Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes aseguró que el Ejército mexicano se “movilizó de diferentes maneras” durante la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, contrario a lo que manifestó en diversas entrevistas.

Al presentar un análisis de telefonía durante la noche del 26 de septiembre de 2014, como parte de su sexto informe, Angela Buitrago y Carlos Beristain expusieron los movimientos que los elementos realizaron en esa ocasión, así como las horas en las que lo hicieron en el municipio de Iguala, Guerrero.

Buitrago aseguró que los militares tuvieron comunicación con el C4 de Iguala en diferentes momentos, además de que estuvieron en el Palacio de Justicia de la localidad.

“Niegan los monitoreos, pero encontramos 16 documentos que hacen referencia a los movimientos”, señaló.

En su oportunidad, Carlos Beristain afirmó que el análisis de las comunicaciones telefónicas en las horas críticas de la desaparición muestra cómo se movieron algunos actores de la Sedena, incluidos elementos de inteligencia.

“Con datos de telefonía, se muestra la movilización y la intensidad de las comunicaciones que contrasta con las declaraciones que se presentaron”, indicó.

Y añadió: “La actuación del Ejército se explica por su colusión con el crimen organizado y por una visión contrainsurgente que estigmatiza a los jóvenes”.

Beristain señaló que el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha ocultado su participación en el caso, pese a que en diversos videos se descubrió su participación en interrogatorios.

Una jueza federal dictó auto de formal prisión contra el exmilitar Francisco Narváez Pérez, detenido la semana pasada en la ciudad de Querétaro por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, relacionado con el caso Ayotzinapa.

La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, calificó de suficientes los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar al exintegrante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, por dicho delito, considerado grave.

Así, Narváez Pérez seguirá proceso en el Campo Militar Número 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el tiempo que dure el proceso judicial que se les sigue a él y otros 10 militares presos por el caso Ayotzinapa.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) le cumplimentaron al exsoldado raso una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, por lo que fue recluido en la prisión del Campo Militar 1-A.

De acuerdo con autoridades, Narváez Pérez causó baja de la Secretaría de la Defensa Nacional en octubre de 2015, un año después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Se trata del décimo militar detenido por la Fiscalía General de la República luego de que en junio la jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca libró 16 órdenes de captura contra militares del 27 y 41 Batallones de Infantería de Iguala, presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa.

Cabe recordar que Francisco Narváez Pérez fue detenido en la colonia Centro de la capital de Querétaro; vestía pantalón de mezclilla y playera de color negro al momento de ser interceptado por los agentes ministeriales.

También permanece detenido el excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, general retirado Rafael Hernández Nieto, el segundo militar de más alto rango privado de la libertad por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

De esta manera, todavía faltan seis elementos más por ser detenidos y suman un total de 14 militares presos en el Campo Militar 1-A por el caso Ayotzinapa, incluyendo al general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

A dos meses de que se cumplan nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que la investigación va por buen camino y “va a haber resultados”.

En entrevista al llegar a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador, el subsecretario adelantó que el 26 de julio sostendrá una reunión con los familiares de los jóvenes para informarles de los avances de las investigaciones.

“El día 26 es nuestra reunión, es el seguimiento de las investigaciones”, dijo.

Indicó que la detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) al general retirado Rafael Hernández Nieto, el segundo militar de alto rango presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 es parte de las órdenes de aprehensión que libró la FGR y que se están cumpliendo.

“¿Pero vamos por buen camino?”, se le cuestionó.

“Va por muy buen camino la investigación, estamos en un buen momento. Va a haber resultados”, respondió.

En la audiencia del fin de semana, en la que se vinculó a proceso al exjefe antisecuestros de la extinta PGR, Gualberto Ramírez, por el caso Ayotzinapa, Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo” o “El Terco”, presunto “sicario” de Guerreros Unidos, pidió que ya no se refieran a él con los apodos mencionados y como responsable de la desaparición de los normalistas.

Resguardado por agentes de la FGR, Rodríguez Salgado se presentó el sábado a la diligencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en calidad de principal testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), víctima de desaparición forzada y tortura para construir la Verdad Histórica del caso Ayotzinapa.

Sin embargo, el juez de control Juan José Hernández Leyva impidió su participación en la audiencia, al advertir a los fiscales que su presencia lo desecharía como testigo útil en las siguientes etapas procesales contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, a quien acusa de tortura y desaparición durante su detención.

Ante la advertencia, los fiscales y la asesora victimal determinaron que “El Cepillo” no participaría en la diligencia, en la que pidió hacer uso de la palabra antes de retirarse de la sala alterna en la que se encontraba, lo que fue negado por el juez de control.

Sin embargo, a través de su abogada, Felipe Rodríguez Salgado afirmó que ya fue absuelto por un tribunal y que estuvo preso cuatro años por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

“Pide que se respete su derecho a la presunción de inocencia, ha sido absuelto de cualquier responsabilidad. No hay una sola prueba que haya quedado subsistente, todas se obtuvieron sobre tortura”, dijo a través de su abogada. Solicitó no referirse a él como “El Cepillo” o “El Terco”.

Durante la audiencia que concluyó a la medianoche del sábado, los fiscales de la FGR hicieron una férrea defensa de “El Cepillo”, al que denominaron como un “muchacho de 25 años que venía de una región marginada” del estado de Guerrero, que sufrió “brutal tortura” cuando fue detenido en enero de 2015 acusado de participar en la desaparición de los normalistas.