cárcel

Una sentencia de 320 años de cárcel, se le impuso a Jorge Alberto M. E., alías “El Funerario”, por los delitos de secuestro agravado y homicidio, cometidos en perjuicio de cuatro personas a finales de enero del 2019 en Ciudad Juárez.

También fue condenado a pagar la cantidad de 7 millones 632 mil 332 pesos por concepto de la reparación del daño a favor de los familiares de las cuatro víctimas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en comunicado de prensa que se obtuvo la sentencia debido a las pruebas obtenidas en una investigación de campo y gabinete.

En Juicio Oral, “El Funerario” fue declarado penalmente responsable por su participación en el hecho en el que cuatro hombres fueron privados de la libertad y posteriormente privados de la vida.

Los cuerpos fueron localizados en un predio a la altura del kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Jorge Alberto M. E., fue quien trasladó a las víctimas a bordo de un vehículo tipo Van, hasta una vivienda ubicada en la intersección de las calles Equino y Yeguas de la colonia Granjas San Rafael, en donde fueron victimadas por medio de estrangulamiento y posteriormente, sus cuerpos trasladados hasta el lugar del hallazgo.

Derivado de la investigación, se obtuvo una orden de aprehensión girada por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con la que fue detenido en noviembre del año 2020 por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la ciudad de Chihuahua.

La Fiscalía Zona Norte señaló que el caudal probatorio fue determinante para que el Tribunal de Enjuiciamiento emitiera el fallo condenatorio y la sentencia de cárcel que purgará en el Cereso No.3 de la localidad.

Una pena de prisión de tres a ocho años y multa de 500 hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente es la que plantea en su iniciativa el diputado pevemista Fausto Gallardo García, para quien exhume un cadáver o restos humanos de manera ilegal con fines de enajenación y/o comercialización.

La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, expone que se busca incrementar la sanción punitiva consistente en la privación de la libertad, así como el incremento en la pena pecuniaria, para prever sanciones más rigurosas para quien viole la dignidad post mortem de los cuerpos y restos humanos.

Menciona que en la Ciudad de México, como en otras localidades, existe un mercado negro en el cual se comercia con restos óseos humanos y los responsables de este ilícito obtienen ganancias que oscilan entre los 50 y los 7 mil pesos por un esqueleto entero.

Diversos reportajes, añade, evidencian que la capital del país es la entidad con mayor incidencia de ese ilícito, en los cuales se detalla la gravedad y recurrencia de los casos.

“Quienes cometen este delito se aprovechan de la poca o nula seguridad en los panteones y de la baja penalidad por la exhumación ilegal de restos humanos, práctica en la cual intervienen desde trabajadores y personal administrativo, hasta quienes los comercian”, indicó el legislador.

Argumentó que la situación que se suscita en los panteones de la capital del país, así como de otras entidades federativas ha trascendido a los medios digitales, siendo Facebook el espacio donde más interactúan quienes buscan restos óseos humanos y los comercializan.

Agregó que la dignidad humana es abordada por diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración y Programa de Acción de Viena y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Además, dijo, esa situación es alarmante porque a pesar de que la exhumación ya se encuentra regulada en el Título Decimoséptimo del Código Penal Federal, bajo la denominación de “Delitos en Materia de Inhumaciones y Exhumaciones”, esto no ha sido un desincentivo para esta práctica ilegal.

Un sujeto que disparó contra agentes de la Policía Municipal de Juárez recibió sentencia de 11 años de prisión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El Juez de Control que conoció de la causa en un procedimiento especial abreviado, le dictó esa penalización a Miguel Ángel R. C., quien aceptó su responsabilidad penal por hechos registrados el 15 de abril de 2022, en la colonia Águilas de Zaragoza.

El Ministerio Público expuso los elementos de prueba para demostrar que ese día, los policías preventivos atendieron una llamada de emergencia en la que reportaban disparos de arma de fuego; cuando llegaron a la calle Oteros y descendieron de las unidades fueron agredidos con disparos de arma de fuego, desde el interior de un domicilio.

En una reacción inmediata, repelieron el ataque y detuvieron en el término de la flagrancia a Miguel Ángel R. C., quien decidió terminar con su proceso de forma anticipada para recibir la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social 3 de Ciudad Juárez.

Un tribunal argentino condenó el martes a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por defraudación al Estado, informó Associated Press.

La condena también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con AP, Fernández de Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de mil millones de dólares.

“El fallo puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría demorarse años. Hasta entonces, la vicepresidenta podrá postularse para cualquier cargo de elección popular -desde una banca en el Congreso hasta la presidencia- según lo establece la ley”, agregó la agencia noticiosa.

(SFA)