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La Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, reanudó luego de un receso desde el pasado miércoles, no obstante, el Partido Acción Nacional repitió su intervención, por lo que el grupo de Morena volvió a pausar la sesión en menos de 5 minutos.

El grupo parlamentario de Morena acusó a los panistas de utilizar un “discurso de odio” y de mentiras. Cuestionaron los ataques al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

En el orden del día, se encontraba terminar la sesión que fue suspendida el miércoles para empezar la nueva sesión ordinaria, pero eso no fue posible porque se extendió el conflicto entre los grupos parlamentarios.

El diputado Óscar Avitia Arellanes propuso una iniciativa con carácter de decreto para que las autoridades educativas del estado contemplen la construcción de dormitorios para alumnos en situación de vulnerabilidad.

Avitia indicó que desde hace tiempo se ha hecho patente la enorme presión que recae sobre el sistema de educación superior para dar abasto a una creciente demanda.

“Nacer en el seno de una familia pobre, en un poblado rural o en una zona marginada, pertenecer a una etnia o tener algún tipo de discapacidad, son pecados que nuestro sistema pareciera casi nunca perdonar”, dijo el legislador.

Frente a esa situación propuso adicionar el tercero y cuarto párrafo al artículo 111 de la Ley Estatal de Educación, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 111

(…)

“Con base en su capacidad presupuestaria las Autoridades Educativas del Estado podrán contemplar el diseño y la construcción de dormitorios, los cuales servirán para proveer a los estudiantes de nivel superior con mayor grado de vulnerabilidad, de un espacio seguro y digno que sea destinado a su hospedaje”.

El diputado, presidente de la comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, explicó que, según datos de la SEP en el 2020, únicamente el 23.2% de la población de 25 a 34 años contó con una educación superior concluida y solo 5 de cada 100 personas que viven en zonas de alto rezago social concluyeron la universidad.

Dijo que eso es alarmante, además de injusto.

Enfatizó en que la educación en el estado, sobre todo la de nivel superior, pareciera mantener criterios selectivos bastante rígidos, a la vez que restrictivos.

Detalló que la educación es negada por diversas razones, como ser originario de alguna de las zonas rurales, o bien, de los municipios de menor tamaño y densidad demográfica que cuentan con una nula oferta educativa.

“Estas circunstancias obligan a los estudiantes a tener que interrumpir sus estudios o desplazarse a los núcleos urbanos para completar su formación, algo que no siempre es posible por la falta de recursos económicos de las familias”, enfatizó el legislador.

El Congreso del Estado incorporó en el Código Penal del Estado de Chihuahua el delito de pederastia.

Los diputados en el Pleno votaron a favor el dictamen con carácter de decreto que presentó la diputada Margarita Blackaller Prieto, para reformar el artículo 105, segundo párrafo y adicionar el artículo 179 Bis, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Blackaller Prieto destacó la importancia de contemplar dentro de la legislación sustantiva penal el delito de pederastia, de manera enunciativa, para visibilizar el problema que existe actualmente en el estado.

Antes de la aprobación, Blackaller Prieto expuso que Chihuahua es una de las entidades del país que presenta mayor incidencia en delitos sexuales, aunado a que según datos de la Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 50 por ciento de víctimas, son personas que no alcanzan la mayoría de edad.

Consideró que es necesario visibilizar el problema y agregó que la pederastia se define como toda conducta en la que una persona menor de dieciocho años es utilizada como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad.

Esa relación desigual se puede presentar en cuanto a la edad, la madurez o el poder que el agresor mantiene sobre la víctima.

La legisladora señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversas ocasiones, que es primacía salvaguardar el interés superior de la niñez.

“Los delitos de esta naturaleza, causan grandes daños a las niñas, niños y adolescentes; llegando a sufrir miedo, problemas para dormir, pesadillas, confusión, sentimientos de culpa, vergüenza, ira, baja autoestima, entre otras circunstancias”, expresó.

Indicó que el daño se incrementa cuando es alguien cercano quien realiza la conducta delictiva, ya que las víctimas pierden la confianza en la persona que debe protegerlas o que visualizan como una figura que brinda seguridad, creando una sensación de indefensión.

Maestros de la educación indigena se manifestaron frente al Palacio de Gobierno y del Congreso del Estado para exigir la creación de una Dirección Educativa de Pueblos Indígenas.

Lo anterior, al no estar de acuerdo de que la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) pase de ser parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Dicha petición fue realizada a los Servicios Educativos del Estado (Seech), al manifestar que con el esquema actual no se atienden debidamente sus necesidades por parte de Gobierno del Estado.

Además, ante el Congreso del Estado los manifestantes consideran que no se les consideró a los pueblos indígenas al momento de aceptar esta iniciativa, vulnerando sus derechos laborales.

“Nosotros debemos seguir siendo parte de la Secretaría de Educación Pública, no de una cultural, nosotros estamos enseñando”, dijo Fermin Calzadillas, uno de los maestros inconformes.

Los maestros señalaron que las consultas se realizan sin avisar a quienes trabajan en las comunidades lejanas, lo que se convierte en una arbitrariedad por parte de los legisladores de Morena al aprobar este tipo de iniciativas.

Los manifestantes procedentes de municipios serranos como Guachochi, Carichí, Batopilas, Tomochi, Guerrero, San Rafael, Urique, Guadalupe y Calvo, y Chihuahua, exigieron ser escuchados por diputados locales para que en caso de que a nivel federal se apruebe esa ley, a nivel estatal sea rechazada y así sumar mayoría de legislaturas locales en caso de aprobarse el cambio.

El diputado Oscar Castrejón Rivas, los atendió al exterior del Congreso del Estado para escucharlos y afirmar que en este momento se busca que al frente de las instituciones esté alguien de un pueblo originario, que entienda los problemas que se presentan.

“Aquí en este Congreso se hizo una ley en la que no consultaron a los pueblos originarios, por lo que se promovió un amparo, no obstante, todos desistieron. Nosotros los de Morena seguimos diciéndole al Juez de Distrito que se debe seguir luchando para que esto no se pase de largo”, dijo Castrejon.

Rosalva García, maestra de educación indígena, indicó que si los DGEI pasan a ser parte del INPI, se va a perder el progreso educativo bilingüe, ya que se cambian los libros de texto, afectando a los alumnos de estos programas.