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La diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante de la bancada del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua.

De aprobarse, sería la primera reforma a la mencionada ley, la cual se creó en el año 2020, mediante el decreto LXVI/EXLEY/0581/2019 I P.O.

La iniciativa, según lo expuesto por la legisladora, pretende “fortalecer las facultades de la legislatura local en materia notarial”, para la designación de notarios con base en criterios objetivos y estrictamente técnicos.

Además, busca que el criterio principal para la selección de personas habilitadas para el notariado sea la preparación, experiencia y honorabilidad de los sustentantes.

Otro de los aspectos es el de garantizar la debida profesionalización del notariado, “dando plena seguridad a los usuarios del servicio”.

Para tal efecto, se daría la patente de notaria a aquella persona que demuestre ante sinodales imparciales, ser conocedor del derecho y de la función notarial su capacidad para ejercerla, además de ser la más capacitada para el ejercicio de la función notarial.

“La institución del notariado constituye uno de los pilares para la seguridad de nuestro sistema jurídico y se encuentra presente en la formalización de múltiples hechos y actos relacionados con el patrimonio y la vida de miles de chihuahuenses, lo cual, conlleva una gran responsabilidad en su ejercicio y requiere de cualidades específicas para su ejercicio”, comentó la diputada Zapata. La iniciativa de reforma de ley fue presentada ante oficialía de partes, por lo que será turnada a la comisión correspondiente para su análisis

Con un valor de 9.1 millones de pesos la pasada administración dejó caducar medicamentos, ya que no hizo efectivas las cartas compromiso de canje, según lo dio a conocer el auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, en reunión con la Comisión de Fiscalización perteneciente al Congreso del Estado.

El titular de la Auditoría Superior del Estado informó que se localizaron medicamentos en el almacén central del Ichisal caducos, destacando que la carta compromiso otorgan que el proveedor lleve a cabo el canje sin costo para el erario público.

“Cuando un medicamento se encuentra con ciertos meses, a punto de prescribir, lo único que se tiene que hacer es hacer uso de estas cartas de canje para efecto que sean presentadas al proveedor”, dijo. Sin embargo, esto no se llevó a cabo por negligencia.

Cabe recordar que este 2 de febrero la gobernadora dio a conocer que se estima que 200 millones de pesos de medicamentos se dejaron caducar. De esta cifra, 25 millones de pesos se detectaron dentro del Ichisal.

En la revisión a la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso local detectó la contratación irregular de un despacho que haría el proyecto de refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua, pero que al final del ejercicio no entregó lo que se le pidió.

El citado despacho privado recibió un pago de 98.6 millones de pesos, esto en el ejercicio 2021 dentro de la administración del gobernador Javier Corral Jurado.

La diputada Leticia Ortega Maynez (Morena), presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, informó que, de las 170 actividades que debieron de haber ejecutado el despacho en cuestión, 137 son relatorías o documentos oficiales que emanan de la Secretaría, y las otras 33 no fueron presentadas.

Entre las irregularidades que se detectaron fue que existen entregables con fechas previas a la celebración del contrato.

Héctor Acosta Félix, auditor superior del estado, dio a conocer que se utilizó la figura del Fideicomiso para contratar de manera discrecional y directa al despacho, obviando la aplicación de la Ley de Adquisiciones.

“Dicha contratación se realiza sin la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua”, declaró el auditor.

Destacó que estos fideicomisos no se deben de buscar para adjudicar un contrato sin ninguna de las formalidades que implica esta ley; esto sin suficiencia presupuestal, investigación de mercado, sin determinación de las capacidades técnicas y económicas del prestador del servicio.

El contrato presuntamente irregular fue uno de los movimientos que se detectaron durante los trabajos de la Comisión de Fiscalización.

Dentro del Congreso del Estado se presentaron dos iniciativas con el fin de garantizar la seguridad de niñas y jóvenes, esto luego de que se presentara una agresión en contra de Mya Naomi, de 17 años, quien fue agredida por su exnovio tras perpetrarle 47 puñaladas.

Las iniciativas fueron un decreto ante el Congreso de la Unión, presentadas por las diputadas Margarita Blackaller y Adriana Terrazas.

Adriana Terrazas, de Morena, presentó una iniciativa con el fin de revocar el Decreto número 618/06 VI P.E. por el cual se expide la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua.

Donde entre otros puntos señala que un adolescente a quien se atribuya un hecho tipificado como delito en las leyes penales no podrá ser juzgado como adulto. Así como que menores de doce años a quienes se atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito, están exentos de responsabilidad y no serán sujetos de esta ley ni de sus procedimientos y órganos especializados.

Mientras que la congresista Margarita Blackaller del Partido Acción Nacional, busca que se reforme la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; en específico modificar el artículo 145, relativo a las Reglas para la Determinación de Medidas de Sanción.

En el primer caso, la congresista de Morena señala que es necesario adecuar la legislación para bajar los índices de criminalidad y donde se tiene que poner sanciones fuertes en los casos de menores infractores, esto con el fin de inhibir delitos.

Por otro lado, la congresista del PAN solicitó que se derogue el artículo en el cual un menor puede tener una pena máxima de 5 años por delitos graves como homicidio.