La vía corta sigue siendo una trampa mortal: nadie detiene a los criminales

La carretera vía corta entre Chihuahua y Parral, un sueño largamente acariciado por los habitantes del sur del estado, se ha convertido en una pesadilla para quienes viven en sus alrededores.

Sobre todo, para los conductores que, sin imaginar el peligro que los acecha, deciden tomar ese rumbo que no siempre los lleva al destino deseado.

Desde hace años, un grupo delictivo opera de forma permanente en ese tramo para asaltar a automovilistas, especialmente a quienes conducen camionetas de doble cabina o tipo van, todas de modelo reciente.

En eso se convirtió uno de los proyectos carreteros más ambiciosos de los gobiernos anteriores.

En la segunda mitad de la década de 1980, el Gobierno del Estado de Chihuahua inició las obras para concluir la carretera que acortaría la ruta entre Parral y la capital, y también hacia la frontera norte.

En ese entonces, aquello sonaba como un sueño hecho realidad: llegar a Chihuahua en dos horas y media tras recorrer 225 kilómetros, sin pagar casetas.

La otra opción era recorrer 305 kilómetros —de Parral a Jiménez y de ahí a Chihuahua— en tres horas con quince minutos.

El ahorro de tiempo era atractivo, pero más aún el económico, pues evitar la autopista significaba librarse del pago de tres casetas de peaje que, a precios actuales, ascenderían a 298 pesos por viaje, o 596 pesos en un recorrido redondo.

Ahorro en peajes y en gasolina, una hora menos de camino y la oportunidad de conocer paisajes poco transitados. Sonaba perfecto… pero no lo fue.

Después de escuchar las experiencias de más de 50 automovilistas y sus familias solo entre 2024 y lo que va de 2025, la ruta “corta” no unió una ciudad con otra, sino a las víctimas con sus victimarios.

Los 600 pesos ahorrados en casetas se vuelven centavos frente al terror que hoy se vive en la carretera Parral-Chihuahua.

Problema añejo que arreció en 2024

Aunque los asaltos en la vía corta son historia añeja, la problemática se acentuó en 2024, según los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante ese año y meses, la carretera vía corta Chihuahua–Parral fue sinónimo de miedo. Familias completas que regresaban de vacaciones, viajeros que venían de Estados Unidos o personas que transitaban entre comunidades rurales fueron interceptados en la oscuridad por grupos fuertemente armados que robaban sus camionetas y los abandonaban en el monte, maniatados con las agujetas de sus propios zapatos.

“Comenzamos a notar que los robos ocurrían dos veces por semana, casi siempre de noche o madrugada. Los asaltantes actuaban igual: vehículos recientes, pick-ups, preferentemente con placas de Estados Unidos”, relata Marisa Yahaira Domínguez Núñez, coordinadora de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía de la Zona Centro.

La funcionaria recuerda que a mediados de 2024 el número de asaltos se disparó. “Iban encapuchados, con ropa táctica y armas largas. Primero obligaban a bajar a las víctimas, pero después empezaron a subirlas a las camionetas para abandonarlas kilómetros adelante. Fue cuando vimos que la violencia iba en aumento”.

Los asaltantes se movían con precisión. De acuerdo con las investigaciones, llevaban los vehículos robados hacia sitios conocidos como San José del Sitio y Valerio, en el municipio de Satevó, puntos estratégicos para internarse por brechas y desaparecer sin dejar rastro.

Familias enteras bajo amenaza

Entre las víctimas había niños, adultos mayores y viajeros provenientes de Estados Unidos. “Les quitaban todo: teléfonos, equipaje, credenciales, visas. Por eso muchos tenían miedo de denunciar, sentían que los podían localizar”, cuenta Domínguez.

Ante el aumento de casos, la Fiscalía formó un grupo especial de atención, no solo para investigar los robos, sino para acompañar a las víctimas. “Les dimos atención psicológica, jurídica y apoyo para recuperar documentos. Incluso alojamiento y traslado, porque muchos ya no querían regresar por carretera”.

• El cerco que devolvió la calma

Con apoyo de la Guardia Nacional, Sedena y policías municipales, la Fiscalía implementó operativos conjuntos desde Chihuahua y Parral. Un total de 179 efectivos de todas las corporaciones posibles, desplegados en la zona, auxiliados con drones y el vuelo de un helicóptero.

Las cámaras del sistema Centinela resultaron clave para rastrear rutas y ubicar los vehículos implicados.

“En el último operativo revisamos cerca de 90 unidades; logramos identificar cinco pick-ups relacionadas con los asaltos. También aseguramos varios vehículos robados y cateamos puntos sospechosos”, señala la funcionaria.

Aunque los ataques disminuyeron durante varios meses, el pasado 9 de noviembre se registró un nuevo caso: diez viajeros que regresaban de Mazatlán fueron interceptados por ocho hombres armados con rifles y equipo táctico. “Afortunadamente, esta vez hubo una respuesta inmediata. La policía municipal de Satevó acudió enseguida y logramos seguir el caso por cámaras”, explicó.

“Siguen necesitando vehículos”

Domínguez Núñez considera que el repunte reciente obedece a la falta de unidades para el crimen organizado. “Se han asegurado decenas de vehículos en operativos, lo que afecta su capacidad de movilidad. Por eso vuelven a salir a buscarlos”, dice.

Hasta el momento, la Unidad de Robo de Vehículos tiene carpetas agrupadas por modus operandi, con información cruzada que ha permitido establecer líneas de investigación sólidas. “Hemos logrado mantener varios meses con saldo blanco, pero nuestro objetivo es que no vuelva a ocurrir ningún robo”, concluye.