El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tuvo que pagar en algunas zonas del país al crimen organizado, para que su personal tuviera acceso para levantar las encuestas del Censo Agropecuario 2022, denunció Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Además, quienes se dedican a actividades ilícitas ponen las condiciones para que el organismo realice su trabajo, entre las que se encuentran: no contratar a cualquier persona, sino sólo aquella que sea conocida por la población y los integrantes del crimen organizado, en los lugares donde se realizará la encuesta.
“Hay muy diversas estrategias, desde en algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar, hasta contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la localidad o de la zona donde se está censando y que además sea conocida de esa gente, quienes podrían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia. Y con eso, pues, la verdad la entrada a todos los lugares es muy sencilla”, explicó.
La funcionaria contó que también fue secuestrado por varios días uno de sus empleados, por el crimen organizado, pero después de los pagos, ya no volvió a ocurrir.
“Sí tuvimos algunos tropiezos, algunos eventos, el primer día tuvimos a una persona, así como secuestrada, y duró varios días así, pero después de eso ya no tuvimos más, la verdad es que la experiencia del INEGI nos salva de mucho de eso”, explicó.
En la reunión con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que la inseguridad fue el principal problema para levantar la Encuesta Agropecuaria, que llevaba 15 sin realizarse.
“Uno de los obstáculos tiene que ver con la inseguridad que encontramos en varias zonas del país, que no es nueva, que todos conocemos y que en las zonas rurales es un poco más evidente”, aseveró Pérez Cadena.
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