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Ciudad Juárez cerró 2025 como “carro abollado”: golpeada, desgastada y con señales claras de deterioro económico. De noviembre de 2024 a noviembre de 2025, la frontera perdió 7 mil 900 empleos y 378 empresas formales, informó el delegado de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), Marcelo Vázquez Tovar.

El representante empresarial explicó que los indicadores comenzaron a caer a partir de los anuncios de políticas arancelarias realizados por el entonces candidato y hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como por decisiones tomadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellas la reducción de la jornada laboral, el aumento de vacaciones y el incremento al salario mínimo.

El balance de mediano plazo es aún más severo. En un periodo de 32 meses, de enero de 2023 a la fecha, Ciudad Juárez acumula ya una pérdida superior a 27 mil empleos y 641 empresas, de acuerdo con los registros de la Anierm.

Un año de sobresaltos para la economía fronteriza

“Este 2025 lo vimos pasar lleno de caos, incertidumbre y sobresaltos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre”, resumió Vázquez Tovar.

Para quienes forman parte de las cadenas productivas, añadió, fue un año marcado por constantes ajustes fiscales y por la incertidumbre generada por la guerra arancelaria, lo que frenó decisiones de inversión extranjera y afectó la planeación de largo plazo.

En el plano interno, señaló que también influyeron factores como la reforma judicial, el aumento al salario mínimo, los cambios a la ley aduanera y las modificaciones a la legislación laboral, que elevaron costos y complejizaron la operación de las empresas.

A este escenario se sumaron —dijo— los bloqueos en los puentes internacionales y en carreteras, que impactaron directamente en la producción y debilitaron la confianza de los inversionistas.

El delegado de la Anierm advirtió además sobre un riesgo adicional: la posible decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que podría obligar a eliminar aranceles recíprocos a ciertos países de Centroamérica.

“Si eso ocurre, en automático se daría una desbandada de maquiladoras de Juárez hacia esa región”, alertó.

Otro elemento que presiona a la economía fronteriza es la entrada en vigor de mil 463 aranceles impuestos por México a países sin acuerdos comerciales, principalmente a productos provenientes de China, algunos de los cuales alcanzan incrementos de hasta 50 por ciento.

Esto —explicó— encarecerá insumos y productos terminados, y el impacto final lo resentirá el consumidor.

A la lista de factores de incertidumbre se agregan los nuevos términos en los que podría quedar el TMEC, la eventual aprobación de una nueva ley aduanera y, de manera particular, la reducción de la jornada laboral de 48 a 46 horas, que entra en vigor a partir de esta semana.

“Los pronósticos de organismos internacionales prevén un 2026 de estancamiento, y eso no es una buena noticia para Juárez”, sostuvo.

📊 El saldo económico de Juárez en 2025

IndicadorCifraPeriodo / Contexto
Empleos perdidos7,900Noviembre 2024 – noviembre 2025
Empresas formales cerradas378En un solo año
Empleos perdidos acumulados27,000+Enero 2023 a la fecha
Empresas perdidas acumuladas641En 32 meses
Aranceles impuestos por México1,463A países sin acuerdos comerciales
Incremento arancelario máximoHasta 50%Principalmente a productos chinos
Jornada laboral48 → 46 horasReducción vigente

Pese al panorama adverso, Vázquez Tovar consideró que la ciudad aún conserva ventajas competitivas para la inversión, como su cercanía con el mayor mercado del mundo y décadas de experiencia en manufactura.

“Pero, sobre todo, la gente de Juárez siempre encuentra la forma de salir adelante, aunque sea un año duro”, concluyó.

Dos hombres de Cordele, Georgia, fueron sentenciados hoy por su participación en un fraude al Departamento de Trabajo de Georgia (GaDOL) por millones de dólares en beneficios que debieron ser destinados para ayudar a personas desempleadas durante la pandemia de Covid-19.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a través de un comunicado que Malcolm Jeffrey, de 34 años, fue condenado a 10 años de prisión y ordenado a pagar 16 millones 958 mil 372 dólares para deposición de daños. Gerard Towns, de 34 años, fue condenado a seis años de prisión y ordenado a pagar 365 mil 066 dólares en la misma circunstancia.

“Los acusados orquestaron un esquema atroz para robar 17 millones de dólares en pagos de seguro de desempleo utilizando identidades robadas”, dijo el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Criminal del Departamento de Justicia.

“Estos acusados explotaron un programa gubernamental diseñado para aliviar las dificultades económicas para llenarse sus propios bolsillos. Las condenas de hoy demuestran que la División Criminal responsabilizará a los estafadores que roban del erario público”, añadió.

“Malcolm Jeffrey, Gerard Towns y sus co-conspiradores participaron en un esquema de fraude al seguro de desempleo que tenía como objetivo al Departamento de Trabajo de Georgia”, dijo  a su vez el agente especial a cargo, Mathew Broadhurst, de la Región Sureste de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EU.

“Los conspiradores presentaron reclamaciones de UI fraudulentas utilizando las identidades robadas de víctimas de robo de identidad para obtener tarjetas de débito cargadas con beneficios de UI. Seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios en las fuerzas del orden para responsabilizar a aquellos que intenten explotar estos vitales programas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos”, declaró.

“Explotar programas de alivio pandémico destinados a ayudar a los estadounidenses en el punto álgido de la pandemia de Covid-19 para enriquecimiento personal es inconcebible”, dijo el inspector General Joseph V. Cuffari, Ph.D., de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG).

“DHS-OIG continuará priorizando las investigaciones de fraude relacionado con la pandemia y trabajando con nuestros socios en las fuerzas del orden para llevar a los perpetradores ante la justicia”, añadió.

“Las condenas de hoy enfatizan nuestra dedicación y compromiso para responsabilizar a las personas que explotan programas federales de alivio para ganancia personal”, dijo el agente especial a cargo, Jonathan Ulrich de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS-OIG).

“Como se demostró en este caso, nuestros investigadores criminales junto con nuestros socios en las fuerzas del orden trabajarán juntos y perseguirán diligentemente a cualquiera que intente explotar programas creados para ayudar a personas y empresas legítimas afectadas por la pandemia global”, afirmó.

“Con la aprobación y firma de leyes en 2022 que establecen un plazo de prescripción de 10 años para aquellos que defraudaron los programas COVID-19, quiero poner en aviso a aquellos que robaron a los contribuyentes que solo es cuestión de tiempo antes de que los agentes especiales de IRS-CI y nuestros socios en las fuerzas del orden descubran sus crímenes y los lleven ante la justicia”.

Jeffrey y Towns son los últimos de 12 acusados condenados en conexión con la Operación Cordele Partial, una de las mayores investigaciones de fraude al seguro de desempleo (UI) doméstico en la historia del DOL.

La Operación Cordele Partial descubrió múltiples esquemas masivos basados en el centro de Georgia que defraudaron al GaDOL por más de 45 millones de dólares e involucraron programas de seguro de desempleo de más de 20 estados.

Según documentos judiciales y evidencia presentada en el tribunal, desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2022, Jeffrey, Towns y sus co-conspiradores causaron que se presentaran más de 2 mil 500 reclamaciones de UI fraudulentas al GaDOL, resultando en al menos 17 millones de dólares en beneficios robados.

Para ejecutar estos esquemas, los acusados y sus co-conspiradores crearon empleadores ficticios y fabricaron listas de supuestos empleados utilizando información personalmente identificable (PII) de miles de víctimas de robo de identidad, y presentaron reclamaciones de UI fraudulentas en el sitio web del GaDOL.

Los co-conspiradores obtuvieron PII para usar en el esquema de diversas fuentes, incluyendo el pago a un empleado de una red de atención médica y hospitalaria en el área de Atlanta para obtener ilegalmente la PII de pacientes de las bases de datos del hospital, y comprando PII de otras fuentes en internet.

Usando la PII de las víctimas, los co-conspiradores hicieron que los fondos de UI robados se disbursaran a través de tarjetas de débito prepagadas enviadas por correo a varios lugares en Georgia.

En junio de 2025, Towns se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal. En agosto de 2025, Jeffrey fue declarado culpable en juicio de conspiración para cometer fraude postal.

La investigación del caso fue realizada por DOL-OIG, DHS-OIG, IRS-CI, USPS-OIG, el Servicio de Inspección Postal de EU, el Servicio Secreto de EU e Investigaciones de Seguridad Nacional.

Los fiscales del juicio Lyndie Freeman, Siji Moore y Kyle Crawford de la Sección de Fraude de la División Criminal procesaron el caso.

Durante abril pasado se perdieron 10 mil 576 empleos tanto formales como informales en México, con lo que la tasa de desocupación aumentó tras alcanzar un mínimo, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El número de desempleados aumentó en 206 mil 306 personas durante el cuarto mes de 2024 para llegar a un millón 603 mil, con lo que la tasa de desocupación con base en cifras originales subió de un mínimo de 2.28% de la Población Económicamente Activa (PEA) en marzo a 2.61% en abril.

Mientras en el sector informal se generaron 145 mil plazas durante el mes pasado, en el formal se perdieron 156 mil puestos, cifra que contrasta con los datos del IMSS, en donde se registró la creación de 85 mil plazas, en este sentido, se puede inferir que se eliminaron empleos en otras áreas como trabajadores federales y estatales, así como en el Ejército.

En marzo pasado la formalidad alcanzó los 27 millones 179 mil personas y la informalidad llegó a 32 millones 628 mil trabajadores, lo que representó una tasa del 54.6% de la población ocupada.

¿Dónde se crearon y perdieron más empleos?

El sector industrial fue el principal responsable de la pérdida de empleo con la eliminación de 415 mil plazas en abril. Por el contrario, en los servicios se generaron 203 mil puestos, seguido del agropecuario con 133 mil, así como otros 68 mil más en segmentos no identificados.

Por actividades específicas, donde más se perdieron empleos fue en la manufactura con 774 mil plazas en el cuarto mes del año; seguida de gobierno y organismos internacionales con la eliminación de 199 mil; y servicios profesionales, financieros y corporativos 184 mil puestos menos.

Por su parte, las actividades donde se crearon más empleos durante el periodo de referencia, fueron: construcción con 391 mil plazas adicionales; servicios diversos, 247 mil; y servicios sociales, con 153 mil puestos.

En un giro alentador para la economía mexicana, la tasa de desempleo ha descendido a su nivel más bajo en los últimos 10 meses, según datos revelados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), difundidos por El Economista.

Entre enero y febrero de este año, la tasa de desocupación disminuyó del 2.9% al 2.5%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante el mes de febrero se generaron un total de 492,132 nuevos puestos de trabajo, mostrando un sólido repunte tras un inicio titubeante en el 2024. Esta cifra refleja un resurgimiento en la generación de empleo, brindando un alivio a miles de trabajadores y familias mexicanas.

Un aspecto destacado de esta tendencia positiva es el hecho de que más de 235 mil personas lograron salir de la población desocupada, lo que indica una activa búsqueda y obtención de empleo por parte de la fuerza laboral. Asimismo, la inactividad laboral también experimentó una notable reducción, con 277 mil 105 personas menos consideradas como “disponibles” para trabajar dentro de la población no económicamente activa (PNEA).

Estos cambios se tradujeron en una disminución mensual en la tasa de desempleo extendido, que contempla tanto a los desocupados como a los inactivos disponibles para trabajar. Esta tasa pasó del 10.3% al 9.6% como proporción de la fuerza laboral potencial entre enero y febrero, marcando así la cifra más baja desde el inicio de la recopilación de datos por parte de la ENOE en 2005.

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