La reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado, que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas y privadas de Chihuahua, generó el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la mañanera del 8 de octubre, la mandataria fue cuestionada sobre la reforma aprobada el pasado martes en el Congreso del Estado, según la cual, queda prohibido el lenguaje inclusivo.
“No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo”, respondió.
La reforma al artículo 8º de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua motivó críticas de legisladoras de oposición y de organizaciones defensoras de derechos humanos, que la calificaron como un retroceso en materia de igualdad y libertad de expresión.
Dicha reforma tiene por objeto que las autoridades escolares fomenten el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español en todos los niveles educativos.
La diputada Jael Argüelles, de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad, votó en contra del dictamen impulsado por el diputado panista Carlos Olson San Vicente, al considerar que busca “imponer una visión conservadora del lenguaje” y excluir a grupos históricamente discriminados.
“El lenguaje es un sistema vivo y evolutivo, que cambia para nombrar nuevas realidades e identidades. Imponer criterios rígidos significa invisibilizar la lucha de las mujeres, de las infancias y de la comunidad LGBTTTIQ+. Defender el lenguaje inclusivo es defender el derecho a existir y a nombrarnos en igualdad”, expresó la legisladora desde tribuna.
Argüelles recordó que el artículo 3º constitucional establece que la educación debe ser inclusiva y respetar las necesidades y circunstancias de todos los estudiantes, incluyendo las formas de expresión. Añadió que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido la importancia del lenguaje incluyente como una herramienta para visibilizar a grupos marginados.
Organizaciones civiles, como la Alianza por la Defensa del Estado Laico y colectivos feministas locales, también manifestaron su rechazo a la reforma, advirtiendo que “criminaliza la diversidad lingüística y cultural” y contradice las políticas federales de inclusión y no discriminación.
El decreto, aprobado con 17 votos a favor y 14 en contra, modifica el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación para establecer que las autoridades deberán “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”.
De acuerdo con legisladores del PAN, el propósito es “preservar la unidad del idioma y evitar su distorsión en el ámbito educativo”. Sin embargo, para la oposición, el cambio tiene un trasfondo ideológico y forma parte de una “agenda conservadora” que busca limitar los derechos lingüísticos y de identidad.
“Si cuidaran las vidas de las niñas, de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual con el mismo empeño con el que defienden paredes y palabras, otra realidad tendríamos”, sostuvo Argüelles.
El tema ha generado debate en redes sociales y en medios nacionales, luego de que el diputado Olson celebrara en su cuenta de X que “Chihuahua es el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas”, declaración que desató una oleada de críticas y cuestionamientos por parte de activistas, académicos y colectivos feministas.
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