El Congreso del Estado aprobó este miércoles la legislación con la cual se celebrará el proceso para votar a las personas que ocuparán los 305 cargos que estarán en disputa en la inédita elección judicial del 1 de junio próximo.
Serán 30 magistraturas, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina y 270 jueces de primera instancia y menores las que resultarán electos del proceso que se celebrará con base en la recién aprobada Ley Electoral Reglamentaria –de los artículos 99, 100, 101, 102 y 103 de la Constitución– para Elegir Personas Juzgadoras del Estado de Chihuahua.
Dicha ley se compone de 146 artículos, y fue producto de una serie de consultas y debates en el interior de la Comisión de Gobernación, sobre la base de una propuesta presentada por el diputado José Alfredo Chávez Madrid, coordinador parlamentario del PAN.
Entre otros aspectos, la legislación recién aprobada introdujo los candados necesarios para que no accedan a cargos del Poder Judicial, personas registradas como deudoras alimentarias morosas y quienes hayan ejercido violencia política de género.
Tampoco podrán participar personas que hayan sido inhabilitadas para ejercer en el servicio público; además se integraron disposiciones para regular la propaganda y regular los actos anticipados de campaña.
El proceso electoral será casi idéntico al que se pone en práctica para elegir gobernantes o legisladores tanto en el ámbito local como en el federal.
Al igual que en esos comicios, habrá reglamentación de campañas y veda electoral tres días antes del proceso electoral, a fin de brindar un sano espacio para la reflexión de las personas electoras.
La aprobación de esa ley se celebró durante el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones de la 68ª Legislatura del Congreso de Chihuahua.
El propio coordinador panista expresó que todavía faltan por resolver algunos temas, como el de la representación de casillas, gastos de campaña y promoción de candidatos.
Chávez Madrid reiteró que la postura de su partido, tanto a nivel local como nacional, fue de oponerse a dicha reforma mediante la cual los integrantes del Poder Judicial deberán ser electos mediante el voto popular.
Sin embargo, una vez que se le dio validez tanto en las Cámaras de Diputados y Senadores como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su partido se dio a la tarea de construir el marco jurídico necesario para celebrar ese proceso.
Asimismo, propuso que la Fiscalía General del Estado y las instancias de seguridad locales garanticen la protección de juzgadores actuales y entrantes.
De las personas que podrán contender en esa elección, los tres poderes del estado ya integraron a su respectivo Comité de Evaluación para la selección de personas estarían en condiciones de inscribirse y buscar el voto popular para ser juzgadores del sistema judicial estatal.
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