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El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó que el 25 de noviembre, sea establecido como “Día Estatal de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, como parte de la visibilización y reconocimiento de parte de los estados, de la violencia de género en la entidad.

Esta fecha mejor conocida por los grupos feministas y derechos humanos como #25N, es un día de conmemoración y memoria para aquellas mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia de género y feminicida.

La diputada Antonieta Pérez Reyes, en representación de la Comisión de Igualdad, al presentar el dictamen, dijo que esta fecha se ha convertido en un espacio para hablar de la acción de los gobiernos y apelar a la conciencia ciudadana, “muchas reformas legislativas se han acometido en pro de la erradicación y la prevención de la violencia de género”.

El Congreso, al establecer este día estatal da cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022–2027, indicó.

Como dato adicional, la propuesta fue impulsada por el legislador Omar Bazán Flores del Partido Revolucionario Institucional.

La Confederación Nacional Campesina en Chihuahua denunció que el Gobierno Federal atiende sólo a los productores de base social, olvidando a los pequeños, medianos y grandes productores que existen no solo en el centro, sur, sino también al norte del país.

“Las promesas del 2019 de ser soberanos alimentariamente, son un mito. La política económica para el tema productivo, eliminó ya 21 programas, el más reciente el acceso al financiamiento de productores. Nos siguen viendo despreciados”, expresó Carlos Manjarrez Domínguez, dirigente del CNC.

Adelantó que, en el 2024, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrados le va a caer como “anillo al dedo”, la sequía, ya que los productores van a estar a la espera de apoyos de la Federación para no ir a la quiebra en sus campos.

“Es mi pasión el campo de México y todo el tema ha sido referente al desprecio con los campesinos del norte, el productor chihuahuense no requiere que le den dinero, sino condiciones para dar valor agregado y comercializar, y que nos ayuden a contrarrestar asuntos globales como el costo de los energéticos”, explicó.

El líder de la CNC dijo que acuden al Congreso del Estado para entregar alternativas para la adversidad de la sequía y el cambio climático que afecta a Chihuahua, con opciones a corto, medio y largo plazo.

La primera, una solicitud de seguro catastrófico para dar certeza al productor y su familia con una póliza estatal contra desastres naturales para evitar la descapitalización del campo chihuahuense.

Además, generar un fideicomiso para la tecnificación de sistemas de riego; promover la diversificación agrícola para mayor rentabilidad y menor impacto ambiental; ajustar la carga animal, la diversificación de especies pecuarias y la agroindustria.

Dichas peticiones se le entregaron a diputados del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, quienes dijeron que trabajarán en las adecuaciones legislativas para presentarlas ante el Pleno.

Con la aprobación de la mayoría del Congreso del Estado, este martes en sesión ordinaria del Legislativo, se acordó solicitar a la Federación declarar estado de emergencia humanitaria por la crisis migrante que se vive en Ciudad Juárez, así como la intervención militar a través del PLAN DN-III.

En su exposición de motivos, el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, expuso que el estado de emergencia humanitaria se puede llevar a cabo en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

“Solo el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”, explicó.

Sánchez Villegas expresó que los migrantes son víctimas que huyen de “regímenes empobrecedores, de las tiranías”. Mientras que las pérdidas económicas han “colapsado” al sector manufacturero de importación y el cierre de empresas asciende a 871 millones de dólares durante septiembre de 2023.

“Francisco Garduño Yáñez es el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) y, bajo su liderazgo, ocurrió un trágico incendio en el que fallecieron 40 migrantes en una estación de migración”, agregó.

En este sentido, dijo la bancada naranja también exige al titular del Instituto Nacional de Migración su renuncia inmediata, a fin de que su posición sea tomada por alguien capaz de resolver la crisis migratoria y humanitaria que “azota” a Ciudad Juárez

Sugiere PAN que intervenga el Ejército Mexicano para controlar crisis migrante

Gabriel García Cantú, diputado del PAN solicitó una moción para agregar en el punto de acuerdo la aplicación del Plan DN-III, por parte del Ejército Mexicano para que sea el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales para realizar actividades de auxilio a la población, ante desastres de origen natural o humano.

“Hace un retrato perfecto de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, nos encontramos ante una crisis que debe hacer frente la Federación. Por lo que creemos importante que el ejército brinde toda la ayuda humanitaria en la ciudad y en el río Bravo”, expresó García Cantú.

El diputado criticó el actuar del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien le dijo “ciego” ante la preocupación juarense por la población migrante.

La moción se agregó al punto de acuerdo con 17 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones.

Absurdo y peligroso que Ejército intervenga en Ciudad Juárez: Morena

El diputado de Morena, Gustavo De la Rosa Hickerson, calificó de absurdo el declarar en “estado de emergencia” a Ciudad Juarez, ya que dijo que en los términos del artículo 29, sería suspender los derechos y garantías de los juarenses.

“No creo que la gobernadora esté de acuerdo”, señaló el diputado morenista, ante la propuesta de Movimiento Ciudadano.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, aseveró que esto abre la puerta a entregar los poderes en Juárez a las milicias, una situación que vulneraría a todos los habitantes en la fronteriza ciudad, y que impactaría directamente a las autoridades locales, incluyendo el Gobierno del Estado.

El acuerdo fue aprobado por mayoría con 19 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones.

El Poder Legislativo de Chihuahua por unanimidad realizó un exhortó para que el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional del DIF garanticen la seguridad, estancia, salud y alimentación de niñas, niños y adolescentes migrantes en Ciudad Juárez.

Rocío Sarmiento, diputada del PAN, expuso que los flujos migratorios de la población infantil en contexto de movilidad humana han aumentado exponencialmente en el último decenio, siendo el 23% del total de la población migrante internacional en el continente americano, de acuerdo con lo señalado por Unicef.

La diputada dijo que de acuerdo a cifras más recientes, entre enero de 2022 y marzo de 2023, fueron asegurados 90 mil 114 niñas, niños y adolescentes en condición migratoria irregular, de los cuales 10 mil 554 (12%) fueron deportados, de conformidad con datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Originarios de América del Sur y Centroamérica, arrastran rezagos económicos y sociales que históricamente son detonantes de la migración. Con estos datos nos queda claro que la niñez migrante ha sido un fenómeno lastimoso y recurrente que va en aumento desde 2014 a la fecha”, agregó.

Aseguró que hay muchos niños que se llaman “de circuito”, que están en la frontera norte, principalmente en Ciudad Juárez y Tijuana, y que se llaman así porque van y vuelven, ya que el crimen los utiliza para traficar personas y sustancias y, por su edad, no los pueden detener en Estados Unidos, entonces los regresan.

“Hay niños que han hecho hasta 300 vueltas, al final los criminales se aprovechan de los niños, que son quienes corren más riesgos”, agregó.

La diputada recalcó que la estrategia del gobierno mexicano es abrir Centros de Asistencia Social, CAS, públicos y privados, con asociaciones que brinden servicios de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar, pero que estás deben ir acompañados del desarrollo de estándares de calidad para lograr la atención integral de acuerdo con principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Y recordó que la reunión de Coordinación Binacional con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez y el general de División, Norberto Cortés Rodríguez; de Troy Miller, comisionado de CBP del Gobierno de Estados Unidos; Manuel Padilla, asesor general del CBP, y la gobernadora Maru Campos, uno de los acuerdos fue habilitar albergues para atender en especial a niñas niños, y adolescentes.

“Sin embargo, no se ha llevado a cabo esta acción, ni implementado garantías de protección a las niñas, niños y adolescentes que transitan por el territorio nacional en calidad de migrantes”, acusó.

Por lo que llamó a los diputados a exhortar al Instituto Nacional de Migración para actualizar urgentemente el Protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios.

También, al H. Congreso de la Unión a fin de que dé cumplimiento al Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante.

Y que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, los recursos necesarios para la operación de los Centros de Asistencia Social.

Además del funcionamiento de las Procuradurías de Protección, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento.

Por último, que el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de la Administración Pública Federal, a la mayor brevedad, asuma las responsabilidades administrativas correspondientes para que las niñas, niños y adolescentes migrantes y/o refugiados sean beneficiados con las políticas públicas que el Estado Mexicano tiene previstas para garantizar sus derechos humanos.

El llamado fue aprobado en todos sus términos por unanimidad con 27 votos a favor.