congreso del estado

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna se llevó a cabo una sesión solemne por parte del Congreso del Estado, donde integrantes de las cinco etnias originarias de Chihuahua dieron un mensaje.

Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso, señaló que dentro del décimo aniversario de las lenguas se han promovido varias acciones para promover el multilingüismo con la iniciativa denominada “Las lenguas toman la tribuna”.

El órgano legislativo abrió las puertas para rescatar el habla de los pueblos originarios a Alma Leticia Rivas Chaparro, del pueblo Ódame; Francisca Santaneño, del pueblo Guarojío; Oralia Carrillo Castro, originaria de la comunidad de San Isidro del municipio de Urique; Raquel Ángel García hablante de “chatino” y Blanca Rentería hablante de o’ob, perteneciente a la comunidad Pima, expresaron la importancia de la lengua.

Finalmente, la representante de la gobernadora del estado, Alejandra Enríquez, titular de la Secretaría de Cultura, señaló que se buscará garantizar los derechos culturales de los pueblos.

Añadió que entre los estados del norte, Chihuahua se caracteriza por contar con cinco pueblos originarios. Lo que ha derivado una serie de retos, exhortando a tomar acción para proteger a los hablantes de las lenguas maternas y asegurándose que el ejercer estos idiomas garantice orgullo y no discriminación a los integrantes de estos grupos.

Esta conmemoración nace tras proponer el 16 de noviembre de 1999 en la conferencia general de la Unesco un día para fomentar la cultura lingüística, acción que se lleva a cabo desde el año 2000.

Con estas acciones se busca potenciar la educación multilingüe como necesidad para transformar la educación, esto basándose en conceptos de múltiples lenguas desde la educación infantil.

Deudores alimentarios podrían quedar inhabilitados para acceder a puestos de elección popular.

La diputada Margarita Blackaller Prieto (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para que quienes se postulen como candidatos no tengan antecedentes de haber incumplido con sus obligaciones como padres de familia.

Lo que busca, dijo, es adicionar a los requisitos el de no ser deudores alimentarios morosos.

Actualmente, ya se encuentran establecidos otros impedimentos por infracciones a la ley relacionadas con la vida en familia.

Los requisitos actuales establecen que cada candidata o candidato no cuenten con antecedentes penales en delitos de violencia.

De igual forma, no deberán de contar con antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio.

“Proponemos reformar nueve leyes del estado de Chihuahua para mandar un contundente mensaje, las instituciones públicas y las personas que en ella laboramos tenemos la responsabilidad de adoptar medidas integrales que permitan tener la perpetuación y la normalización de las violencias en contra de las mujeres”, dijo la congresista.

Además, se busca promover la transparencia y la integridad dentro de la función pública, lo que contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a la consolidación del estado de derecho.

Con este tipo de acciones, señaló la diputada del décimo segundo distrito, se busca mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, y prevenir la violencia en todas sus formas.

Para la bancada del PAN en el Congreso del Estado, es “insuficientes” la sanción que le impuso el Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) en el periodo de gobierno de Javier Corral.

El coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, se refirió así a la sanción aplicada a Juan Pedro Santa Rosa, titular del ICHD, señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) como responsable del desvío de un millón 360 mil pesos para beneficio de empresas donde él tenía cargos de dirección.

“Respetamos mucho la decisión de los órganos autónomos del estado, sin embargo, considero que es insuficiente esa sanción más cuando no está acreditado la falta administrativa”, dijo.

El líder de la bancada albiazul consideró que la sanción no es suficiente y más “cuando está acreditado la sanción”.

Chávez Madrid destacó que por un lado el Tribunal refleja el trabajo al llevar a cabo esta sanción, sin embargo, recalcó que éstas deben de ser ejemplares.

Juan Pedro Santa Rosa quien fue director del ICHD en la administración de Javier Corral Jurado, es acusado por el desvío de recursos por un monto de un millón 360 mil pesos a la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual el exfuncionario era el secretario de su Consejo de Administración, y el otro con el C. Tomás Hernández Silos donde fue presidente del consejo de la empresa.

El desvío de recursos procede del año 2019, donde se fincaron las averiguaciones en el Juicio de Responsabilidad Administrativa identificado como E 034/2022-2.

Juicio que inició tras presentarse una denuncia por parte de la ASE, luego que ésta reuniera los elementos suficientes sobre los convenios de concertación con una persona moral y con una persona física con las cuales guarda una relación personal y de negocios.

El 14 de octubre de 2020 fue cuando la ASE recibió una denuncia ciudadana. El 10 de mayo de 2021, la dependencia estatal inició una auditoría al instituto que encabezaba Santa Rosa que concluyó el 15 de diciembre del mismo año con la presentación la resolución ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Chihuahua.

Asociaciones de rescate animal, médicos veterinarios y personal de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado propusieron que la penalización por el maltrato o asesinato con dolo a un animal de compañía sea de cinco años en prisión.

Lesly Ramos Flores, presidenta de “ADA Chihuahua, un hogar y refugio de mascotas”, comentó que lo más importante es el tema de la penalización, ya que en este momento es tan solo de dos a cuatro años.

“Se necesita que la penalización suba a cinco años, para que vayan a la cárcel y sean castigos ejemplares, esto en términos de materia legal”, dijo.

En torno al tema de esterilización, afirmó que muchos dueños de mascotas no están sensibilizados sobre la necesidad de aplicar ese tipo de atenciones, mientras que las autoridades no se encuentran actualizadas para hacerlas.

Las propuestas antes mencionadas se presentaron durante la “Mesa Técnica para el Análisis y Revisión Integral de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua”, donde se buscan plantear propuestas para beneficiar la ley actual.

En la misma sesión, se destacaron opciones que vayan de acuerdo al bienestar animal, como la capacitación por parte de veterinarios a las autoridades de las dependencias que recogen estos animales.

Hasta el momento, se encuentran trabajando en las propuestas de estas reformas, pero los diversos especialistas de la materia, respecto a los animales de compañía, comentaron que no deben interferir intereses personales o beneficios propios.