En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, la asociación civil Transparencia Mexicana, dio a conocer un estudio que revela la ínfima cantidad de sanciones que se han aplicado por actos irregulares de parte de funcionarios de gobierno.
A lo largo de siete años, y en todo el país, los tribunales administrativos han emitido apenas 488 resoluciones, a razón de 69 por año, o menos de 5 por mes.
De todos esos procedimientos, solo 281 han derivado en sanciones, lo que se traduce en un promedio de 40 sanciones por año desde que entró en vigor la Ley de Responsabilidades.
El estudio, elaborado en colaboración con la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, fue presentado este fin de semana en las oficinas de Transparencia Mexicana en la Ciudad de México, ante titulares y representantes de los órganos fiscalizadores del país.
En dicha reunión, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix, afirmó que la baja obtención de sanciones condenatorias en vía administrativa es parte un reflejo de los defectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en 2017.
Dicho marco normativo ha complicado la aplicación de sanciones en una gran cantidad de casos en los que se identifican conductas deshonestas de los servidores públicos en el ejercicio del gasto público pero que no están previstas como faltas en la Ley.
Durante su participación en el citado evento, expuso que Chihuahua se encuentra dentro de los 5 órganos fiscalizadores con mejores resultados en efectividad, tomando como base las sanciones obtenidas en los tribunales administrativos.
La Auditoría Superior de la Federación y las auditorías de México, Nayarit, Zacatecas, Chihuahua y Chiapas concentran la mayor parte de las sentencias con sanción emitidas por los tribunales administrativos.
En México hay 33 órganos fiscalizadores, 32 estatales y la Auditoría Superior de la Federación, los cuales revisan año con año las cuentas públicas de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, los tres poderes y los órganos con autonomía constitucional.
El radio presupuestal que revisan asciende a los 9 billones de pesos al año, a lo que habría que agregar los recursos propios que ejercen las entidades federativas.
Otro de los aspectos abordados fueron las diversas formas de fiscalización del gasto público, pues cada estado de la República tiene plazos y formas distintas derivadas de sus propias leyes locales.
A partir de 2017, lo órganos de fiscalización fueron dotados de facultades para no solo auditar, sino también presentar denuncias administrativas ante los tribunales de justicia administrativa por faltas graves.
Antes de ese año, los resultados de auditorías a las cuentas públicas eran enviados para su atención a los órganos internos de control de cada institución auditada sin hacer distinción entre faltas graves y no graves.
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