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Un sujeto identificado como Héctor Manuel T. V., recibió una sentencia de 11 años de prisión por el delito de robo agravado que cometió en el municipio de Aldama

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Aldama, presentaron pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad penal del acusado, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado de prensa.

En un juicio oral se le dictó una condena de 11 años de prisión por el delito que cometió el día 22 de marzo de 2022, en el rancho El Tecolote, ubicado en el municipio de Aldama.

Durante el juicio seguido en su contra, las autoridades ministeriales comprobaron que el ahora sentenciado agredió a su víctima y la sometió con un arma de fuego para despojarla del vehículo, teléfono celular y dinero en efectivo.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación lo detuvieron en el kilómetro 16 del tramo carretero Aldama- Chihuahua con una orden de aprehensión y se procedió penalmente en su contra.

Un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Rayón dictó una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Paúl Ramiro P. P., por el delito de homicidio calificado con ventaja, informó la dependencia en un comunicado de prensa.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente demostró la responsabilidad del ahora sentenciado por la muerte de Saúl Gerardo M. H., en hechos registrados el 17 de febrero del año 2019, en la localidad de Cajurichi, municipio de Ocampo.

Las investigaciones establecieron que Paúl Ramiro P. P., de 42 años de edad, disparó con un arma de fuego de las conocidas como “Cuerno de Chivo” contra la víctima, provocando su muerte instantánea en el exterior de un salón de baile.

El tres de agosto de 2021, elementos de la Agencia Estatal de Investigación notificaron a Paúl Ramiro P. P., la orden de aprehensión y se procedió penalmente en su contra, concluyendo con el fallo condenatorio y la sentencia que purgará en prisión.

El inculpado deberá realizar el pago de 519 mil 580 pesos por concepto de reparación de daño en favor de la familia de la víctima.

En 42 de los 290 Centros de Reinserción Social del país existen actividades ilícitas, insuficiencia de personal de custodia, así como un ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, destaca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria (DNSP) 2022, revela que en esos penales existen deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, falta de reglamentos internos y en algunos casos extorsión y soborno.

Destaca que en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, en Cintalapa, Chiapas, no existen programas para la prevención y atención de incidentes violentos, así como deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a los presos.

El organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra reprobó con calificaciones de entre 4.26 a 5.94 a 12 prisiones que se ubican en Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima, porque no existen condiciones para el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El documento destaca que 13 sistemas penitenciarios obtuvieron calificaciones entre 6.05 a 6.98, correspondientes a la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche.

Detalla que durante 2022 disminuyeron los incidentes violentos en los centros penitenciarios estatales, federales y militares, al pasar de mil 478, en 2021, a mil 302 ocurridos el año pasado.
Estos incidentes fueron riñas, con mil 96 casos en 2022; suicidios, 100; homicidios, 47, y huelgas de hambre, 29. Sin embargo, los homicidios al interior de los penales se incrementaron de 39, en 2021, a 47 en 2022.

En cuanto a la identificación de temas de mayor incidencia, durante las visitas de supervisión realizadas por la CNDH se observó que persiste en los centros carcelarios la necesidad de implementar los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como fortalecer las actividades laborales y de capacitación.

Sobre las prisiones militares, en promedio, las tres visitadas por la comisión obtuvieron una calificación global de 8.38.

La CNDH asegura que las distintas problemáticas que enfrenta gran parte del sistema penitenciario del país, como la sobrepoblación, el autogobierno, el hacinamiento, la insuficiencia del personal de seguridad, la falta de supervisión de las personas titulares, la indebida o ineficiente clasificación de las personas, representan alarmas que requieren atención primordial, que de no observarse continuarán generando graves efectos, que vulneran y ponen en riesgo, no sólo la seguridad de los centros, sino la vida de quienes viven y trabajan en ellos.

En la presentación del referido diagnóstico, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, lamentó que pese a los resultados de los anteriores diagnósticos emitidos por la comisión no se hayan tomado las medidas para generar condiciones dignas y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales, por lo que llamó a las autoridades responsables a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad.

Luego de que la semana pasada se aplazara la audiencia del actor Héctor Parra, por la acusación de corrupción de menores que pesa sobre él, la tarde de este jueves 25 de mayo, el caso siguió su curso.

Poco antes de las 15:30 horas, la abogada del histrión, Samira Ávila, arribó al Reclusorio Oriente, donde Parra permanece detenido desde hace casi dos años.

Antes de ingresar al penal, Ávila adelantó que el proceso no concluiría este jueves; sin embargo, se dijo sumamente confiada en que los resultados serán a favor de su cliente: “Positivos, vamos a concluir el proceso con esta audiencia y una más que podía estar faltando”, dijo en entrevista con El Universal.

Asimismo, detalló que, a diferencia de otras ocasiones, Daniela Parra, hija mayor de Héctor Parra, no estará presente en la audiencia; pero que sí seguirá lo que suceda con su padre. Sin embargo, y tras cinco horas de audiencia, las noticias no fueron buenas para el actor ya que fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión.

A mediados de mayo, el actor Héctor Parra fue absuelto de siete cargos de abuso sexual tras las acusaciones de su hija Alexa Hoffman. Sin embargo, este jueves fue condenado por corrupción de menores.

“Sabemos que esta sentencia no es un punto final, y que aún queda un largo camino por recorrer para lograr la reaparación integral del daño y la reivindicación de la vida de Alexa”, señaló la litigante.

“Asimismo, exhortamos a las autoridades competentes a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y a brindar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de Alexa y su familia”, agregó Olivia Rubio Rodríguez, abogada de Alexa.

De acuerdo al procedimiento judicial, para que se haga efectiva la sentencia aún falta que se realice una audiencia, a celebrarse el próximo 1 de junio a las 17:30 horas, en la que se motivará y fundamentará la decisión del Tribunal.