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Chihuahua se encuentra entre las cinco entidades del país que ya cuentan con inhibidores de señal telefónica en sus centros penitenciarios, una medida clave para frenar las extorsiones telefónicas que se realizan desde el interior de las cárceles, confirmó el general retirado Ricardo Fernández Acosta, titular del Sistema Penitenciario estatal.

Durante la conferencia de prensa que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) los lunes de cada semana, el funcionario dio a conocer que los Ceresos estatales número 1 y 3, de Chihuahua y Ciudad Juárez, ya están equipados con inhibidores de alta gama, capaces de bloquear las comunicaciones no autorizadas desde el interior.

Sin embargo, otras 27 entidades federativas tienen centros penitenciarios, pero estos no tienen sistemas para inhibir llamadas telefónicas desde su interior, por lo que se convierten en centros de generación de delitos como la extorsión.

A ese respecto, dijo que, si bien Chihuahua cuenta con esos instrumentos, la gente puede ser víctima de llamadas extorsivas provenientes de otros penales del país.

“Tenemos inhibidores en el Cerezo 3 y en el Cerezo 1. Son de alta gama y evitan que salgan llamadas. Incluso llegamos a afectar líneas telefónicas en Estados Unidos, pero ese problema ya se resolvió en una reunión técnica reciente”, explicó.

El funcionario añadió que, aunque Chihuahua ha avanzado en este rubro, siete Ceresos más del estado aún no cuentan con esta tecnología, lo que representa un reto en materia de seguridad penitenciaria.

En el encuentro nacional, autoridades federales reiteraron la urgencia de que todos los centros de reclusión del país cuenten con inhibidores.

Incluso, mencionó Fernández Acosta, el gobernador de Nuevo León reveló que gran parte de las extorsiones telefónicas que llegan a Monterrey provienen de penales ubicados en Tamaulipas.

“La mayoría de los estados no tienen inhibidores, y seguimos siendo víctimas de llamadas de extorsión que provienen de cárceles de otros estados. Por eso el gobierno federal está presionando para que se instalen en todo el país”, señaló.

Además del tema de inhibidores, en la reunión se abordó la necesidad de homologar protocolos y códigos operativos a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la comunicación, la prevención del delito y la reacción ante emergencias dentro del sistema penitenciario.

Sin embargo, el funcionario no detalló qué tipo de vigilancia o sistemas de inhibición se aplican en los otros 9 Ceresos del estado de Chihuahua.

Según cifras del Inegi, Chihuahua tiene una población penitenciaria de 8 mil 586 personas privadas de su libertad, aunque la propia SSPE afirma que son casi 10 mil.

En las cárceles del país habitan un total de 236 mil 773 personas que llegaron ahí por cometer uno o más de los cinco delitos más frecuentes de cuantos se tenga registro, y que compurgan penas de antigüedad distinta, o bien, que llevan tiempo en espera de recibir una sentencia.

En ese aspecto, el estado de Chihuahua es el segundo con mayor población penitenciaria de todo el país, solo superada por Nuevo León y por encima de otras entidades que tienen graves problemas de violencia y actividad de grupos organizados.

De acuerdo con las cifras de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (Cnsipef-E) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Chihuahua ocupó la segunda posición en cuanto a personas enviadas a prisión, con un total de 8 mil 243 reclusiones.

La cifra de Chihuahua solo quedó superada por la de Nuevo León, que tuvo 9 mil 693 presos, y supera los 7 mil 5 de Guanajuato, una de las entidades con mayor incidencia de homicidios.

Esa cantidad supera a la población total de 37 de los municipios de la entidad. De hecho, la cantidad de personas que habita en alguna de los 11 centros penitenciarios del estado duplica o triplica a la población de 11 municipalidades.

Hombres y mujeres: Delitos distintos, misma realidad

Según el Cnsipef-E, del total de ingresos a alguno de los centros penitenciarios del estado, 7 mil 665 son hombres y 578 son mujeres.

El robo fue el delito que más encarcelamientos motivó en Chihuahua durante el 2024: el 41 por ciento de los hombres y el 38 por ciento de las mujeres enviados a prisión fue por ese motivo.

Entre los hombres, el 41.3 por ciento fue encarcelado por robo, seguido por los siguientes ilícitos:

Homicidio (15.1%)

Delitos contra la salud (5.8%)

Delitos en materia de armas (3.7%)

Violencia familiar (1%)

En el caso de las mujeres, el 38 por ciento ingresó por robo. Le siguen:

Delitos contra la salud (16.4%)

Lesiones (10.9%)

Violencia familiar (10%)

Homicidio (1.9%)

En conjunto, estos cinco delitos representan más del 80 por ciento de los casos de encarcelamiento femenino en Chihuahua.

En cuanto a la población carcelaria, Chihuahua quedó entre los estados que tienen más internos que su capacidad instalada para atenderlos, pues tienen un 105 por ciento de ocupación en sus 11 centros de reinserción social.

De la tasa por personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes, en Chihuahua es de 227.4, superior al promedio nacional, que es de 179.

En los ámbitos federal y estatal, la población privada de la libertad/internada se conformó por 226 mil 116 personas en 2022, cifra 2.6% más de los 220 mil 419 reportados un año antes, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De este total, 207 mil 140 (91.6%) corresponden al ámbito estatal y 18 mil 976 (8.4%), al federal. Además, 94.4% correspondió a hombres y 5.6%, a mujeres, de acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal.

Según el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad/internadas en los centros penitenciarios y centros especializados, 88 mil 172 se encontraban sin sentencia, 23 mil 653 con sentencia no definitiva y 111 mil 162 contaron con sentencia definitiva.

Esto implica que 39.0% de la población privada de la libertad/internada no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 49.3% y para los hombres, de 38.4%. Comparado con 2021, la población privada de la libertad/ internada con sentencia aumentó 8.7 %, mientras que la población sin sentencia disminuyó 5.0%.

En 2022, del total de población privada de la libertad sin sentencia, 50.2% estaba en prisión preventiva oficiosa; 23.9%, en prisión preventiva justificada; 11.4%, en otro supuesto jurídico y, para 14.5%, no se identificó el tipo de estatus jurídico.

Por entidad federativa, Estado de México y Michoacán reportan que 100% de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa.

Hasta más de un año, el tiempo de espera por una sentencia

Sobre el rango de tiempo en espera de sentencia para las personas privadas de la libertad, 26.7% de los hombres y 29.7% de las mujeres han esperado 24 meses o más por su sentencia.

En cuanto a la población privada de la libertad con sentencia, en los centros penitenciarios, 19.1% (24 mil 955) de los hombres y 16.8 % (mil 75) de las mujeres recibieron penas privativas de la libertad de 5 a menos de 10 años.

De la población en internamiento y semi internamiento en los centros especializados, 19.5% (175) de los hombres y 21.9% (14) de las mujeres recibieron una sanción de internamiento de 2 años 6 meses hasta menos de 3 años.

Al cierre del año pasado, 7 mil 506 (3.3%) personas privadas de la libertad/internadas pertenecían a algún pueblo indígena. Del total, se reportó que las personas originarias del pueblo náhuatl concentraron el 16.6%. En comparación con lo reportado en 2021, la cantidad de personas que pertenecían a algún pueblo indígena aumentó 6.4 % en 2022.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó con calificaciones de entre 4.26 al 5.94 a 12 prisiones que se ubican en Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima, porque no existen condiciones para el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2022, elaborado por la CNDH que dirige Rosario Piedra Ibarra destaca que 13 sistemas penitenciarios obtuvieron calificaciones entre el 6.05 al 6.98, correspondientes a los estados de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche.

En tanto que seis sistemas penitenciarios de Durango, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala y Chihuahua registraron calificaciones promedio entre el 7.06 al 7.62; por lo que únicamente el sistema penitenciario del estado de Querétaro obtuvo una calificación de 8.22.

Los Centros Federales de Readaptación Social obtuvieron un promedio global de calificación de 7.47, mismo que se sostiene respecto al año anterior y en dichos centros persisten retos por parte de la Autoridad Federal, ya que durante las visitas de supervisión se constató la necesidad de llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar la atención médica de la población, así como de contar con suficiencia de personal de seguridad y custodia entre otras.

Durante la presentación del DNSP, Piedra Ibarra lamentó que, pese a los resultados de los anteriores diagnósticos emitidos por la CNDH, no se hayan tomado las medidas para generar condiciones dignas y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales, por lo que llamó a las autoridades responsables a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad, que además impiden lograr el objetivo primario que es la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades responsables para revertir los problemas que enfrentan las prisiones y prevenir riesgos en materia de gobernabilidad, seguridad y violaciones a los derechos humanos.

Explicó que para la elaboración de ese documento, se visitaron 14 centros penitenciarios federales, 237 estatales, tres prisiones militares y 45 centros de internamiento para adolescentes y jóvenes, lo que constituye la muestra más amplia desde que se elabora el Diagnóstico, el cual, dijo, tiene como finalidad no sólo hacer un análisis cuantitativo de la situación que impera en las cárceles del país, sino también detectar los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario para garantizar el respeto a los derechos humanos y una vida digna tanto a las personas privadas de la libertad como de las autoridades y de quienes ahí laboran.

Destacó que este reporte también proporciona elementos de análisis cualitativo con el propósito de mejorar las condiciones de estancia de las personas internas, especialmente de aquellas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad como adolescentes, jóvenes, mujeres y sus hijos que viven con ellas, así como las personas adultas mayores, entre otros.

Aseguró que la Comisión busca establecer bases de máxima de observancia de los derechos humanos para que a las personas privadas de la libertad se les reconozca como sujetos de atención y derechos, a partir de sus distintas interseccionalidades, producto de lo cual, se ha logrado el cierre de tres cárceles Hidalgo que no cumplían condiciones mínimas, así como la decisión del gobierno del estado de Morelos de destinar los penales de Jojutla y Cuautla solamente para las personas del sexo masculino y albergar a las mujeres privadas de la libertad en un centro carcelario exclusivo para ellas.

En su oportunidad, la directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Hilda Téllez Lino, dio a conocer que, con un enfoque interseccional, diferencial y con perspectiva de género, se supervisaron 235 centros estatales (22 centros femeniles, 108 centros varoniles y 105 centros mixtos), 14 Centros Federales de Readaptación Social y tres prisiones militares (ubicadas en Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México), además de 45 centros de Internamiento a nivel nacional.
Detalló que, al momento de la supervisión, la muestra nacional contaba con 199 mil 544 personas privadas de la libertad, de la cuales, 186 mil 822 eran hombres (93.6 %) y 12 mil 722 mujeres (6.4 %), y de éstas 69 mil 204 personas pertenecían a algún grupo de atención prioritaria.

Explicó que, respecto de las prisiones militares, en promedio, las tres visitadas obtuvieron una calificación global de 8.38. En cuanto a la identificación de temas de mayor incidencia, durante las visitas de supervisión realizadas se observó que persiste en estos establecimientos la necesidad de implementar los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como fortalecer las actividades laborales y de capacitación.