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crematorio plenitud

Ciudad Juárez.- Ya pasaron 365 días desde que ese establecimiento, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, se convirtió en el epicentro de una tragedia que no solo abrió uno de los capítulos más oscuros de Ciudad Juárez, sino que también horrorizó a la comunidad internacional.

Las cosas han cambiado ligeramente en el cruce de las calles Chihuahua y Querétaro. En la reja del lugar, así como en los muros de la entrada principal, sobresalen 386 corazones rojos, uno por cada cuerpo abandonado en el crematorio Plenitud.

Estas figuras fueron pintadas por las familias que integran el colectivo Memoria, Dignidad y Justicia como una forma de expresar su exigencia de justicia y el amor que profesan a sus muertos. También representan su denuncia de haber sido víctimas de un fraude.

Quisieron dejar constancia de que las funerarias que contrataron para despedir con dignidad a sus seres queridos, bajo la promesa de que serían incinerados, simplemente dejaron los cuerpos ahí, descomponiéndose.

Mientras tanto, los deudos recibieron urnas con cenizas que, tras revisar su contenido, aparentaban ser material de construcción o arena para gatos.

El letrero de clausura colocado por las autoridades sanitarias y la Fiscalía General del Estado (FGE), una vez concluidas las diligencias en el lugar, ya está carcomido por las condiciones climáticas. El calor y el polvo que predominan en la zona han deteriorado el documento hasta hacerlo apenas visible.

Parte del funesto escenario también ha cambiado con el paso del tiempo. El pequeño montículo de arena y grava que se levantaba cerca de la entrada ya desapareció. Durante semanas sirvió como plataforma para que curiosos y trabajadores de los medios de comunicación alcanzaran a observar el interior del inmueble, que alguna vez se ostentó como un crematorio.

Sin embargo, hay algo que permanece: un intenso olor a putrefacción que se vuelve más penetrante conforme uno se acerca a la entrada. El hedor invade la nariz, oprime el pecho y dificulta la respiración.

Al mirar hacia el interior, a través de la barda y los resquicios de la reja, aparece un panorama en ruinas: un sitio donde, de pronto, el tiempo pareció detenerse.

Sobre el suelo, cubierto en su mayor parte por grava, aún se observan algunas latas y cubetas dispersas por todo el terreno, probablemente desde los cateos realizados en busca de cuerpos.

Cerca de una pared permanecen escombros, basura y una pequeña silla, todo atrapado dentro de este lugar.

Frente a una de las bardas que colindan con un negocio vecino sobresalen una camilla de acero inoxidable y la carroza fúnebre de color negro.

En el centro del predio permanece una jardinera circular, donde una pequeña planta del desierto se aferra a la vida, rodeada de maleza que ha ido ganando terreno.

En la ventana de la carroza, donde fue localizado uno de los 386 cuerpos hallados en el lugar, todavía puede leerse la leyenda: “Cremaciones y Velatorios, Capillas Plenitud”. Las llantas ponchadas y el óxido que cubre la carrocería son las huellas del lento deterioro provocado por el paso del tiempo.

Al fondo permanece el área donde se encuentran los dos tanques de gas que alimentaban el horno del crematorio, así como uno de los cuartos donde fueron encontrados, apilados unos sobre otros, gran parte de los 386 cuerpos en avanzado estado de descomposición.

Ahora, en ese cuarto, reinan la incertidumbre, el vacío y la oscuridad.

Mientras tanto, el olor a muerte putrefacta sigue calando hondo. Igual que el dolor. Igual que la ausencia de justicia.

A casi un año del hallazgo de 386 cadáveres en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, la Fiscalía de Operaciones Estratégicas informó que hasta el momento han sido identificados y entregados 250 cuerpos a sus familias.

De los otros 136, la Fiscalía ya ha logrado obtener perfiles genéticos de al menos 118, mientras continúan los trabajos periciales para lograr la identificación de los restantes.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Javier Sánchez Herrera, explicó que los cuerpos restantes corresponden a los casos con mayor grado de descomposición, lo que ha complicado los procesos de identificación.

“Los 250 sí están identificados y entregados”, afirmó el funcionario al hacer un balance de los avances alcanzados por la Fiscalía.

Los casos más difíciles siguen pendientes

Respecto al proceso penal relacionado con el caso, Sánchez Herrera indicó que actualmente no hay personas detenidas.

Recordó que dos personas fueron arrestadas inicialmente, pero una falleció mientras permanecía internada en el Cereso número 3 y otra obtuvo un amparo que le permitió recuperar su libertad.

“Tengo entendido que ese amparo ya fue revocado por el tribunal colegiado y la persona tiene una investigación que no llevamos nosotros”, señaló.

El funcionario detalló que desde el momento en que las autoridades tomaron control de los cuerpos se aplicó un procedimiento integral de documentación e individualización de cada cadáver.

“Obtuvimos evidencia de cada uno de ellos, elementos individualizantes. Todo eso se registra, se documenta y se integra a un expediente básico detallado”, explicó.

Indicó que, aunque los cuerpos continúan con su proceso natural de descomposición, la Fiscalía ya cuenta con las muestras biológicas necesarias para desarrollar perfiles genéticos y realizar cotejos posteriores.

El ADN, la última ruta para devolverles identidad

Sánchez Herrera reconoció que los últimos 136 cuerpos representan el mayor reto pericial debido a su estado de degradación.

“Muchos de ellos están edéntulos, no tenían tejido blando que presentara tatuajes y por eso no fue posible hacer cotejo odontológico o identificación visual”, dijo.

Precisó que la Fiscalía ya cuenta con cerca de 118 perfiles genéticos obtenidos de esos cuerpos y que el resto permanece en reprocesamiento para intentar recuperar ADN utilizable.

El fiscal explicó que el principal obstáculo ahora no es únicamente técnico, sino localizar a las familias relacionadas con los cuerpos depositados.

“Son muy pocos los resultados que hemos tenido de las muestras que las personas de colectivos han donado y que coinciden con los cuerpos”, comentó.

Añadió que, una vez concluidos los perfiles genéticos, el siguiente paso será ampliar la búsqueda de familiares que hayan tenido relación con funerarias vinculadas al crematorio.

Sobre los tiempos de identificación genética, Sánchez Herrera explicó que los procesos pueden prolongarse durante meses, especialmente en casos de cuerpos calcinados o sometidos a condiciones extremas.

“El ADN se degrada y tenemos que llevar a cabo varios procesos hasta completar el número de marcadores necesarios para un resultado confiable”, explicó.

Detalló que la Fiscalía requiere al menos 15 marcadores genéticos válidos para emitir una identificación científicamente sustentada.

“Primero se limpia el material biológico, luego se amplifica, se extrae, se cuantifica y muchas veces hay que reprocesar varias veces”, indicó.

El funcionario aseguró que la Fiscalía cuenta con la tecnología necesaria para desarrollar estos análisis, aunque el tiempo depende de la complejidad y conservación de cada muestra biológica.

Llegó puntual a la cita. Acompañada de un reducido grupo de personas, Rosa Rodríguez, de 70 años y oriunda de Durango, realizó el servicio funerario de su padre a principios de 2021.

Hoy forma parte del grupo de 172 familias a las que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) Zona Norte aún no les informa si el cuerpo de su ser querido estaba entre los 386 localizados el 26 de junio del año pasado en el crematorio Plenitud.

Desesperada por no tener respuestas y ante la situación del propietario del crematorio, José Luis A. C., quien actualmente se encuentra sustraído de la justicia, la mujer pidió discreción a la prensa porque —dijo— ya acudió a autoridades estadounidenses para solicitar apoyo.

Piensa que lo que no pudieron hacer en Juárez, tal vez pueda hacerse del otro lado del río.

“Yo me ando moviendo en El Paso, hablé al FBI y ahorita estoy con el Estado, y como sé dónde está, ahora voy a reportarlo a la policía”, relató mientras hacía una pausa en la tarea que se propuso esta mañana junto a otros familiares.

El reducido grupo de deudos del crematorio utilizó espátulas metálicas para retirar pedazos de papel pegados sobre el muro de cemento de la Fiscalía, ubicada sobre el transitado eje vial Juan Gabriel, entre las calles Aserraderos y Manuel Gutiérrez Nájera.

“Queremos resultados, no queremos otra cosa más que aparezca mi papá. No me importa cómo lo encuentren, pero que nos lo entreguen”, exigió.

Con los vehículos pasando a un lado de ellos, Rosa y otras ocho personas trabajaron durante más de dos horas para manifestarse en contra de lo que definieron como indolencia e ineptitud de las autoridades estatales.

Después de 50 años de vivir en Estados Unidos, donde ha trabajado limpiando jardines y como asistente de enfermería, dijo sentirse totalmente decepcionada del sistema de justicia de su país natal.

“Ya vamos a cumplir el año completito y no sabemos nada; y a nosotros nos interesa mi papá, pero tenemos que apoyarnos como familias; somos una sola familia y debemos unirnos”, reprochó.

Luego recordó cómo era el país en materia de corrupción cuando decidió irse a vivir a Estados Unidos.

“Cuando me fui de México, me fui huyendo de la corrupción y tal parece que no han cambiado nada; siguen igual o peor de como estaban antes”, expresó.

Un juez federal decidió liberar al propietario del crematorio Plenitud, pese a la indignación social generada por el descubrimiento de cientos de cuerpos sin cremar en condiciones deplorables dentro de ese establecimiento.

La resolución se basa en que los hechos que se le imputan no constituyen un delito grave bajo la interpretación hecha por esa autoridad judicial, sino irregularidades administrativas, según la propia determinación del juzgador.

El Juez Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, Luis Eduardo Rivas Martínez, concedió ayer  viernes un amparo a José Luis A. C., con lo que ordenó su libertad.

Por considerar que no cometió delitos graves, juez deja libre al dueño del crematorio Plenitud

El juez consideró que las conductas atribuidas al dueño del crematorio no reúnen los elementos necesarios para configurar un delito grave que amerite prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la argumentación judicial, la falta de funcionamiento del horno crematorio, la acumulación de cuerpos en una bodega y la entrega de urnas con supuestas cenizas no alcanzan, en sí mismos, un tipo penal que permita sostener prisión preventiva oficiosa o grave.

Bajo ese criterio, el juez determinó que las conductas denunciadas deben tratarse dentro de un esquema de faltas administrativas o de otro tipo de responsabilidad, y no como delitos que impliquen riesgo para la sociedad.

La resolución del juez puntualiza que, para aplicar sanciones más severas, se requeriría demostrar con claridad que hubo intención criminal o dolo, es decir, que el propietario actuó con la finalidad directa de causar un daño o engañar a los usuarios del servicio funerario.

Según el criterio expresado en el amparo, esa intención no quedó probada de forma contundente en el proceso que se le siguió inicialmente.

Este criterio de la justicia federal ha generado polémica y rechazo entre las familias de quienes contrataron el servicio del crematorio Plenitud, ya que ellos consideran que la acumulación de cuerpos sin cremar y la entrega de cenizas falsas constituyen, además de una falta moral, un daño que debería ser sancionado con rigor penal.

No fue una falta administrativa, fue premeditado: Memoria, Dignidad y Justicia

El caso del crematorio Plenitud estalló cuando autoridades encontraron casi 400 cuerpos humanos almacenados en condiciones insalubres en una bodega del lugar, y se detectó que el horno crematorio llevaba tiempo sin funcionar, aun cuando el establecimiento continuaba ofreciendo el servicio.

La determinación judicial de liberar al propietario ha encendido nuevamente el debate sobre cómo tipificar este tipo de conductas y si las leyes actuales son suficientes para enfrentar situaciones de esta índole. La investigación penal continúa su curso y las autoridades han señalado que se deben agotar todas las líneas de investigación para determinar responsabilidades y, en su caso, formular nuevas acusaciones.

Luego, tras una audiencia de aproximadamente una hora en la Sala 1 de la Ciudad Judicial, el juez Héctor Josué de Luna León dictó el auto de no vinculación a proceso a favor de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, en cumplimiento al amparo concedido por el Juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez.

La resolución se sustentó en que las conductas imputadas —como el ocultamiento y la conservación de cuerpos— no configuran delitos, sino faltas de carácter administrativo, al considerar que el inmueble funcionaba abiertamente como crematorio, que las autoridades conocían sus actividades y que incluso contaba con permisos y visitas de instancias como Ecología y Coespris.

El juez señaló que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso ni para mantenerlo en prisión, por lo que ordenó su liberación inmediata.

¿Quién es el juez que concedió el amparo?

El amparo que permitió la liberación del propietario del crematorio Plenitud fue concedido por Luis Eduardo Rivas Martínez, juez Séptimo de Distrito en Ciudad Juárez, cargo que forma parte del Poder Judicial de la Federación.

Rivas Martínez es juez federal de carrera, con competencia en materia de amparo y asuntos federales. De acuerdo con registros públicos del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con formación en derecho constitucional y derechos humanos, y experiencia previa en litigio y en el análisis de juicios de amparo.

Su función, como la de cualquier juez de distrito, es resolver con base en la Constitución y las leyes federales, evaluando si los actos de autoridad cumplen con los requisitos legales. En este caso, determinó que los hechos imputados al dueño del crematorio no configuraban delitos graves, criterio que dio origen a la concesión del amparo y a la orden de liberación.

La resolución colocó su actuación bajo el escrutinio público, luego de que familiares de personas afectadas cuestionaran que un caso con un alto impacto social y humano haya sido clasificado como irregularidades administrativas, y no como conductas penalmente relevantes.

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