Cártel de Sinaloa

La Oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) anunció este 26 de febrero de 2026 ofertas de recompensa de hasta 5 millones de dólares cada una por información que conduzca al arresto y/o condena de René Arzate García, alias “La Rana”, y su hermano Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, presuntos jefes de plaza en Tijuana del Cártel de Sinaloa.

Las recompensas se ofrecen en coordinación con la División de San Diego de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California, como parte de un esfuerzo unificado para llevar a los hermanos ante la justicia, se informó a través de un comunicado oficial.

Según la DEA, los hermanos Arzate García han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana durante los últimos 15 años, manteniendo su autoridad mediante violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local que incluye corrupción política y policial.

A pesar de conflictos en curso, continúan administrando este corredor clave de narcotráfico, incluyendo el tráfico de fentanilo ilícito hacia Estados Unidos, designado por la Administración Trump como un arma de destrucción masiva, se indicó.

El Cártel de Sinaloa fue designado el año pasado como organización terrorista extranjera (FTO) y como terroristas globales especialmente designados (SDGT).

Desde 2014, ambos enfrentan acusaciones por delitos de tráfico de drogas en el Distrito Sur de California y han permanecido como fugitivos.

El 9 de agosto de 2023 fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, bajo la orden ejecutiva 14059 por su implicación en el tráfico mundial de drogas ilícitas.

Hoy se reveló una acusación formal sustitutiva contra René Arzate García por narcoterrorismo, conducir una empresa criminal continua, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, y blanqueo de dinero.

Las ofertas forman parte del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP), que busca desmantelar la delincuencia transnacional.

Para proporcionar información de manera confidencial, contactar a la DEA vía WhatsApp o Signal al +1-858-298-5670, Threema ID: PTJ4HS3J, o correo electrónico MFSinaloaTipLine@dea.gov. Fuera de EE.UU., acercarse a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Se afirmó que las identidades se mantienen estrictamente confidenciales, además de que funcionarios y empleados gubernamentales no son elegibles para recompensas.

La frontera norte volvió a colocarse bajo el escrutinio internacional después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que una red internacional de lavado operaba desde casinos situados en ciudades clave de Sonora, Sinaloa y Baja California.

Según el gobierno estadounidense, estos establecimientos son parte del Grupo de Crimen Organizado Hysa, una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa que utilizó el sector de apuestas como plataforma para infiltrar ganancias del narcotráfico en el sistema financiero.

El anuncio, que incluye sanciones contra 27 personas y empresas, va acompañado de una medida impulsada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para impedir que diez casinos mexicanos continúen utilizando bancos y cuentas en Estados Unidos. Se trata de negocios ubicados en ciudades fronterizas o muy próximas a rutas de tráfico transnacional: el Emine Casino en San Luis Río Colorado, el Midas Casino en Agua Prieta y el Palermo Casino en Nogales, todos en Sonora; el Casino Mirage en Culiacán y varios Midas Casino en Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán, en Sinaloa; además del Midas Casino en Rosarito y el Skampa Casino en Ensenada, en Baja California. A ellos se suma otro casino operado por el mismo grupo en Villahermosa, fuera de la región norte.

De acuerdo con Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estos establecimientos funcionaban como espacios donde se mezclaban recursos lícitos e ilícitos, permitiendo simular ganancias, inflar ingresos y mover grandes cantidades de efectivo desde México hacia Estados Unidos.

Su ubicación en corredores fronterizos estratégicos facilitaba la operación: ciudades conectadas directamente con cruces internacionales, rutas de trasiego y zonas con fuerte presencia del Cártel de Sinaloa.

La sanción también exhibe la participación de empresas mexicanas que operan restaurantes, servicios de transporte, gasolineras y corporaciones de “gaming”, así como la intervención de figuras como notarios y representantes legales que ayudaron a abrir, administrar o cubrir la actividad financiera del grupo criminal. Para las autoridades estadounidenses, esto confirma que la red funcionaba con una infraestructura legal y comercial instalada en México y con respaldo de actores locales.

El impacto para México es inmediato. La medida de FinCEN obligará a los bancos estadounidenses a bloquear cualquier operación relacionada con los casinos investigados, lo que podría paralizar su funcionamiento y empujar al gobierno mexicano a revisar permisos, licencias, flujos de efectivo y mecanismos de supervisión en el sector de apuestas. También implica revisar la vigilancia en los cruces fronterizos, donde el contrabando de efectivo continúa siendo uno de los métodos más utilizados para el lavado de dinero.

El informe del Tesoro subraya, además, que el Grupo Hysa operaba con el “consentimiento criminal” del Cártel de Sinaloa en territorios donde la organización mantiene control. Ese señalamiento coloca nuevamente a ciudades como San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Los Mochis y Mazatlán en una posición delicada, pues evidencia que la operación económica legal convive con esquemas financieros del crimen organizado sin que las autoridades mexicanas lo detecten o lo frenen a tiempo.

La ofensiva financiera de Estados Unidos, más que un mensaje aislado, funciona como una advertencia directa para México: la frontera norte sigue siendo uno de los puntos más vulnerables para el lavado de dinero, y la supervisión del sector de apuestas no está cumpliendo con los estándares necesarios para impedir que los cárteles utilicen estas estructuras como parte de su economía criminal.

La razón detrás del golpe financiero que Estados Unidos asestó esta semana contra la facción Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, está en su papel estratégico dentro de la cadena criminal: producen y trafican fentanilo y otras drogas hacia el norte, lavan ganancias millonarias y han logrado corromper a autoridades locales en Baja California.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el grupo liderado por los hermanos Arzate y respaldado por una red de empresas fachada en Rosarito, representa una amenaza inmediata para la seguridad nacional de EU, no sólo por el tráfico de drogas, sino por la capacidad de infiltrar y controlar gobiernos municipales en la región.

“Los Mayos han convertido a Rosarito en un centro logístico de narcotráfico y lavado de dinero, con operaciones que cruzan directamente a nuestro país”, advirtió el subsecretario John K. Hurley durante su visita a la frontera.

Por qué Los Mayos

Bisagra criminal en la frontera: Rosarito es corredor de paso hacia California y refugio de operaciones que mezclan turismo con narcotráfico.
Diversificación del negocio: No sólo mueven fentanilo, también cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína.
Control social y político: La red alcanza a exfuncionarios como la exalcaldesa Hilda Araceli Brown, acusada de brindar protección a cambio de sobornos.
Lavado empresarial: Restaurantes, bares, hoteles, operadores turísticos y servicios de transporte forman parte del entramado que permite disfrazar dinero ilícito.

Las sanciones implican congelar bienes y bloquear cualquier transacción en EU. Para Washington, se trata de cortar la sangre financiera del grupo, en un momento en que el Cártel de Sinaloa atraviesa divisiones internas tras la caída de “El Chapo” y el desgaste de “El Mayo” Zambada.

El mensaje del Tesoro es claro: Los Mayos fueron sancionados no sólo por lo que hacen, sino por lo que representan: una facción que mantiene vivo el tráfico de drogas en la frontera, con un pie en el crimen organizado y otro en la política local mexicana.

Los sancionados por el Tesoro de EU

Personas

-Mario Alberto Arzate García (alias “El Mayo Jr.”)

-Karlo Alberto Arzate García

-Jesús González Lomelí

-Candelario Arcega Aguirre

-Hilda Araceli Brown Figueredo (exalcaldesa de Rosarito)

Empresas (ejemplos destacados)

-Restaurantes y bares: La Cabaña del Mar, Bar Malecón

-Hoteles y hospedaje: Hotel Corona Plaza, Hotel Mediterráneo

-Turismo y transporte: Rosarito Adventure Tours, Transporte del Pacífico

-Servicios y entretenimiento: Black Room Club, Rosarito Go Karts

La OFAC enlistó en total 15 compañías como parte de la red de lavado de dinero vinculada a Los Mayos.

El gobierno de Estados Unidos sancionó a la facción La Mayiza del Cártel de Sinaloa, al congelar bienes y prohibir transacciones a siete de sus operadores y a varias empresas fachada que presuntamente servían para lavar dinero en Baja California.

De acuerdo con el Departamento de Estado, las sanciones forman parte de una estrategia para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado transnacional. Con estas medidas, todos los bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y entidades de ese país realizar transacciones con ellos.

Los individuos designados son:

Candelario Arcega Aguirre, alias El Cande

Hilda Araceli Brown Figueredo

Jesús González Lomelí

Karlo Omar Herrera Sánchez

Mario Alberto Herrera Sánchez

Carlos Alberto Páez Pereda

Juan José Ponce Félix, alias El Ruso o El Russo

El gobierno estadounidense también sancionó a varias entidades y establecimientos asociados a La Mayiza, entre ellos restaurantes, bares y negocios de alimentos en Baja California, señalados como parte de las operaciones de lavado de dinero de la facción.

“El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro continuarán utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para exponer y desmantelar las redes criminales que amenazan nuestra seguridad y la de nuestros aliados”, señala el comunicado.