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Guadalupe, Nuevo León – Una historia que inició con el descubrimiento de una infidelidad terminó en detención por extorsión y amenazas.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) capturaron a Diana “N”, de 39 años, el pasado 19 de marzo de 2026, acusada de exigir 300 mil pesos a cambio de no difundir un video de contenido sexual que involucra a su esposo y a la maestra de gimnasia de su hija.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la ahora detenida localizó en el teléfono celular de su pareja, identificado como Daniel “N”, una grabación íntima realizada hace dos años con una cámara oculta.

En el material audiovisual aparece su esposo manteniendo relaciones sexuales con Fabiola, quien imparte clases de gimnasia a la hija menor de ambos.

En lugar de confrontar directamente a su cónyuge, Diana “N” contactó a la víctima mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, amenazándola con difundir el video en redes sociales y exponer públicamente la situación.

Entre las amenazas, le advirtió que acudiría a la academia de gimnasia con un megáfono para revelar el romance si no recibía los 300 mil pesos en un plazo de 24 horas.

La situación escaló cuando el esposo de Fabiola también recibió el material y la amenazó con quitarle a sus hijos, lo que motivó a la denunciante a presentar una querella formal por extorsión y violación a su intimidad sexual, al haber sido grabada sin su consentimiento.

Con base en la denuncia, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada el 19 de marzo en el bulevar Acapulco, entre las calles Los Cristales y Melchor Ocampo, en el municipio de Guadalupe.

Tras su detención, Diana “N” fue trasladada e ingresada a un Centro de Reinserción Social Femenil, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

(mr)

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso contra Florencio Pablo A. L., acusado de los delitos de violencia familiar y privación de la libertad personal en agravio de su propio padre, un adulto mayor.

El juez de control determinó que existen suficientes elementos para proceder, imponiendo al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y otorgando a la Fiscalía un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Los hechos que motivaron la causa penal 34/2026 se registraron el 9 de diciembre de 2025 en un domicilio ubicado en la calle Primero de Mayo, colonia CDP, en la capital del estado.

Según la carpeta de investigación integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia, el imputado inició una violenta escena al destruir muebles y objetos del hogar frente a su padre.

En el clímax de la agresión, Florencio Pablo A. L. tomó dos cuchillos grandes, los colocó sobre el vientre de la víctima y lo amenazó con clavárselos, generando un riesgo inminente para su integridad física y emocional.

Posteriormente, privó de su libertad al adulto mayor al encerrarlo en una habitación: cerró la puerta con llave y bloqueó la salida colocando un sillón y un mueble pesado, impidiéndole salir durante aproximadamente dos horas.

Una vez que la víctima logró denunciar los hechos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión que permitió la detención del imputado.

Tras formularse la imputación correspondiente, se llevó a cabo la audiencia inicial y su continuación el martes 17 de marzo de 2026, donde el Juez de Control analizó los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público y resolvió la situación jurídica del acusado.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia intrafamiliar a través de los canales oficiales.

A partir de este domingo, las penalidades contra personas que trabajen en el sector público que incurran en un acto que sea o parezca amenaza, se las verán más difíciles con la justicia.

El Periódico Oficial del Estado publicó este sábado la reforma al Artículo 204 del Código Penal, el cual se refiere específicamente al delito de amenazas.

En su texto previo a la reforma publicada el sábado, el código establece que quien comete esa falta o quien amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, será sancionado.

A quien profiera ese tipo de amenazas, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de noventa a trescientos sesenta días multa.

Sin embargo, si las amenazas son dirigidas a personas menores de dieciocho años o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, se les agregarían dos terceras partes de la penalidad.

Es decir, que si la sentencia era por 5 años, si entra en los supuestos antes mencionados, se le incrementaría con 3 años y 3 meses más.

Con la reforma aprobada por el Congreso del Estado, y que entrará en vigor mañana, domingo 2 de febrero, el aumento de la pena se le aplicará también a funcionarias o funcionarios públicos que incurran en ese delito.

La amenaza es uno de los delitos de mayor incidencia en el estado de Chihuahua, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el 2024, se registraron 3 mil 864 casos de ese tipo penal, según la dependencia antes citada, cantidad que podría incrementarse tras la puesta en vigor de la reforma que agrava el castigo a quien lo cometa desde la función pública.

La Unidad de Delitos de Extorsión obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Humberto M. G., por los delitos de fraude, falsificación o alteración y uso indebido de documentos, amenazas y asociación delictuosa.

Le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso, toda vez que quedó acreditada su probable participación en dos hechos delictivos, informó la Fiscalía en Operaciones Estratégicas, en un comunicado.

El imputado realizaba simulación de contratos de compraventa y/o permutas de vehículos de los cuales no tenía la propiedad, en detrimento patrimonial por la cantidad de un millón ochenta mil pesos en contra de una víctima, así como de un millón setenta mil pesos en perjuicio de una segunda víctima.

Lo anterior ya que el imputado y otros sujetos pactaban el intercambio de vehículos, exhibiendo y entregando facturas apócrifas a sus víctimas. Además, actuaban como una asociación criminal, ya que también las amenazaba para que no procedieran legalmente contra ellos.

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