amenaza

La Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México emitieron la noche del lunes 24 de agosto una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California.

Debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno estadounidense en esa ciudad y los viajes oficiales de su personal hacia ella quedaron suspendidos para el martes 25 de agosto.

El aviso, publicado en el sitio oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, señala: “Debido a información de amenaza, las actividades del gobierno de EE.UU. en Mexicali y los viajes a dicha ciudad han sido suspendidos el 25 de agosto. Estamos alertando a los ciudadanos estadounidenses sobre esta amenaza potencial”.

No se precisó la naturaleza, origen ni ubicación específica de la amenaza.

Las recomendaciones para ciudadanos de Estados Unidos presentes o que planeen estar en Mexicali son:

Evitar edificios gubernamentales.
Buscar refugio en caso de un incidente.
Notificar a familiares y amigos sobre su seguridad si ocurre alguna situación.
Seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas.
Monitorear los medios locales.
Mantenerse atentos al entorno.

Baja California se encuentra en Nivel 3 del aviso de viaje del Departamento de Estado (“reconsiderar el viaje” por crimen y secuestro). Autoridades estatales informaron que se refuerzan los operativos de seguridad y la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales. Hasta la mañana del 25 de agosto no se habían reportado incidentes relacionados con la alerta.

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, realizaban un recorrido preventivo por calles del fraccionamiento Jardines de Oriente, cuando observaron a dos hombres discutiendo acaloradamente en la vía pública

Al percatarse de la presencia de la unidad de la DSPM, uno de ellos le hizo señas a los elementos para que se acercara, encontrando a dichos masculinos en el cruce de la calle avenida Quinta Real y Parque San Roque del mencionado fraccionamiento.

Al aproximarse los elementos, uno de los hombres de vestimenta pantalonera azul y playera negra ingresó a un domicilio sobre la calle Parque San Roque, por lo que se entrevistaron con el otro masculino quien se identificó como Antonio G.C., manifestando que al ir caminando, un hombre lo abordó agresivamente, por lo que iniciaron un altercado saliendo a relucir un arma de fuego tipo revolver, con la cual le apuntó.

Uno de los vecinos del sector manifestó a los agentes de la DSPM haberse percatado de la situación, así como observar que la persona de vestimenta oscura ingresó al domicilio con un arma de fuego, identificándolo Jorge Manuel M. R. de 38 años, autorizándoles el acceso a los elementos al domicilio para su detención.

El hombre fue asegurado, y trasladado al Centro de Detención Municipal zona sur, para su registro y posterior consignación a Fiscalía Zona Centro.

El presente documento es meramente informativo y será, en su momento, la autoridad correspondiente la que finalmente determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.

Personas de origen rarámuri eran obligadas a trabajar en condiciones inhumanas en la Sierra, hasta que uno de ellos escapó y llevó a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos a integrar un caso por el delito de trata de personas con penalidad agravada en la modalidad de trabajo forzado.

La Fiscalía Especializada ejerció acción penal en contra de dos integrantes del grupo que obligaba a realizar trabajos a cuatro adultos y un adolescente de la etnia rarámuri.

Henri Jovany V. B., alias “El Chiapas” y Domingo V. B., alias “El Mingo” quedaron vinculados a proceso por el delito de trata de personas con penalidad agravada en la modalidad de trabajo forzado, informó la Fiscalía General del Estado.

Ambos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Los ahora vinculados formaban parte de un grupo estructurado que ejercía tratos inhumanos con las víctimas, a quienes amenazaban de muerte y castigaban físicamente si en algún momento intentaban huir del lugar.

De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación, el 13 de febrero de 2022, una de las víctimas logró huir e informar a la autoridad sobre la situación, y a partir de ese momento personal de la Fiscalía Especializada inició con las intervenciones ministeriales para esclarecer el caso.

A través de una serie de investigaciones, conducidas por la Unidad de Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Tortura, se documentó la participación de los imputados.

De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas presentadas ante un Tribunal de Control del municipio de Guerrero, demuestran que los imputados atraían a las víctimas por medio de falsas promesas de trabajo, ofreciendo un pago diario de entre 200 y 300 pesos por acudir a colocar postes en la localidad de Yoquivo, municipio de Ocampo.

Una vez que los atraían, los trasladaban del lugar conocido como Lago de Las Garzas, en la población de Guachochi, a los campamentos en donde les quitaban sus pertenencias y los obligaban a trabajar por más de 12 horas diarias, todos los días de la semana.

El Ministerio Público acreditó la violación grave a los Derechos Humanos de las Víctimas, al aprovecharse de su vulnerabilidad por la falta de trabajo que existe en la región.

El Juez de Control resolvió que existen suficientes elementos para sujetar a proceso penal a los involucrados bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso.

No se ha detectado un riesgo real en contra del exgobernador César Horacio D.J., dijo Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El funcionario fue cuestionado por la situación del exmandatario recluido en el penal de Aquiles Serdán, luego de que en audiencia judicial declarará que existía un plan por parte de Javier Corral para que se le asesinara en prisión.

“Nosotros no hemos detectado algo como tal, algo que ponga en riesgo la estabilidad y la seguridad de las personas privadas de la libertad”, respondió Loya.

Señaló que él no habla de alguien en específico, sino de todas las personas privadas de su libertad (PPL).

Aseguró que desde que se tomó control por parte de la dependencia a su cargo no se ha detectado esta situación. A partir del 30 de enero los penales pasaron de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).