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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el gobierno de Chihuahua hubo colaboración con autoridades estadounidenses “fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, al permitir la intervención de agentes del gobierno estadounidense en el operativo para desmontar un narcolaboratorio.

Durante la “Mañanera” de este 7 de mayo, la presidenta de México fue cuestionada sobre las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos, en el sentido de que a ella la persiguen “por combatir al narcotráfico”, mientras que a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa.

En respuesta a esas declaraciones, Sheinbaum aseguró que “a nadie se le persigue si no hay pruebas”.

“Ellos decidieron colaborar con el gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, concluyó.

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este lunes avances significativos en la indagatoria sobre los hechos ocurridos en la Sierra del Pinal, entre los municipios de Morelos y Guachochi, Chihuahua, donde perdieron la vida dos agentes de la Fiscalía estatal y dos agentes estadounidenses.

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó que se han citado a declarar a cerca de 50 personas, entre agentes y participantes del operativo, con el propósito de esclarecer las circunstancias de los acontecimientos.

Durante el mensaje a medios, Lara López detalló que la Fiscalía ha realizado diversos requerimientos de ley a las autoridades competentes para obtener información sobre:

  • La existencia y estatus de acreditaciones o autorizaciones de los agentes extranjeros fallecidos.
  • Si el gobierno del estado de Chihuahua tenía conocimiento previo de su presencia en el operativo.
  • Las condiciones jurídicas que justificaron y trazaron la acción.

El objetivo central de estas diligencias, explicó el fiscal, es recopilar datos de prueba idóneos y pertinentes para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y determinar si existieron posibles violaciones a la soberanía nacional o la comisión de delitos en materia de seguridad nacional.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Especial encabezada por Lara López, busca reunir todos los elementos necesarios para un deslinde claro de responsabilidades en un caso de alta relevancia por la participación de agentes extranjeros en territorio nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantendrá la defensa de su soberanía frente a Estados Unidos y rechazó cualquier subordinación, al referirse a los recientes señalamientos y tensiones en materia de seguridad relacionados con Chihuahua y Sinaloa.

Durante la conferencia matutina de este viernes 1 de mayo, la mandataria subrayó que los señalamientos en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, de Chihuahua, y del de Sinaloa, Rubén Rocha, están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“El caso Chihuahua lo lleva la Fiscalía; el caso Sinaloa lo lleva la Fiscalía. Hay instancias e instituciones que están atendiendo estos temas y ellas tienen que informar”, indicó.

Cuestionada sobre los sucesos de los últimos días, que incluyen la petición del gobierno de Estados Unidos, de extraditar al gobernador de Sinaloa, a un senador de la República y a otros ocho políticos de ese estado, la mandataria subrayó que los casos serán atendidos, en principio, por la autoridad mexicana.

Cooperación y coordinación, no subordinación

Asimismo, reiteró que la relación con Estados Unidos se basa en la cooperación y coordinación, pero dejó claro que no habrá subordinación.

“Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero nunca nos vamos a subordinar. Es un asunto de dignidad del pueblo de México y de la nación”, afirmó.

“En México decidimos los mexicanos, para empezar. Las y los mexicanos. Nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía”, expresó.

Sheinbaum respondió también a las críticas de la oposición, a quienes acusó de difundir información falsa para posicionar narrativas en contra de su gobierno.

“Esta idea de la derecha del PRI y otros actores de que si se dice muchas veces una mentira, se convierte en verdad, no corresponde a la realidad”, sostuvo.

Defiende resultados de su gobierno en materia de seguridad

En materia de seguridad, la presidenta defendió los resultados de su administración, al señalar que se ha logrado una reducción del 44% en homicidios dolosos, además de acciones coordinadas con autoridades estadounidenses.

Indicó que, a través del Consejo de Seguridad, se han enviado 94 presuntos delincuentes a Estados Unidos, pertenecientes a distintos grupos criminales, a solicitud de ese país y bajo la consideración de que la medida era benéfica para México.

Asimismo, destacó avances en detenciones, aseguramientos, destrucción de laboratorios clandestinos y protección de la población, así como una disminución en la percepción de inseguridad, de acuerdo con la encuesta ENSU del Inegi.

Sobre los casos específicos de Chihuahua y Sinaloa, la mandataria federal señaló que están en manos de las fiscalías correspondientes.

Finalmente, la presidenta aseguró que su gobierno se mantiene firme ante el contexto actual.

“La presidenta está fuerte, está sólida y muy segura. Por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo”, concluyó.

El caso del narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua dio un giro inesperado: en el sitio intervenido por autoridades no se encontraron drogas, de acuerdo con información publicada por La Jornada, lo que abre nuevas interrogantes sobre el operativo y la versión oficial difundida en un inicio.

Según el reporte del diario, en el lugar no se localizaron sustancias ilícitas terminadas ni rastros concluyentes de producción activa de droga, pese a que el operativo fue presentado como un golpe relevante contra la fabricación de narcóticos.

El dato contrasta con la narrativa inicial de autoridades estatales, que habían señalado el hallazgo de un complejo importante para la elaboración de drogas sintéticas en la región serrana del municipio de Morelos.

En los días posteriores al operativo, el caso se convirtió en un tema de alcance nacional no solo por el presunto laboratorio, sino por la polémica presencia de agentes estadounidenses en el despliegue, lo que detonó cuestionamientos sobre la legalidad de su participación y la coordinación institucional.

Incluso, investigaciones posteriores han señalado inconsistencias en la información oficial, así como omisiones en la cadena de mando y comunicación, lo que derivó en la renuncia del entonces fiscal estatal y en la apertura de indagatorias federales.

Además, reportes previos indicaban que en el sitio se localizaron instalaciones, tambos, cilindros y equipo químico, lo que sugería la existencia de infraestructura para producir drogas sintéticas, aunque no necesariamente la presencia de producto terminado.

El señalamiento de que no se encontraron narcóticos refuerza la incertidumbre sobre lo ocurrido en la sierra de Chihuahua y deja en el aire preguntas clave: si no había droga, ¿qué se desmanteló realmente?, ¿qué tan preciso fue el reporte inicial y quién construyó esa narrativa?

En medio de una crisis política por la posible injerencia extranjera y las contradicciones oficiales, el caso del llamado narcolaboratorio sigue lejos de cerrarse.

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