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CASA

Un tribunal colegiado de distrito ordenó la devolución inmediata a los hijos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de una casa embargada por el Gobierno del Estado como parte de las causas penales que se le integraron por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con un comunicado emitido por el exmandatario y su equipo de asesores legales, el fallo fue emitido el pasado 23 de julio, mediante el recurso de queja penal 288/2025, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de este distrito.

Se trata de una vivienda donde residieron los hijos del exgobernador hasta que fue asegurada por el Gobierno estatal durante la administración de Javier Corral Jurado.

El comunicado califica los aseguramientos como “arbitrarios e ilegales”, y señala que fueron “ordenados por Javier Corral y el ahora investigado César Peniche, entonces fiscal general del Estado”.

El inmueble se mantuvo bajo resguardo del Gobierno del Estado desde 2017, como parte de las diligencias derivadas de la investigación de presuntos delitos, “todos ellos inventados y de los cuales jamás se pudo probar absolutamente nada porque nada de ello existió”, afirman Duarte Jáquez y su defensa.

“La casa visiblemente está vandalizada y saqueada, pese a haber estado bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado”, se añade en el boletín.

La defensa del exmandatario sostiene que esta resolución “comprueba una vez más la enorme farsa y las falsedades urdidas por Javier Corral en la fallida Operación Justicia, que solo trajo el despilfarro indiscriminado e irresponsable de recursos públicos y una burla para el pueblo de Chihuahua”.

El comunicado está firmado por los abogados Enrique E. Muñoz, Irving Anchondo Valdez, José Gutiérrez Quezada y Juan Carlos Mendoza Luján, en calidad de defensores de César Horacio Duarte Jáquez.

Justo al final de Emmanuel Chabrier, una de las calles cerradas del conjunto en Lattes una pequeña villa, al sur de Francia, se halla el número 10. Junto al timbre de la mansión francesa está escrito el nombre de Javier Gutiérrez Becerril, un exejecutivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la gestión peñista, ahora investigado en Estados Unidos bajo presunción de fraude.

Al sur del distrito de Montpellier, en la comunidad de Lattes, está la finca que fue adquirida por Gutiérrez en diciembre de 2016, de acuerdo con registros del servicio público de la propiedad francesa ―Service de la Publicité Fonciere (SPF)― obtenidos por Milenio.

La compra se hizo cuando aún se desempeñaba como subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de CFE.

La paraestatal adjudicó el contrato de construcción del gasoducto Conector Waha, por varios cientos de millones de dólares, a WhiteWater Midstream (WWM), empresa de Matthew Calhoun, un socio en negocios eléctricos de Gutiérrez.

Calhoun y Gutiérrez habían compartido antes la administración de Antaeus Group LLC, una firma creada al instante en 2013 con miras al mercado energético. 

A las pocas semanas de su constitución ya era beneficiaria de contratos de CFE, donde despachaba Guillermo Turrent Schnaas, director de Modernización de la paraestatal, quien nombró al propio Javier Gutiérrez como su segundo de a bordo.

Turrent y Gutiérrez tomaron el control de CFE International LLC (CFEi), filial estadunidense de la paraestatal mexicana, en 2015. 

Según investigaciones judiciales en México y Estados Unidos, la empresa se convirtió en el eje de un esquema de saqueo a CFE que involucró a una red extendida de compañías.

De acuerdo con relaciones de depósitos a las que tuvo acceso este medio, la red incluía a Espíritu Santo Holdings (ESH), empresa fachada offshore de los famosos defraudadores Santiago León y Eduardo Zayas, vinculados a negocios irregulares con taxímetros en la Ciudad de México.

ESH habría sido la fuente de financiamiento para JG Energy Consulting Corporation, otra firma creada por Gutiérrez —cuyo domicilio era la dirección particular de su socio Calhoun—, a través de la cual compró la propiedad de Lattes, Francia, de acuerdo con la Declaración de Trámite con número de registro 2023114 del SPF.

Adicionalmente, Gutiérrez adquirió una casa de lujo en Cuadro Lane en 2018, un exclusivo desarrollo en un distrito céntrico de Houston, en Estados Unidos.

Consultado vía correo electrónico, Javier Gutiérrez Becerril dijo a MILENIO que ambas propiedades –la de Lattes y la de Houston– fueron compradas con “recursos provenientes de servicios prestados de manera legítima por JG Energy Consulting Corporation no conectados a Whitewater o no conectados de manera directa o indirecta a proveedores de Comisión Federal de Electricidad y/o proveedores de sus subsidiarias o filiales”.

El ex directivo de la CFE declinó comentar a qué se dedica actualmente, pero añadió que sus ingresos y los de las empresas donde ha participado fueron declarados en Estados Unidos y en México. 

Y añadió que los “recursos provenientes de la liquidación como empleado de CFE” también sirvieron para adquirir sus inmuebles.

Sin embargo, las autoridades mexicanas señalan que “el servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales” en 2014, 2015, 2016 y 2017 –cuando ocupó cargos directivos en CFE.

Un refugio mediterráneo

De acuerdo con los documentos de la compra-venta consultados por MILENIO, la propiedad fue adquirida el 19 de diciembre de 2016 por JG Energy Consulting Corporation, la firma fundada por Javier Gutiérrez, en 460 mil euros, equivalentes a casi 9 millones de pesos.

Pero hay un detalle: los ingresos declarados por la consultora de Gutiérrez —consignados en un memorándum de CFEi dentro de su litigio contra WWM, sus ejecutivos, y los ex funcionarios implicados, por la asignación irregular de contratos “por miles de millones de dólares”—, eran insuficientes para adquirir la quinta de recreo mediterránea.

Javier Gutiérrez fundó JG Energy Consulting Corporation el 13 de enero de 2014, para la cual registró como dirección el número 2455 de Dustan Road, en Houston, Texas, que resultó ser el domicilio particular de su socio y amigo, Matthew Calhoun, el CEO de WWM.

Según la declaración de Sam Anson, uno de los testimonios aportados como evidencia por CFEi en el procedimiento judicial 1782 (que obra en el expediente público correspondiente al caso N° 4:22-mc-00896 que se dirime en el tribunal del Distrito Sur de Texas), JG Energy Consulting Corporation declaró ingresos por 100 mil dólares en 2014, provenientes de transferencias de Antaeus Group y sus filiales; en 2015 captó 54 mil dólares y en 2016, 202 mil 300 dólares.

De modo que los ingresos de la consultora apenas alcanzaban los 360 mil dólares, insuficientes para cubrir los 460 mil euros del costo del refugio mediterráneo. El contrato de compraventa consigna que la transacción se efectuó en una sola exhibición, y sin que mediara ningún respaldo hipotecario. Dicho de otra manera, la compra se concretó con recursos no declarados.

La compra en Lattes de hace ocho años parece haber sido atinada. Actualmente, una propiedad similar en tamaño y características –piscina y ubicación– a la de Gutiérrez Becerril cuesta unos 2.5 millones de euros, casi 50 millones de pesos, según los precios de venta en páginas inmobiliarias consultadas por Milenio.

En su paquete de 20 iniciativas que turnó al Congreso, el presidente AMLO incluyó una propuesta de reforma al Infonavit en la cual se establece la posibilidad de comprar una casa rentada.

Se trata de una iniciativa de reforma de arrendamiento con la que pretende realizar una modificación al sistema de financiamiento del Infonavit para ofrecer una opción accesible de vivienda.

Una de ellas es la propuesta de reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que plantea la construcción de casas y la opción de comprarlas.

Sobre la reforma de arrendamiento, han surgido versiones en las que se afirma que inmuebles que rentan particulares, podrían estar en riesgo de “despojo”.

Edna Elena Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sentenció que se trata de información falsa.

Así lo indicó la funcionaria durante la mañanera del 12 de julio, en la que aseveró que en la reforma de arrendamiento de AMLO no se plantea efectuar “ningún atentado contra la propiedad privada”.

Abelardo Valenzuela Holguín, fiscal Anticorrupción del Estado (FAE), no descartó ni confirmó que tras el aseguramiento de la residencia que renta el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, derive posteriormente en una investigación en su  contra.

En rueda de prensa señaló que en estos momentos se desconocen los alcances de las investigaciones y que el aseguramiento precautorio de las dos residencias ubicadas en la calle Fresno del fraccionamiento Campestre, obedece a una indagatoria por una serie de denuncias de aparentes casos de corrupción de un exfuncionario público (Daniel Pando) que se desempeño durante las administraciones de Armando Cabada y Cruz Pérez Cuéllar.

Las denuncias fueron presentadas por diputados locales del PAN, representantes populares y piezas de investigación periodística, dijo el fiscal.

Explicó que la investigación es por el delito de enriquecimiento ilícito cometido por el probable Daniel Simón Pando Morales, quien aparece como propietario de las residencias en la misma calle y fraccionamiento, con los numérales 1564 y 1642

También confirmó que la indagatoria se centra en dos propiedades que se encuentran en la misma calle, una de ellas habitada por el presidente municipal de Ciudad Juárez.

https://nortedigital.mx/casa-del-campestre-la-otra-cruz-que-carga-perez-cuellar/embed/#?secret=WAXkXbRxZU#?secret=x8I8ILDfQR

Precisó que una de las residencias tiene un valor de 26 millones de pesos y que el aseguramiento es para que su propietario no las venda, para que nos las done ni regale.

Informó que personal judicial supervisa el procedimiento de embargo para verificar el cumplimiento del debido proceso.

https://nortedigital.mx/son-dos-las-residencias-de-daniel-pando-aseguradas-en-el-campestre/embed/#?secret=GPP2aWbAe2#?secret=Vgpb4iN0oW

En la rueda de prensa, funcionarios de la FAE aseguraron que en el momento de la intervención de la casa, no rompieron  cerraduras y que tres personas salieron por su propio pie.

Valenzuela señaló que el procedimiento se llevó a cabo en estricto apego a los derechos humanos.

Cruz no podrá seguir viviendo en la ‘casa blanca’

Explicó que con esta medida, se levantará un avalúo de ambas residencias, verificar el estado en que se encuentran, además de que no podrán venderse, rentarse ni ser ocupadas por nadie mientras se desahoga el expediente de la investigación.

Con esto confirmó que el presidente municipal no puede continuar viviendo en la residencia.

Dijo que el procedimiento de la casa, habitada por el alcalde y su familia, probablemente termine mañana, pero ya no la podrán habitar.

https://nortedigital.mx/la-avalancha-de-denuncias-que-amenaza-la-reeleccion-de-cruz-perez-cuellar/embed/#?secret=dIqSeRjnnZ#?secret=h7wLw1TWuf

Serán cuidadosos del proceso

Cuestionado si una de las líneas de investigación podría dirigirse en algún momento hacia el alcalde con licencia, el titular de la FAE respondió que como ocurrió en el pasado, cuando se vulneró todo el proceso legal y la presunción de inocencia y derechos humanos, esta vez quieren ser cuidadosos del debido proceso.

“En estos momentos nosotros estamos en la etapa de investigación de esta carpeta que reúne el tipo de conductas de un caso de enriquecimiento ilícito. En estos momentos no descartamos ni podemos confirmar otras posibilidades más allá de las que tenemos en las manos. Simplemente por el alcance de la investigación, no me permite afirmar tal cosa”, dijo.

Valenzuela dio lectura a un comunicado de prensa y respondió a todas las preguntas de los medios de comunicación que fueron citados en las oficinas de la FAE en esta frontera.

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