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diputada Leticia Ortega Máynez

Tras la grave situación que se vive en el municipio de Guadalupe y Calvo, en donde grandes agrupaciones conformadas por familias enteras, niños, niñas y mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado por parte de amenazas y acoso realizado por grupos criminales asentados en el área, la fracción parlamentaria de Morena se unió a la exigencia de acciones de mayor significancia para la pacificación y defensa de la vida.

La diputada por Morena, Leticia Ortega Máynez, cuestionó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y a la Fiscalía General del Estado sobre qué estrategia específica se implementa en estos momentos para salvaguardar la integridad de las personas que han sido desplazadas por los hechos de violencia antes descritos; así como qué acciones directas se han realizado para solucionar la carencia de alimentos y productos para la salud.

Exponiendo las grandes necesidades no sólo concernientes a cuerpos de seguridad sino también ayuda humanitaria, ya que las familias que fueron expulsadas de sus hogares aun cuando encontraron resguardo bajo el domo de una escuela dentro de la población de las Cinco Llagas, siguen estando amenazadas y sufren ya una carencia grave de suministros.

“Es urgente una respuesta por parte de las autoridades estatales para resolver esta situación de angustia que habitantes civiles de nuestro estado sufren en estos momentos, no solo por que su vida y su seguridad deben ser garantizadas, sino que además se tratan de niños, niñas y mujeres pertenecientes a grupos vulnerables que ya de por sí sufren cotidianamente una deuda del Estado”, advirtió la legisladora.

Dijo que aún y cuando el Fiscal General del Estado de Chihuahua ha informado sobre la movilización de Agentes de la Fiscalía y policía estatal, ésta sigue siendo insuficiente, según miembros de los grupos desplazados y las organizaciones civiles que los respaldan.

Leticia Ortega Máynez, diputada e integrante del Grupo Parlamentario de morena exhortó al fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Victoria Hernández Acosta, para que actúen en estricto apego a la ley y al debido proceso en lo correspondiente a las investigaciones y procesos judiciales en contra del exgobernador de Chihuahua César D. J.

Durante la proposición con carácter de punto de acuerdo, la legisladora sentenció que el PRIAN esperó a que pasaran las elecciones para pagarle la deuda a César D. J., por lo que el martes 4 de junio,  mediante un oficio sin previamente convocar a audiencia, la jueza de Control, Hortencia García Rodríguez, ordenó su liberación.

“La liberación no podía hacerse antes de la elección por el efecto adverso que hubiera tenido entre los chihuahuenses y posiblemente en todo el país, pero finalmente se concretó dos días después de concluirse el proceso electoral”, mencionó Ortega Máynez.

Por lo tanto el exgobernador enfrentará en arraigo domiciliario el juicio en su contra por los presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad agravada, luego de una planeada y conveniente estadía en el hospital.

Señaló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no apeló la decisión y pidió únicamente que se coloque al acusado un brazalete electrónico para localizarlo. 

De esta forma, el último gobernador priista de Chihuahua, a quien se le imputan una larga serie de delitos de corrupción en el desvío de 96.7 millones del erario para beneficio personal, podrá enfrentar su proceso en la comodidad de su hogar.

“La liberación de esta persona que saqueó miles de millones de pesos de las arcas de Chihuahua es una burla a todo el país. Lo ocurrido con el exgobernador es simplemente inconcebible en la actualidad política. El desgaste y esfuerzos diplomáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que logró que Estados Unidos enviara a Duarte a Chihuahua para ser juzgado, se fueron al traste”, expuso la legisladora. 

Ortega Máynez añadió que esta lamentable acción, evidencia la urgente necesidad de una reforma al Poder Judicial, “no queremos autoridades que ayuden a aquellos que afectaron a nuestro Estado, no queremos un proceso viciado, ni retroceder. ¡Las y los chihuahuenses exigimos que no haya ni un paso atrás en este caso!”.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto de la bancada de Morena, para que la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván atienda de manera inmediata y de forma integral el desplazamiento forzado y la violencia que se vive en el municipio de Guadalupe y Calvo y la sierra de Chihuahua. 

La petición solicitada por la diputada de Morena, Leticia Ortega Maynez, expuso que los residentes de la zona  sufren ataques y amenazas por parte de grupos delictivos que buscan reclutar jóvenes o apropiarse de su territorio para llevar a cabo diversos fines delictivos. 

Leticia Ortega agregó que de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, del 2015 al 2023, 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo han abandonado sus viviendas, por lo que es urgente que se brinde el alojamiento digno y seguro para las personas que ya fueron desplazadas de sus territorios. 

Aunado a lo anterior, dijo que el 14 de octubre del 2019 la CNDH emitió la recomendación no. 94 /2019 sobre el caso de desplazamiento forzado interno de 80 personas y por violaciones al derecho de acceso a la justicia y a la verdad, debido a la inadecuada procuración de justicia en agravio de 102 personas integrantes de dicho grupo familiar cometidas por la FGE. 

Mientras que, el 29 de abril del 2022 se emitió otra Recomendación 96/2022 a autoridades de Chihuahua por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada en Uruachi y Guazapares.

“Instamos a la gobernadora a brindar la protección y ayuda humanitaria a todas aquellas personas que son víctimas de desplazamiento forzado, otorgándoles viviendas dignas y seguras, con dormitorios, baños, servicios básicos y condiciones de higiene óptimas”, expresó en la Diputación Permanente. 

El punto de acuerdo fue aprobado con 5 votos a favor, sin embargo, al momento de debate el diputado del PAN, Gabriel García Cantú, solicitó una mención que también fue aprobada, para que se solicitará información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal sobre las acciones emprendidas en el estado de Chihuahua. 

Además de que el titular de la Fiscalía General de la República informe al Legislativo de Chihuahua, el número de carpetas de investigación iniciadas por la comisión del delito de delincuencia organizada en el estado, el número de personas detenidas, vinculadas a proceso y sentenciadas, y si los agentes aprehensores de estas personas han sido por agentes policiales del orden federal, municipal o estatal.

Por último, también incorporó un llamado a las personas titulares de la Comisión Nacional y Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que actúen e intervengan conforme a derecho en el tema.

Registra Baborigame más de 150 personas desplazadas “forzadamente” en 2024 

La presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, Leticia Ortega Maynez, informó que el próximo miércoles 7 de febrero, el titular de la Auditoría Superior del Estado comparecerá ante las y los diputados para explicar los informes de la Cuenta Pública 2022. 

“El licenciado Héctor Acosta Félix estará presentando el informe general, además de que estamos revisando el informe de todas las observaciones del auditor, sobre todo de aquellos municipios que están administrando una buena cantidad de recursos, las auditorías financieras”, adelantó. 

La diputada Ortega Maynez añadió que las auditorías de obra pública son de mucho interés para la comisión que encabeza, “ver hacia dónde están dirigidas, nos parece que falta trabajo en auditoría pública, en aquellos municipios como Chihuahua, Juárez, Delicias, Camargo, Jiménez, etc”. 

Además de que también revisarán la retroalimentación del actuar de los Órganos Internos de Control de los municipios, que se había solicitado por parte del Congreso y que es algo nuevo en la Auditoría Superior del Estado. 

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