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El Congreso del Estado rechazó el exhorto presentado por el diputado de Morena, Benjamín Carrera Chávez en el que pedía a los Consejos Consultivos de Transporte de Chihuahua y Ciudad Juárez reducir las tarifas del servicio público de transporte de manera inmediata.

El diputado expuso que no es nuevo que las deficiencias en el transporte tienen décadas de documentarse no solo como una realidad, sino en múltiples encuestas y mediciones de satisfacción que no requirieron de una reunión ni estudios del Consejo Consultivo de Transporte.

“Basta consultar el documento de diagnóstico de movilidad y transporte que genera el IMPLAN en el que, se reconoce que falta una tarifa técnica y flexible para disminuir el perjuicio al usuario que se genera al aplicar una tarifa política, además de señalar la falta de inspección y vigilancia como un factor al que en parte se atribuye el mal estado de las unidades”, explicó.

Y argumentó que, el Gobierno Estatal afirmó que hay un 96 por ciento de avance en la modernización del transporte, pero que esa cifra no es posible, ya que, de las 423 concesiones de transporte existentes en la capital del estado, 354 están en operación, y todavía habría que restarle aquellas unidades que no cumplen con el año-modelo.

Mientras que en Ciudad Juárez, del total de concesiones existentes, afirmó que solo 54% están operando, y las que cumplen con el requisito de año modelo, son solo 13 por ciento.

Además de comparar la tarifa más cara, es la de Monterrey con un precio de quince pesos, lo que contrasta con la tarifa más baja que no supera los seis pesos en la Ciudad de México.

“Las condiciones actuales del servicio de transporte en el Estado, han hecho totalmente injustificable el aumento, quedando demostrado que, el cargar el costo de este gran problema a la ciudadanía, no era ni será la panacea”, concluyó.

Se hacen de mociones por el transporte en Juárez
Al momento del debate, el diputado del PAN, Gabriel García Cantú presentó una moción para turnar el asunto a la comisión de Obras y que se solicite la comparecencia del secretario general de Gobierno a la misma comisión, a fin de que explique la información actual del sistema de transporte y el arranque del transporte “histórico” que esta por entrar en funciones en Ciudad Juárez.

El diputado Benjamín Carrera no aceptó la moción y reprochó que siempre dicen “ya merito” y no cumplen con el transporte, “con mucha pena, pero no puedo aceptar la moción que planteas”.

“Dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Sabemos que Ciudad Juárez el transporte es pésimo, no hay ni un camión de los que mencionaste, finalmente el punto de acuerdo también involucraba Chihuahua y te hubieses ahorrado el ridículo, con todo respeto”, comentó el diputado Óscar Avitia, de Morena a la solicitud de Gabriel García Cantú.

Asimismo, presentó otra moción para que previo a la comparecencia del secretario general de Gobierno, hagan las y los diputados de Ciudad Juárez de todas las fracciones, un estudio de campo sobre la situación de transporte en la frontera, mismo que se entregará al funcionario estatal en su visita a Congreso.

“Sé que les duele en el alma que Maru Campos vaya hacer un transporte histórico, ella vino a corregir los errores garrafales del transporte en Juárez con Javier Corral, por qué esa energía tan intensa no se la hacen de reclamo al exgobernador y ahora su compañero de partido”, respondió Gabriel García.

La moción del diputado Gabriel García Cantú obtuvo mayoría con 18 votos a favor y 10 en contra; por lo que la vicepresidenta del Congreso, Ivón Salazar dijo que la moción de Óscar Avitia quedó sin materia y al mandarse a comisión se quedó en los términos de comparecencia del secretario y no como llamado al Consejo Consultivo que presentó Benjamín Carrera.

“Es una salida muy lamentable que se le hace al tema de transporte, hago un llamado respetuoso a la Mesa Directiva a que le tengamos respeto al pueblo de Juárez, no podemos decir que va el 96 por ciento de avance, cuando los juarenses todos los días nos reclaman eso”, comentó para finalizar el tema, Óscar Avitia.

El Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo promovido por el Partido Acción Nacional para exhortar al presidente de la República, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, al titular del IMSS Bienestar a no vulnerar los derechos laborales de 142 empleados adscritos al “Programa E023” en Chihuahua.

La diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, expuso que al desaparecer el “Seguro Popular”, fue un golpe directo para la salud pública de los mexicanos, que afectó la atención médica de más de 20 millones de personas.

Luego se creó el Insabi que también desapareció para luego presentar ahora el IMSS-Bienestar, que criticó refleja la ineficacia del proyecto de salud por lo que aseguró Gobierno estatal, debió crear el programa MediChihuahua para proteger y salvaguardar la salud pública en la entidad.

“Decidió no adherirse a este juego burocrático IMSS Bienestar, pues el Gobierno Estatal ésta ocupado en sus 23 Hospitales; 234 Centros de Salud; como también ofreciendo la atención médica en 129 especialidades al servicio de la población”, expuso Reyes Calzadías.

El 1 de abril del 2024, informó que más de 100 empleados adscritos al Programa (E023) conformados por médicos; enfermeras; psicólogos; y nutriólogos, serían despedidos. Razón por la que se manifestaron en la capital del Estado, para exigir el respeto de sus derechos laborales.

“Estas terminaciones laborales ocurrirán en todas las Entidades Federativas que no se encuentren adheridas al Acuerdo Nacional para Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar”, denunció.

Por lo que hizo un llamado, ya que la posible omisión de una notificación de despido, con un plazo mínimo de anticipación en términos de ley; sin debida fundamentación y motivación al trabajador o trabajadora, vulnera flagrantemente los derechos laborales de las y los profesionales de la salud.

La diputada detalló que el “Programa E023” contaba con 31 auxiliares de enfermería; 4 enfermeras generales; 15 psicólogos clínicos; 15 nutricionistas; 10 médicos generales; 6 terapistas especializados; y 1 despachador de farmacia, para atender zonas de alta y muy alta marginación.

En tanto que, la plantilla de personal eventual para el programa E023 de Apoyo Covid estaba conformada por 6 auxiliares de enfermería; 3 camilleros; 32 enfermeras; 3 médicos especialistas; y 16 médicos generales.

Y que, en el caso de Chihuahua, el afectar el “Programa E023”, significará de forma mensual que dejen de proporcionar más de 8, 000 atenciones de psicología y salud mental; afectando así a más de 300 menores de edad que acuden a recibir terapias psicológicas y de lenguaje, además de 13,241 consultas médicas que el personal E023 proporciona en los Centros de Salud.

En el debate que duró alrededor de 2 horas, con 12 intervenciones en tribuna en las que debatieron Jael Argüelles, Isela Martínez, Gustavo de la Rosa, Edgar Piñón, Rosana Díaz, Alfredo Chávez, Cuauhtémoc Estrada, Saúl Mireles, Óscar Avitia, Carlos Olson, Benjamín Carrera y Óscar Castrejón, quienes criticaron tanto a Gobierno Federal como Estatal, coincidieron en la falta de servicios de salud y se reclamaron el uso político del tema.

Al momento de la votación se registraron 11 votos a favor y 11 en contra, por lo que la presidenta Adriana Terrazas Porras, hizo uso de su voto de calidad, dándolo a favor del exhorto, dejándolo en los términos planteados por el PAN, además de instar a la Junta Especial No. 26 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chihuahua y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) su apoyo en la revisión de la situación antes señalada.

El Congreso del Estado llamó a la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Fiscalía General del Estado a esclarecer el feminicidio cometido en contra de Sayra Esmeralda Ríos Gómez, además de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño a su familia.

Sayra Esmeralda de 27 años, fue reportada como desaparecida el 29 de marzo, en la colonia Morelos II de Ciudad Juárez y localizada sin vida el 2 de abril, a un kilómetro de la Termoeléctrica de Samalayuca.

“Es indignante y genera una impotencia para todas ver cómo nos siguen desapareciendo y asesinando, y que esto se realice sin consecuencias. Pues los asesinos, ven que pueden seguir cometiendo esta violencia hacia las mujeres y que no pasa nada”, reclamó en el Pleno, la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez.

La legisladora dijo que el caso de Sayra Esmeralda no es el único, porque en lo que va del mes de abril, suman 38 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, 13 de las cuales fueron asesinadas en el mes de enero, 13 en febrero, 11 en marzo y ahora el de la joven en abril.

Además de recordar que, en el 2023, en Ciudad Juárez se registraron 155 mujeres víctimas de homicidio doloso, de las cuales, solamente 25 fueron tipificados como feminicidio, donde el Diagnóstico sobre la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez 2021 – 2023 presentado por el Instituto Municipal de las Mujeres indica que el feminicidio en la frontera aumentó, durante ese tiempo, en un 50 por ciento.

Leticia Ortega dijo que Morena ha hecho uso de esta tribuna para hacer un llamado a la gobernadora María Eugenia Campos Galván para que se implementen mecanismos y estrategias con la finalidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, así como en todo el estado de Chihuahua; y continuaremos exigiéndolo porque cada niña, cada adolescente y cada mujer de este estado merece vivir libre, segura y sin miedo.

El exhorto fue apoyado por PAN y PRI, previo a la votación el diputado Alfredo Chávez Madrid dijo que estarán de acuerdo siempre defender la vida y que todo el Estado mexicano es responsable de la vida y defensa de las niñas, adolescentes y mujeres.

El exhorto quedó aprobado con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Ana Juárez

El diputado del PAN, Carlos Olson San Vicente celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya hecho valer dos derechos desde su perspectiva, los cuales dijo son el de los padres por la educación de sus hijos, y el derecho de los alumnos a educación de calidad.

“En una educación científica, que nos eleve a la competitividad en el mundo que estamos viviendo, una educación fuera de la ideología”, expuso.

Carlos Olson San Vicente dijo que la resolución indica el libre derecho de los responsables de familia a que no utilicen los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana y se reinstale el modelo educativo del 2017.

“Con este amparo, si los padres lo solicitan, Gobierno del Estado tendrá que retirar los libros, ahora los padres pueden ejercer ese derecho en las escuelas y pedir que directivos y maestros acatar la resolución”, comentó.

El legislador dijo que la resolución es para todos los padres, no sólo para quienes interpusieron el recurso, pero si aclaró que falta que se resuelva una impugnación, otras instancias y colegiado, es un tema que abarca este ciclo escolar enero-junio, al que le quedan menos de dos meses de clases.

Al ser cuestionado, sobre el efecto del amparo sobre la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se pidió reparar el daño a la niñez afectada por la prohibición del material educativo para el ciclo escolar 2023-2024; respondió que fue una recomendación política.

-El amparo pide no excluir o segregar a quienes no usen libros de texto de la NEM

En días pasados se dio a conocer que el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Chihuahua, resolvió un amparo para el uso libros de texto gratuito a nivel primaria y secundaria del Sistema Educativo Nacional aprobados en 2017, además de no excluir o segregar al estudiantado por la no utilización del material didáctico.

El argumento fue que, durante el procedimiento, se alteró el orden de disposiciones normativas, ya que las autoridades imprimieron los libros y posteriormente, aprobaron la publicación de los programas de estudio, lo que debió ser al revés.

En febrero de 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 21/2024 a los estados de Coahuila y Chihuahua, en la que confirmó que con la prohibición de los libros de texto gratuitos al inicio del ciclo escolar 2023-2024, se perjudicó el interés superior de la niñez, en relación con el derecho de la educación.

Además de que ambos gobiernos estatales retrocedieron en lo establecido en la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con un impacto negativo en el objetivo 4, sobre Educación de calidad.

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