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“A Ciudad Juárez hay que quitarle la cruz que le está pesando, la cruz de la corrupción, la cruz de la inseguridad, la cruz del desaseo en el manejo de la Administración Pública”, expresó Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI frente a la posible reelección de Cruz Pérez Cuéllar en el municipio fronterizo.

Domínguez aseguró que “esa cruz” busca acomodarse con diferentes partes del estado con candidatos, “desviando recursos en beneficios de otros personajes, esa cruz que no podemos permitir que pese en el territorio estatal y en Ciudad Juárez, que se merece una mejor condición de desarrollo”.

El dirigente tricolor dijo que Juárez no es una plaza fácil para la alianza Juntos por el Bien de Chihuahua, integrada por el PRI, PAN y PRD, pero que con trabajo esfuerzo y dedicación habrá de salir adelante con Rogelio Loya como coordinador del Frente Amplio.

Asimismo, Alejandro Domínguez informó que mañana miércoles estará en la frontera para definir el aspirante a la sindicatura, que se sigla con el PRI, por lo que en breve, se conocerá quienes competirán en las elecciones el próximo 02 de junio del año en curso.

La diputada del PAN, Marisela Terrazas Muñoz reclamó al Gobierno federal la crisis de salud pública en el IMSS de Ciudad Juárez, en el que denunció son más de 200 pacientes afectados por la falta del servicio de hemodiálisis por “problemas administrativos”.

Terrazas Muñoz se sumó a los reclamos de los pacientes, que describió atraviesan por la angustia y sufrimiento, debido al abandono y falla en el servicio a cargo de la Federación y la ausencia del gobierno municipal de Cruz Pérez Cuéllar que “no reclama por estos malos servicios”.

“Los juarenses están cansados de la falta de servicios, de medicamentos y de la falta de consideración por parte de un gobierno que parece estar más preocupado por sus propios intereses que por el bienestar de sus ciudadanos”, comentó.

El caso del asesinato de Cruz Soto Caraveo, el activista proderechos de las personas desplazadas de la Sierra Tarahumara, ha causado la aprehensión de cinco personas y la sentencia por homicidio de tres de ellas.

Sin embargo, los tres sentenciados recibieron penalidades por debajo de los años de prisión que establece el Código Penal del Estado para el delito de homicidio.

El 17 de junio de 2021, un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 12 años y 6 meses de prisión en contra de Samuel Alejandro B.G. y de Paulino M.R., dos de los involucrados en el secuestro y posterior homicidio de Soto Caraveo, perpetrado en octubre del 2019 en Témoris, municipio de Guazapares.

Un año y un mes después, el 19 julio de 2022, otro de los imputados, a quien la Fiscalía General del Estado identificó como Ismael Q.A. recibió sentencia 16 años y 8 meses por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.

Ni con las medidas cautelares de la CIDH

Los actos que se les atribuyeron a los tres sentenciados tienen relación con la privación de la libertad y el posterior homicidio de Cruz Soto Caraveo, quien desde el 2014 denunció que había sido desplazado de sus tierras por un grupo del crimen organizado, el cual las convirtió en sembradíos de marihuana.

El activismo del denunciante continuó en los años posteriores, al igual que las presiones y las amenazas en su contra, según lo denunció públicamente el afectado.

En agosto del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Mexicano dar medidas cautelares al activista, en vista de las amenazas que había recibido y a su condición de desplazado de su lugar de asentamiento por presiones del crimen organizado.

Sin embargo, al año siguiente de que se emitiera esa sentencia, el supuestamente protegido fue privado de su libertad por un grupo delictivo en el que participaba el director de Seguridad Pública Municipal de Guazapares, municipio donde ocurrieron todos los hechos que llevaron a la muerte al activista.

De acuerdo con la versión oficial difundida por el Gobierno del Estado, Cruz Soto Caraveo, fue privado de su libertad el 13 de octubre de 2019 cuando circulaba por una brecha que conduce de la localidad de Témoris a Los Llanos.

Su desaparición motivó una vasta movilización por tierra y aire para dar con el paradero de la víctima –según la versión oficial– pero fue hasta el 19 de octubre de 2019 cuando lo encontraron ya sin vida en un paraje del lugar conocido como la Lechuguilla, municipio de Guazapares.

Acribillan a balazos a activista desplazado

La Policía Municipal, involucrada

Fue hasta el 14 de marzo del 2020 cuando se logró la aprehensión de los primeros implicados en el caso: Samuel Alejandro B. G. y Paulino M.R., este último jefe de la Policía Municipal y, a su vez, partícipe en la operación que terminó con la muerte del activista y defensor de las personas desplazadas a causa de la violencia.

El reporte oficial dice que las investigaciones realizadas, señalan que Paulino M.R. se valió de su cargo como director de Seguridad Pública Municipal para ordenar a sus subordinados, la búsqueda del activista y entregarlo para su retención y muerte a otras personas, entre ellas Samuel Alejandro B.G.

La sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, contempla una pena de 12 años 6 meses de prisión para cada uno de los involucrados.

El Municipio debe una disculpa, y 313 mil 500 pesos

Además, el crimen obliga a pagar una sanción económica por 627 mil 850 pesos, suma que debía ser cubierta a partes iguales por los imputados y por la Presidencia Municipal de Guazapares.

Esta última debía cubrir 313 mil 500 pesos y además emitir una disculpa pública por haber participado, a través de su director de Seguridad Pública, en la comisión de una serie de delitos que llevaron a la privación de la vida a uno de sus habitantes.

Un año después, el 19 de junio, Ismael Q.E., otro de los autores de ese crimen, recibió una sentencia de 16 años y 8 meses.

Según el artículo 123 del Código Penal del Estado, a quien prive de la vida a otra persona se le impondrá una sentencia de doce a veinticinco años de prisión.

Hay otros dos detenidos

El proceso no ha terminado, pues aún quedan dos imputados sin recibir sentencia. Se trata de Fernando F.C., detenido el 2 de noviembre en la comunidad de El Cuervo, en Témoris, y de Luis Enrique Medina García, alias La Chulina, aprehendido también en Témoris junto con otros cuatro presuntos miembros de una célula criminal.

Este último tenía orden de aprehensión cuando fue detenido en flagrancia en posesión de armas y drogas, pero aún no ha sido vinculado a proceso por los delitos relacionados con la desaparición y muerte de Soto Caraveo.

Mientras las autoridades federales avanzan con la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar anunció que cuando concluya el proceso de regularización, su gobierno censará a los que no entren al programa.

Precisó que su administración no tiene ningún interés de asegurar esos vehículos, aunque es importante que todos sean identificados bajo un mecanismo por la necesidad o respuesta a la problemática de inseguridad.

Aseguró que exploran mecanismos con los organizaciones sociales con quienes están a punto de consensuar un plan de acción, con plazos o tiempos de tolerancia para que los interesados atiendan los trámites.

“Lo digo con toda franqueza, nosotros no queremos decomisar carros, más bien que se identifiquen aun cuando sean de procedencia asiática; por eso buscamos un mecanismo para que se identifiquen. Queremos buscar la autorización del Gobierno Federal por el tema de seguridad”, refirió Pérez Cuéllar.

Dijo que el plan de su gobierno es que los vehículos automotores cuya serie inicia con letra, lo cual significa que provienen de países asiáticos, principalmente Japón, si no pueden regularizarse a causa de las obligaciones contraídas por México con sus socios de Canadá y EUA, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), el Municipio los puede empadronar únicamente con fines de identificación.

Pérez Cuéllar comentó que podría realizarse un censo con un plazo determinado de vigencia, para que nadie se quede fuera de ese control.

Dijo que planteo una propuesta a las autoridades del Gobierno del Estado, incluso con el general de la Quinta Zona Militar que coordina todo el Estado de Chihuahua.

Reconoció que el mando militar está preocupado por la circulación de los autos sin placas, pero el gobierno de la ciudad trabaja en alternativas de solución.