baborigame

Para disuadir la comisión de delitos y mantener la seguridad en esas comunidades, personal que integra las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), realizaron recorridos en la zona de Baborigame.

En los operativos participaron 20 oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en cinco unidades; 12 elementos de la Guardia Nacional (GN) en dos unidades; dos unidades con ocho efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como dos unidades con seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Durante los recorridos no se atendieron mayores incidencias, por lo que se reportó sin novedades relevantes.

Estos operativos coordinados continuarán para mantener la seguridad de los habitantes.

Organizaciones de la sociedad civil detallaron que durante agosto y diciembre de 2023 y el 3 y 4 de enero del 2024, acudieron a Guadalupe y Calvo para brindar ayuda humanitaria y prevenir el desplazamiento forzado de familias y comunidades Ódames de la región.

El pasado 7 de junio, un grupo de alrededor de 60 personas de la comunidad Ódame La Sierrita, fueron víctimas de desplazamiento, debido al clima de inseguridad con la tala ilegal y la presencia de grupos armados.

La Sierrita cubre varios ranchos y se sustenta principalmente con el autoconsumo, donde las familias desplazadas tenían ganado, chivas, gallinas, mulas y sobre todo plantíos de vegetales como tomate y calabacitas, maíz, frijol, chícharo y trigo.

Por lo que, la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Colectivo de Prácticas Psicosociales (Coppsac), Servicios para la Paz (SeraPaz), Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Parroquia de Baborigame, realizaron tres visitas a la comunidad de Mala Noche, para brindar ayuda a quienes se quedaron y evitar la salida de más familias.

No obstante, en enero de 2024, en el poblado de Baborigame, estas mismas organizaciones documentaron los hechos violentos que obligaron de nueva cuenta a más de 150 personas a salir de sus casas, debido a amenazas y al clima de violencia que existe en la zona.

A esto se suma, los datos de la Fiscalía General del Estado con un registro de desplazamiento forzado de 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo, desde el año 2015 y hasta mayo de 2023.

En este sentido, el Cedehm informó que presentó el 11 de diciembre un amparo para brindar alojamiento emergente digno, seguro y con enfoque de pertinencia cultural, contemplando un espacio autónomo, suficiente, dormitorios, baños, condiciones de higiene óptimas, servicios básicos e instalaciones que permitan el desarrollo de actividades recreativas de las familias desplazadas.

Además de pedir alimentación, vestido, abrigo, calzado, educación con enfoque étnico, atención médica digna, respaldo psicológico y jurídico, así como apoyo para obtener una fuente de ingresos que les permita rehacer su vida.

“Es indispensable que las autoridades atiendan a las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, pues al dejar sus hogares y trasladarse a las ciudades las condiciones en las que viven no son favorables para su calidad de vida”, expresaron a través de sus redes sociales.

Por último, hicieron un llamado a las autoridades estatales para la instalación de un resguardo con personal de seguridad permanente en la región, para que las comunidades puedan retornar a sus hogares.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, se sumó a la petición emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar un refuerzo por parte del Gobierno Federal, en la vigilancia de la región de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior, debido a que los habitantes de la región viven constantemente con el temor de los grupos armados, ya que comentan que por las noches escuchan detonaciones de armas de fuego, e incluso aseguran haber visto drones por encima de sus comunidades, así como vehículos con personas armadas.

Esto se suma a los constantes llamados de apoyo por la comunidad, en la que informan de personas privadas de su libertad por civiles armados, pues tan solo del 15 al 19 de diciembre, reportan a cuatro jóvenes como desaparecidos en la región. Además, los habitantes denuncian un constante temor por ser desplazados de manera forzada por parte de grupos criminales.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como la FGE han mantenido un despliegue operativo importante, sin embargo, es de suma necesidad la presencia y participación del Gobierno Federal en la región, como lo demanda en una carta de la Diócesis de la Tarahumara dirigida a la Secretaría de Gobernación.

En dicha misiva, a la que se ha sumado el Secretario Gilberto Loya, las autoridades chihuahuenses solicitan al Gobierno Federal:

1.⁠ ⁠Se lleven a cabo operativos permanentes, y no solo operativos esporádicos ni pasajeros.

2.⁠ ⁠Urgentemente se localicen a los jóvenes que reportan privados de su libertad

3.⁠ ⁠Se instale una mesa de seguridad en Baborigame con autoridades, pobladores y asociaciones civiles.

En esta petición, firman: Mons. Juan Manuel González S., obispo de Tarahumara; Pbro. Gabriel Parga Terrazas, párroco de Baborigame; P. Javier Ávila Aguirre, S.J. presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Diana Villalobos Díaz, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.; Rosa Icela Rodríguez Velásquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Clara Luz Flores Carrales, secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; César Jáuregui Moreno, Fiscal General de Chihuahua y Norma Ledezma Ortega, titular de la Ceave.

La Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) denunció públicamente que durante el presente mes de junio, cerca de diez localidades en Guadalupe y Calvo han sido tomadas por grupos armados, lo que ha ocasionado que las personas huyan al monte para ocultarse.

La organización expresó su profunda preocupación por los acontecimientos de violencia que se suceden uno a uno en la zona de Baborigame afectando a cientos de personas de los Pueblos Originarios Ódame y Rarámuri.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que la población en esta zona de manera reiterada ha solicitado auxilio a las autoridades ante las amenazas y ataques de grupos armados a las rancherías, que a decir de ellos ha dejado numerosos homicidios, sin que a la fecha se haya dado una respuesta adecuada.

“No solo no se sienten protegidos ante las incursiones de estos grupos, sino que es incomprensible para los afectados que el destacamento de soldados que se encontraba en la localidad de Portezuelos y que pertenece a Badiraguato, el cual, podía prestarles protección, se retiró de la zona”, señalaron.

Por lo anterior, se hizo un llamado a las autoridades para atender a las víctimas de desplazamiento forzado que está viviendo la población serrana conformada por decenas de familias donde la mayoría de los miembros son niños y niñas.

“Urgimos a las autoridades a actuar con prontitud y eficacia a esta situación que pone en peligro la vida y seguridad de incontables personas, no solo pedimos garantías para salvaguardarlos la salida segura cuando es obligado, sino que es impostergable se atienda de fondo la grave violencia en la zona, para que puedan volver a sus hogares y tierras en condiciones de seguridad”, señaló la ONG.

Por lo anterior, pidieron de manera urgente que haya presencia estatal y federal coordinada para pacificar las zonas; ayuda humanitaria en alimentos, salud y vestido.

También solicitaron protección, seguridad, y vivienda para las familias, así como la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y reconocimiento de la calidad de Víctimas.

Finalmente, pidieron resguardo en las comunidades para evitar más desplazamientos y otorgar seguridad para el retorno de las familias.