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Que no se apliquen las multas de 6 mil pesos por gastos de ejecución a quienes no hayan realizado su trámite de canje de placas y pago de revalidación vehicular, pidió el Grupo Parlamentario de Morena a Gobierno del Estado.

Los diputados exhortaron en sesión de Congreso del Estado a que la Secretaría de Hacienda desestime la aplicación de la multa por 60 UMAS (Unidades de Medida y Actualización) que anunciaron los funcionarios estatales.

El Grupo Parlamentario propuso que se brinde a la ciudadanía facilidades de pago, optando por medidas de regularización y no de sanción.

“La administración actual ha buscado desmarcarse de los errores de la administración anterior, encontramos que se bajó el concepto de multa por gastos de ejecución de 50 UMAS equivalente a 4 mil 811 pesos. Hoy se recurre de nueva cuenta a imponer una multa mucho más onerosa, a quienes no hayan cumplido con el canje de placas y circulen con lo que se ha llamado, placas vencidas” dijo Benjamín Carrera a nombre de su bancada.

Señaló que, en Chihuahua, a diferencia de lugares como la Ciudad de México, no se contempla de manera puntual cuál es la duración de las placas, sino que ésta atiende a la voluntad de la autoridad que lleve a cabo un “replaqueo”.

Respecto al pago de la revalidación, indicó que ni la Ley de Ingresos ni la Ley de Derechos a nivel estatal contemplan plazos fatales para la realización del pago de derechos de control vehicular.

Según el tabulador contenido en el Acuerdo No. 060/2020, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, por llevar placas extemporáneas se contempla una multa de tránsito que puede ir de 6 a 9 Unidades de Medida y Actualización Vigentes, es decir, entre 622.44 y 933.66, pesos según el valor de la UMA en 2023, valor que está muy alejado del que hoy se pretende cobrar.

“Lanzamos de nuevo la pregunta: ¿Será propio de un gobierno que se dice humano, multar a la población con lo que, para muchas familias equivale a los alimentos de más de un mes? ¿Será justo que la ciudadanía asuma solo costos, mientras se premia con condonaciones multimillonarias a las grandes empresas?” cuestionó el legislador morenista.

Integrantes de la agrupación “Lucha Digna Agropecuaria”, realizaron una protesta en el Congreso del Estado en contra de la diputada de Morena, América García, quien cuestionó la entrega de 24 millones de pesos de recursos estatales en favor de esa asociación civil.

Jesús Emiliano García señaló que la legisladora es ignorante de los temas del campo y que la asociación cumplió con todos los requisitos para hacerse acreedora de los apoyos por parte de las secretarías de Desarrollo Humano y de Desarrollo Rural.

García retó a la diputada para que revise los documentos de más de 2 mil agremiados que recibieron el apoyo, los cuales fueron presentados en físico.

Recordó que inicialmente tuvieron problemas con Lilia Merodio, exsecretaria de Desarrollo Rural, ya que no se crearon las reglas operativas para aplicar insumos agropecuarios y atender la sequía.

“Finalmente los recursos no se podían aplicar de manera inmediata porque para hacerlo nos iríamos hasta junio y julio…finalmente se decidió que parte del recurso para los insumos se fuera para Desarrollo Humano”, explicó el líder.

Aseguró que se aplicaron estudios socioeconómicos previos a recibir los recursos.

Detalló que acudieron con los más de 2 mil expedientes de los integrantes que recibieron granos y fertilizante subsidiados, para mostrar la documentación a la diputada morenista América García.

El contingente se manifestó afuera del Congreso y después pudo ingresar al Pleno en día de sesión ordinaria.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó siete de los decretos aprobados por el Congreso de la Unión sobre las reformas prioritarias del Ejecutivo, entre ellos, los que otorgan al Ejército el control por tiempo indefinido del Tren Maya, el que establece la seguridad del espacio aéreo por parte de las Fuerzas Armadas y el que combate el tráfico de fentanilo.

Se publicó también la reforma al artículo Tercero de la Ley de Vías de Comunicación para que la empresa castrense Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica tenga el control total del Tren Maya.

También aparecieron los decretos por el que se reforman las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, y del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, de Aeropuertos y de Aviación Civil, en materia de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, por el que las Fuerzas Armadas podrán implementar acciones para garantizar que las operaciones aéreas en territorio nacional se realicen sin fines ilícitos o atenten contra la seguridad nacional.

Se autoriza que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pueda administrar aeropuertos y una aerolínea de próxima creación, la Aerolínea del Bienestar.

Otras son las leyes Federal de Derechos y General de Turismo, que establecen que el Tren Maya recibirá 80% de los recursos que se obtengan por el pago de derechos de visitantes extranjeros.

Además, se publicó el decreto conocido como “Ley antifentanilo”, que busca combatir esa droga.

El pleno del Congreso del Estado aprobó dos reformas para establecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres como una obligación en la administración pública estatal.

En los casos contrarios, se considerará violencia laboral el hecho de que se paguen salarios distintos en funciones iguales a hombres y a mujeres, ya sea en el Gobierno del Estado o en las presidencias municipales.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Igualdad, en el cual se contempla modificar la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerará como violencia laboral toda acción u omisión que directa o indirectamente provoque la brecha salarial de género.

En la exposición de motivos, la diputada Georgina Zapata (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad, mencionó que el nuevo marco legal motivará mejores prácticas laborales en el sector público, lo cual favorecerá a las mujeres.

De esa forma, agregó, se formará un entorno de trabajo basado en los principios de igualdad, mejores relaciones laborales, una política salarial más coherente, y mayor autonomía económica de las trabajadoras.