Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que un aumento en el delito de extorsión en todo el país, el cual afecta el patrimonio y seguridad de la población.
Al defender la propuesta presidencial de que la extorsión sea considerada delito grave para impedir que los delincuentes obtengan su libertad fácilmente “como actualmente ocurre”, la secretaria ejemplificó el alza en este delito al señalar que enero de este año en comparado al mismo mes de 2023 hubo un aumento del 7.7%.
“Actualmente en el país se registra un incremento en el número de extorsiones. Un delito que lastima a la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad. Durante enero de este año se tuvo por ejemplo un aumento del 7.7% en la comisión de este delito, en comparación con el mismo mes de 2023 según cifras del secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dijo.
En Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez detalló que la iniciativa de ley para que la extorsión sea considerada delito grave o de alto impacto e impedir que los delincuentes sean puesto en libertad con facilidad como actualmente ocurre.
“El proyecto considera diferentes modalidades de extorsión que nosotros escuchamos a diario por parte de las víctimas, como el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, los llamados `montachoques´, los ´montadeudas´, la exigencia bancaria, el cobro de piso, los monopolios en la distribución de diferentes productos”; afirmó.
La titular de Seguridad indicó que hay estructuras delictivas por lo que también se busca además de la modificación de la Constitución, una reforma a la ley contra la delincuencia organizada para incorporar ahí mismo el delito de extorsión lo que permitirá desmantelar y llevar a proceso a los grupos delictivos que se organizan para cometer estos ilícitos.
“Asimismo, se prevé sancionar conductas específicas como el engaño telefónico o las ofertas de premios, que si bien no son propiamente extorsivas, se encuentran vinculadas en este delito. Se pretende también unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas”, dijo.
Rosa Icela Rodríguez confió que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión serán sensibles a esta iniciativa que busca, afirmó, el bienestar y la protección de la población.
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