desapariciones

La diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos, presentó una iniciativa para que el Estado dote de medidas especiales a personas en situación de vulnerabilidad que participen en el proceso de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

“La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, promulgada en noviembre de 2017, busca establecer competencias y coordinación entre autoridades para buscar y esclarecer casos de desapariciones, así como involucrar a los familiares en el diseño y seguimiento de acciones de búsqueda”, expuso la legisladora.

Basada en lo anterior, Bujanda Ríos señaló que el acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como la participación en procesos judiciales deben ser para todas y todos, garantizando intérpretes en caso de pertenecer algún pueblo originario o bien, con accesibilidad en caso de contar con una discapacidad visual, auditiva o intelectual.

“La propuesta es para garantizar la comunicación efectiva, las autoridades contarán con herramientas como el uso de un intérprete de lenguaje de señas, documentos de fácil lectura, documentos en Braille, comunicación táctil, macro tipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas auditivos, medios de voz digitalizada y otros formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluyendo tecnologías de la información y comunicación de fácil acceso”, desglosó.

Por lo que dijo, la propuesta en concreto es adicionar el artículo 7 BIS, para que cuando la persona que solicite o participe en el procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición pertenezca a una comunidad o pueblo indígena, sea afromexicana, o sea extranjera sin dominio del español, se le facilite de oficio un traductor o intérprete para cualquier actuación en la que deba participar.

Y en el caso de personas que soliciten o participen en el procedimiento y que sean personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes o personas adultas mayores, todas las autoridades que participen en el proceso tendrán la obligación de adoptar de oficio medidas especiales, acciones afirmativas o ajustes razonables que aseguren su acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.

La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Muñoz, informó que las comisiones unidas de Seguridad Pública, Justicia y Feminicidios acordaron trabajar iniciativas para mejorar el desempeño de la FEM y de la SSPE, propuestas por los propios titulares de las dependencias, tras comparecencias en el Poder Legislativo.

La legisladora detalló que la reunión fue prolongada, en donde el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya y la titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Wendy Chávez, expusieron sus avances entorno a las desapariciones, feminicidios y seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres en el estado.

Además, que, se enfocaron en hacer cuestionamientos sobre el feminicidio de la activista Karina Domínguez en Ciudad Juárez, aunque señaló que no se dieron muchos datos solo los que se conocen a través de la prensa, por “cuestiones de seguridad”.

“Quedamos en una reunión posterior, con los asesores técnicos de la FEM y SSPE para trabajar las iniciativas, todos solicitamos que se haga justicia, pero en lo particular hice énfasis en que el caso de Karina sea una justicia rápida y para todas las mujeres que sus crímenes han quedado impunes”, agregó.

Sobre la Torre Centinela, la presidenta del Congreso, informó que Gilberto Loya justificó el retraso del proyecto, debido a un cambio de terreno, “nos demostró como con la plataforma Centinela se pudo dar con el paradero de Karina, así nos explicó lo que la plataforma significa”.

Al ser cuestionada si alcanzará este periodo ordinario para hacer las reformas, respondió que el Poder Legislativo tiene mucha carga, “no es por falta de voluntad o compromiso, no sé si se alcancen a sacar en esta Legislatura, pero si buscamos dejar un precedente”.

Con mantas en los que exigen al Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán investigar y castigar a responsables de desapariciones, vecinos y jornaleros agrícolas de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, realizaron una magna concentración cerca de Palacio de Gobierno.

En más de 30 camiones los manifestantes procedentes del municipio de Navolato provocaron un grave caos, en la hora de inicio de actividades de Palacio de Gobierno, donde tienen previsto marchar más tarde.

Según sus denuncias, los elementos de la Marina, adscritos a la sindicatura de Villa Juárez, han cometido abusos, desapariciones y presumen que están involucrados en los homicidios que se han cometido en el municipio de Navolato.

Los manifestantes portaban pancartas con las imágenes de sus familiares desaparecidos y reclaman al gobierno federal que intervenga ante estos abusos de la marina y se castigue a los responsables de las desapariciones y homicidios.

A finales de este mes se espera organizar el tema administrativo y financiero para poder duplicar el personal adscrito a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), organismo de la Fiscalía General del Estado.

Así lo informó el titular de la FGE, César Jáuregui Moreno, quien indicó que la semana pasada se le presentaron los requerimientos de la CEB.

“Estamos trabajando con las uñas, necesitamos mínimo duplicar el personal adscrito”, dijo el funcionario e indicó que hay alrededor de una docena de agentes en la CEB.

Agregó que, en una reunión con la titular de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda, acordaron este mes finiquitar el asunto administrativo para poder dotarla de más recursos.

Sin embargo, Jáuregui Moreno, dijo que, a pesar de la falta de recursos, se hace el trabajo y hay reconocimiento por parte de organizaciones.

“Espero que la CEB y Ceave se conviertan en dos soportes de la Fiscalía, que nos ayuden a servir a la ciudadanía y dar mayor credibilidad ante las y los chihuahuenses”, expresó el fiscal.