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La diputada Rosana Díaz Reyes (Morena) arremetió contra el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, a quien calificó de insensible por haber asegurado que la situación de inseguridad en Chihuahua está “bajo control”.

La legisladora recordó que Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos y que solo el jueves 30 de octubre se registraron once asesinatos en la entidad.

“Resulta indignante que, mientras las familias chihuahuenses viven con miedo, las autoridades responsables de garantizar la seguridad se atrevan a decir que todo está bien”, señaló.

Que dejen el cargo y luego hagan campaña

Díaz Reyes también cuestionó la doble función de César Komaba y Ulises Pacheco, quienes —dijo— ocupan cargos de seguridad mientras realizan labores partidistas.

Komaba, subsecretario de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, funge además como presidente del Comité Municipal del PAN en la capital; mientras que Pacheco preside el comité panista en Ciudad Juárez.

“En un momento en que deberíamos cerrar filas y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, estos servidores públicos utilizan su posición para fines políticos. Es grave, es delicado y es una falta de respeto para las y los chihuahuenses”, advirtió.

La diputada morenista subrayó que desde su partido se ha insistido en no politizar el tema de seguridad, pues la protección de la ciudadanía debe estar por encima de cualquier interés electoral.

“Exigimos sensibilidad, responsabilidad y resultados. Los cargos públicos son para servir al pueblo, no para promover partidos. Quien tenga una función en materia de seguridad debe dedicarse a garantizar la paz, no a hacer campaña”, concluyó.

Por cuarta ocasión en los últimos cinco días, Chihuahua se ubicó como el estado más violento del país, al registrar 11 homicidios el jueves 30 de octubre, según el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Con esa cifra, la entidad ascendió al tercer lugar nacional en homicidios dolosos durante octubre, con 118 casos, desplazando al Estado de México, que hasta el día anterior ocupaba esa posición y que al cierre del jueves sumaba 116 asesinatos. Guanajuato, con 128 homicidios, y Sinaloa, con 121, se mantienen en los primeros lugares.

Entre los hechos violentos del jueves destaca el hallazgo de cuatro personas asesinadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, cuyos cuerpos fueron localizados en la caja de una camioneta tipo pick up.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que el vehículo se encontraba a la altura del kilómetro 29+100 de la carretera Hidalgo del Parral–Guadalupe y Calvo.

Las víctimas, aún sin identificar, tenían entre 25 y 45 años de edad aproximadamente, y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. En el lugar se localizó un casquillo percutido calibre .45.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que mantiene un operativo con 130 agentes, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, en la región serrana, particularmente en el municipio de Guachochi.

Sin embargo, las cifras de homicidios no han cedido, y Chihuahua ocupa ahora el tercer lugar nacional en incidencia de asesinatos.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, Román Alcantar Alvídrez, afirmó que el proyecto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) tiene como propósito frenar el mercado negro tanto del recurso hídrico como de las concesiones para la extracción de aguas superficiales y subterráneas en el país.

Luego de que diversas organizaciones campesinas se manifestaran en distintos puntos del territorio nacional —incluidos bloqueos de carreteras y vías ferroviarias— en protesta, entre otros temas, contra dicha iniciativa, Alcantar precisó que el proyecto no contempla el cierre de los distritos de riego, como han señalado algunos de sus opositores.

“Esta ley no va a afectar absolutamente a nadie, a ningún productor. Esta ley sí afecta al mercado negro de la venta de concesiones. Los títulos de concesión no fueron hechos para una compraventa”, expresó.

El funcionario explicó que los títulos de concesión se otorgan para que un agricultor pueda utilizar el agua destinada a la producción agrícola; sin embargo, reconoció que se ha detectado un mercado negro de permisos, principalmente en Chihuahua.

La nueva ley —añadió— busca erradicar ese comercio ilegal y el uso irregular del agua, mediante sanciones más severas para quienes incurran en dichas prácticas.

Recordó que la actual Ley de Aguas Nacionales se construyó bajo un régimen neoliberal que permitió esas operaciones a través de una figura llamada “transmisión de volumen y de derecho”.

Alcantar consideró que las sanciones vigentes no han sido suficientes para inhibir el uso indebido del recurso hídrico.

Señaló que la Conagua comprende la situación de los productores y los invitó a acercarse a la dependencia para conocer a detalle el contenido del proyecto.

“La reforma a la Ley Nacional de Aguas no está dirigida a afectar a los productores, sino a terminar con el mercado negro que actualmente existe y, sobre todo, a recuperar la gobernabilidad del agua en la Conagua y en el Gobierno de México, porque se había perdido”, concluyó.

La diputada federal por Chihuahua, Lilia Aguilar Gil (PT), alertó sobre la posible liberación de 97 extorsionadores sentenciados debido a la aprobación de las reformas para sancionar la práctica de la extorsión a nivel nacional.

A nivel nacional, podrían ser hasta 600 las personas sentenciadas por cometer extorsión que podrían salir en libertad, quienes se encuentran recluidas en prisiones de Chihuahua, Guerrero, Morelos y Quintana Roo, principalmente, dijo.

Aguilar Gil, quien representa al Distrito IV con cabecera en Juárez, presentó una iniciativa para castigar con 20 años de cárcel a los extorsionadores, como una medida para evitar que las bajas penalidades les permitan salir en poco tiempo.

La extorsión, afirmó la diputada, es el delito con mayor incidencia en el país y el que ha mostrado el mayor incremento en los últimos años, agregó.

La legisladora petista advirtió que, de mantenerse la reducción de la pena mínima de ocho a seis años, como se plantea en algunos estados, se abriría la puerta a la liberación de cientos de delincuentes, como sería el caso de Chihuahua, donde 97 personas condenadas por extorsión podrían quedar en libertad.

“El Partido del Trabajo considera que esta iniciativa, aunque positiva en algunos aspectos, requiere ajustes urgentes. Estamos impulsando que las penas por extorsión se eleven de 10 a 20 años”, agregó la legisladora juarense.

En un comunicado, informó que la propuesta de incrementar las penalidades ya se le ha planteado al senador Ricardo Monreal (Morena), quien ha mostrado apertura, pero aún no se ha logrado un acuerdo dentro de la coalición que agrupa a las fuerzas que integran la Cuarta Transformación.

La extorsión es uno de los delitos más silenciosos y devastadores, señaló Aguilar Gil, ya que el 97 por ciento de los casos no se denuncian y se cometen aprovechando el miedo colectivo mediante llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp y otras formas de intimidación.

“El PT está convencido de que no se trata de una cuestión menor. Hoy en día la facilidad con la que los extorsionadores acceden a penas mínimas es alarmante; por eso, desde nuestro grupo parlamentario, seguiremos impulsando el endurecimiento de las sanciones para erradicar este flagelo”, concluyó la diputada por Chihuahua.