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En el estado de Chihuahua no se han erradicado de manera contundente los hechos de violencia relacionados con organizaciones del crimen; aunque se han controlado, “en cualquier momento se pueden salir de control”, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, Mario Cepeda Lucero.

El factor principal, precisó, es que los cárteles de la droga están luchando por territorio y, quizás, por la misma presión del Gobierno estadounidense, están buscando alternativas a los negocios que ya no tienen como antes.

Puso como ejemplo lo que ocurrió en esta frontera, cuando organizaciones criminales se aprovecharon del tráfico de migrantes para convertirlo en un negocio lucrativo.

Como ya no lo tienen —desde que el Gobierno estadounidense endureció la política migratoria— ahora existe el riesgo de que busquen alternativas para sostener sus ingresos, alertó.

Cepeda Lucero recordó que, en Ciudad Juárez, se han conocido directamente las repercusiones que puede tener la violencia desbordada de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas.

“Se disminuye de manera muy importante la actividad económica, la actividad social e, inclusive, la actividad familiar, porque dejas de interactuar con las personas”, señaló.

De acuerdo con el líder del sindicato patronal, en esta frontera se necesitaron cinco años para recuperar la normalidad, luego de que —por la inseguridad— emigraron cerca de 300 mil personas.

Durante la tarde del martes, la gobernadora Maru Campos recibió en Palacio de Gobierno al presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, con quien analizó las acciones que realizan en conjunto, en beneficio de la población.

El encuentro tuvo lugar en el Despacho del Ejecutivo, donde la mandataria dialogó con el líder del sector patronal sobre las colaboraciones que se tienen en vigencia, se informó a través de un comunicado de prensa.

Además abordaron temas relacionados con el desarrollo económico, las estrategias para fortalecer la coordinación entre el sector público y el empresarial y mejorar la competitividad, la atracción de inversiones y la generación de empleos formales.

Al encuentro asistieron además los secretarios, general de Gobierno, Santiago De la Peña; del Trabajo y Previsión Social, Diódoro José Siller; de Hacienda, José de Jesús Granillo; de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez.

También estuvieron presentes el titular de la Secretaría Particular del Ejecutivo, Fernando Álvarez Monge y del asesor financiero del Gobierno del Estado, Ernesto Cordero Arroyo.

También acudieron los presidentes de Coparmex de los municipios de Chihuahua, Jorge Treviño; de Juárez, Mario Cepeda; de Cuauhtémoc, Carlos Iván Hermosillo; de Delicias, Héctor Iracheta; de Parral, Marco Loya y de Nuevo Casas Grandes, Alberto Armendáriz.

La elección de este 1 de junio no nació de un esfuerzo democrático para mejorar la impartición de justicia, “sino de un intento por controlar al Poder Judicial”, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado.

“Lo que debería ser una transformación hacia un Poder Judicial fuerte, transparente y profesional ha derivado en un proceso opaco, improvisado y manipulado”, afirmó el posicionamiento del sindicato patronal.

Adelantó que el resultado de este ejercicio será un sistema “debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado”.

En el estado de Chihuahua se van a elegir más de 800 cargos judiciales de los cuales, poco más de 300 corresponden al Distrito Bravos con sede en Ciudad Juárez.

El organismo empresarial planteó que la ausencia de criterios técnicos claros, la improvisación del proceso electivo y la falta de un diagnóstico serio previo, derivaron en un modelo “débil, permeable a intereses políticos y vulnerable a la desconfianza ciudadana”.

No partió de un diagnóstico técnico de mejora institucional sino de una lógica de control, la lealtad política sobre la idoneidad profesional, advirtió.

A poco más de 72 horas de que se declare iniciada la jornada electoral del domingo, Coparmex reiteró su oposición al proceso, enfatizando que “no fue consensuado con las distintas fuerzas políticas”.

Criticó el hecho de que fue imposible que la ciudadanía conociera a las y los candidatos por la falta de un proceso transparente de difusión de perfiles y propuestas.

La falta de difusión pública, estructurada y confiable -planteó- “impide ejercer un voto razonado”.

Ante ese escenario la Coparmex desplegó una estrategia nacional de observación con más de 215 observadores que se sumarán a las más de 139 mil registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), se informó.

El propósito de la observación electoral, apuntó el comunicado, es documentar irregularidades y denunciar todo intento de manipulación.

En este contexto, sostuvo, “la observación electoral es el último dique frente al debilitamiento de la justicia”.

La aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos podría llevar a México a una recesión y una devaluación de su moneda.

Ese fue el planteamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en un comunicado emitido este miércoles.

Ambas situaciones tendrían como consecuencia incremento de costos para las empresas y afectarían el poder adquisitivo de las familias, estimó el organismo.

En ese escenario el peso mexicano que hoy ronda los 20 pesos, podría llegar a venderse en más de 22, calculó.

Pero no únicamente habrá consecuencias en México o Canadá, países destinatarios de la tributación aplicada por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con el análisis de Coparmex, también se van a generar presiones inflacionarias dentro de Estados Unidos, afectando principalmente a los consumidores de ese país.

El sindicato patronal sostuvo que imponer aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos y canadienses, junto con la aplicación de medidas recíprocas a productos agrícolas a partir del 2 de abril, representa “un retroceso en la relación comercial entre ambos países y vulnera la competitividad de Norteamérica”.

Además, la medida contradice los principios del T-MEC y genera incertidumbre en los sectores productivos.

“La integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido un factor clave para el desarrollo de las tres naciones, y la imposición de barreras arancelarias socava la estabilidad de las cadenas de suministro y afecta la inversión productiva”, planteó.

En el posicionamiento enviado a medios, Coparmex calificó la decisión del gobierno de Donald Trump como una “falta de compromiso con la cooperación y el respeto a los acuerdos comerciales”.

Lo anterior dado que por parte del gobierno mexicano, se tomaron medidas para atender la seguridad y la migración como lo solicitó el gobierno estadounidense, que puso el plazo de un mes para ver resultados.

En ese sentido estimó que a nivel político, esta decisión unilateral impone presiones adicionales a México en materia de seguridad y migración, “temas que han sido utilizados como condicionantes en la relación comercial”.

De acuerdo con Coparmex, México debe analizar rigurosamente la posibilidad de responder con medidas arancelarias, evitando daños colaterales y acudiendo a posibles recursos de impugnación contemplados en el T-MEC.

“Instamos al gobierno de México a adoptar una postura firme y a hacer uso de los mecanismos establecidos en el T-MEC para impugnar esta medida arbitraria”, afirmó.

Finalmente, como lo han venido planteando diversos líderes empresariales en los últimos años, la Coparmex reiteró la necesidad de fortalecer la diversificación de mercados y reducir la dependencia de un solo país, con estrategias que fomenten la competitividad y el crecimiento de las empresas mexicanas en los mercados internacionales.

“México debe ofrecer un entorno estable, incentivos estratégicos y certidumbre jurídica que fortalezcan la confianza empresarial y promuevan la permanencia y expansión de las compañías en el país”.

“Para ello, la colaboración entre el sector privado y el gobierno es indispensable”, ponderó.

Para el caso particular de Ciudad Juárez la amenaza de los aranceles es parte del coctel que en el último año y medio ya se llevó más cincuenta mil empleos y amenaza con la salida de diversas empresas, especialmente en el sector maquilador.

Apenas la semana pasada la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco) compartió datos del IMSS confirmando el cierre de 402 empresas en el mismo periodo.

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