Hoy la Diputada de Acción Nacional, Rocío Sarmiento, presentó iniciativa con el propósito de derogar los decretos con fecha de 11 de abril y 25 de mayo de 1849, así como el del 31 de julio de 1880 en lo correspondiente a la Ley 4ª. de la Sección de Milicia y Guerra, a través de los cuales se faculta al Gobierno del Estado de Chihuahua a contratar voluntarios nacionales y extranjeros para hacer la guerra contra los llamados “indios bárbaros”, fijando cuotas por indio muerto o prisionero.
La conocida como Ley de Cabelleras, o como Contratas de Sangre, fue una ley que durante la segunda mitad del siglo XIX tuvo su más amplia aplicación en la guerra que libraron el pueblo mexicano y el pueblo apache, o n´dee/n´nee/n´dé.
Durante su exposición de motivos, la legisladora explicó la historia que se ha escrito alrededor del pueblo a quienes la cultura popular ha registrado con el nombre de apaches a raíz de los diversos documentos por los que se conoce su historia, y cuyo término, que significa “enemigos”, les fue asignado por los españoles a partir de su señalamiento por tribus contrarias a ellos.
Añadió que, hacia el último cuarto del siglo XVIII, aproximadamente en 1780, es cuando se encuentra la primera evidencia de que los gobiernos del norte tomaron la drástica medida de poner precio a los apaches, ofreciendo la cantidad de cien pesos por la cabeza de cada uno que se matara o que se lograra capturar.
En Chihuahua, la Junta de Guerra había pretendido imponer precios sobre las cabelleras de indios muertos en acción de guerra, pero el Consejo de Gobierno desaprobó la medida por considerarla inmoral.
A pesar de las intensas presiones sociales, el Gobierno aún esperaba que las acciones de pacificación, o que la defensa de los pobladores con el apoyo de las milicias locales, pudieran ser más exitosas que los contratos con mercenarios cazadores de cabelleras. Añadió Sarmiento.
Mencionó que el 11 de abril y el 25 de mayo de 1849 el Congreso del Estado de Chihuahua emitió dos decretos como complemento uno del otro, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado.
“A través de esas disposiciones, el Congreso del Estado de Chihuahua facultó al Gobierno para que pueda hacer la guerra contratando voluntarios, sean estos nacionales o extranjeros, y fija la cantidad de 200 pesos para pagar por cada indio de armas muerto, 250 por cada prisionero de esta clase, así como 150 pesos por cada india de cualquier edad o indio menor de catorce años presos”, complementó la legisladora panista.
Rocío Sarmiento expresó que lo más cercano a la intención de reivindicar los actos del gobierno contra los apaches a través de la Ley de Cabelleras o las Contratas de Sangre, fue la firma de la Reconciliación de La Paz entre el pueblo apache y el Gobierno de Chihuahua realizada en el año 2000, la cual ha sido documentada por fuentes periodísticas nacionales y locales, y promovida por la Asociación Civil, Proyecto Chihuahua Apache.
Por último, la legisladora destacó que: “El alcance de nuestra propuesta, tiene un alto significado social, humano, constitucional y legal, compromete nuestros valores y nuestra ética como legisladores y, al derogar la Ley de Cabelleras, nos permite dejar huella en la historia parlamentaria de Chihuahua al cumplir con nuestra obligación política y humanitaria, pero lo que es más importante, nos permite saldar la deuda ancestral con el pueblo apache, o n´dee/n´nee/ndé”.
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