
La investigadora sostiene además que existe una comprensión limitada del funcionamiento real de los grupos criminales mexicanos.
“Tienen una lectura limitada de lo que son los cárteles mexicanos y, en particular, el CJNG, que es una organización que trasiega drogas, pero que se dedica principalmente a otros delitos, como la extorsión”, señaló.
Geopolítica y control regional
Más allá del combate a las drogas, Correa-Cabrera advierte que la estrategia estadounidense tiene implicaciones geopolíticas profundas.
A su juicio, el documento busca consolidar una lógica de control regional bajo el argumento de seguridad hemisférica, en un contexto internacional marcado por la competencia de Estados Unidos con otras potencias globales.
“El informe es inconsistente, incompleto y tiene más implicaciones geopolíticas que de combate al tráfico de estupefacientes”, afirmó.
Incluso, considera que este tipo de diagnósticos pueden utilizarse para justificar futuras intervenciones o acciones unilaterales.
“Ese tipo de diagnósticos les permite tomar decisiones basadas en análisis poco transparentes, incluso la decisión de atacar a un país, en este caso México”, advirtió.
La académica resume el nuevo enfoque estadounidense como un intento de reafirmar control estratégico sobre el llamado “Hemisferio Occidental”.
“En resumen, el documento es faccioso e incompleto, más destinado a establecer un control territorial sobre los países vecinos y a marcar un límite a otras potencias respecto al llamado ‘Hemisferio Occidental’”, concluyó.
El nuevo momento bilateral
La nueva doctrina antidrogas de Washington coincide con un endurecimiento general de la política exterior de Trump hacia México, en medio de presiones por migración, seguridad fronteriza y revisión del T-MEC.
En ese contexto, la estrategia presentada por Sara Carter parece marcar el inicio de una etapa distinta en la relación bilateral: una en la que el narcotráfico deja de ser únicamente un problema criminal para convertirse en un argumento de seguridad nacional, presión diplomática y disputa geopolítica regional.
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