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Irregularidades como licitaciones “amañadas y la subcontratación de una empresa ligada al regidor Isaac Díaz fueron denunciadas por el diputado David Oscar Castrejón Rivas, quien especificó que los actos de corrupción se dan en el programa de Instalación de Luminarias.

“La denuncia de corrupción es del municipio de Chihuahua que se está caracterizando en este tipo de actos, desde que sacó una convocatoria dirigida”, declaró Castrejón Rivas.

Entre las irregularidades que señaló fue que la licitación que tuvo un techo financiero de 285 millones de pesos; la empresa Teletec ofertó la instalación del alumbrado por 284 millones 600 mil pesos, situación que “sin lugar a dudas esta amañado esto”, dijo el congresista.

Esta licitación propuso clausulas para que solo se registrara un participante, porque se dirige a las características que tiene esta empresa; a esto se suma que la empresa que se encuentra ligada al regidor Isaac Díaz fue subcontratada por la empresa Teletec, situación que genera un conflicto de intereses.

Empresa bloqueada por Santiago de la Peña y Héctor

A esta empresa se le dio un revés en la administración de Javier Garfio se contó con un proyecto de mil 200 millones de pesos, pero se detectó un conflicto de intereses ya que el representante de la empresa de apellido Saldaña tenía un hijo trabajando en la administración por lo que se determinó “conflicto de intereses”.

Este bloqueo lo presentó quien fungiera en aquel entonces oficial mayor, Santiago de la Peña Grajeda, y quien actualmente funge como secretario general de Gobierno en la administración de María Eugenia Campos Galván. Así como de quien fuera síndico del municipio de Chihuahua, Héctor Barraza, también con un puesto dentro del gobierno estatal.

Castrejón Rivas dijo que sería interesante que se les cuestionara ahora para conocer si tienen la misma opinión respecto al tema.

Como antecedente se recalcó que, si bien estos hechos se dieron durante la gestión de Javier Garfio, las licitaciones se concedieron cuando éste pidió licencia para aspirar a la candidatura de gobernador, situación que no le fue favorable por lo que una vez que regresó a su cargo tomó medidas.

A esta anomalía, se suma otras que trae por todo el país, en estados como Veracruz, donde en Xalapa tienen una denuncia por fraude por más de 45 mdp, por concepto de compra de luminarias. En Zitácuaro, Michoacán tiene denuncia de conflicto de intereses.

“Me parece que si a ese ritmo vamos nos va a sobrar dinero”, afirmó el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Edín Cuauhtémoc Estrada Sotelo, en relación la viabilidad plebiscito de la Torre Centinela.

Señaló que sigue en curso la solicitud de plebiscito sobre esa obra que su bancada formuló el Instituto Estatal Electoral.

El congresista citó una declaración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, donde ya se habían colocado cámaras en municipios, lo que representa un ahorro según las cifras que manejó.

“No nos vamos a gastar los cuatro mil millones de pesos, casi con la anualidad de 950 millones de pesos en el 2023 podemos sacar lo de la Torre Centinela, entonces nos pueden quedar más de tres mil millones para obras prioritarias”, dijo.

Estrada Sotelo declaró que en relación al plebiscito hace un par de semanas el IEE ya había solicitado diversos recursos al Ejecutivo. Sin embargo, se detectó por parte del órgano electoral que la respuesta fue insuficiente para dar un veredicto, por lo que se solicitó a alrededor de cuatro dependencias detallen más respecto a la información.

Dentro de su declaración el congresista señaló que lamentablemente la información no cuenta con transparencia ya que en cuanto a cifras se tiene un blindaje y solamente se habla de las bondades de esta.

Cabe recordar que esta torre contará con 20 pisos, donde albergará la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, además contará con 4 pisos de centros de mando operativos. Así como subcentros en Delicias, Camargo, Ojinaga, Jiménez, Parral, Guachochi, Bocoyna, Madera, Nuevo Casas Grande, Cuauhtémoc, Juárez y Chihuahua.

La resolución del juez en relación a la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva en contra del exgobernador César D.J. fue apegada a derecho, afirmó el abogado y diputado por Morena, Oscar Castrejón Rivas.

“El 90 por ciento, si no es que más de sus argumentos, ya fueron planteados a un juez federal, el otro 10 por ciento se dedicaron a presentar al enfermedad del exgobernador, no aportando nada nuevo”, dijo.

El congresista destacó que entre los puntos negativos de la petición es que el mismo inculpado despotricó en contra de los ministerios públicos y del gobierno por la persecución en su contra por parte de Javier Corral, esto sin pensar que el gobierno de ya no es el mismo debido a que la este ya, añadió.

Castrejón calificó de ilógico el que se solicitara por parte del exgobernador la celeridad del juicio cuando fue principalmente él quien aplazó el tiempo al presentar amparos, ya que por meses no se presentó y evadió la justicia.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, demandó trasladar el asiento de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial a Ciudad Juárez, para que atiendan de fondo “la histórica crisis de violencia” que vive esa frontera.

La instalación de los poderes en Juárez sería de manera inmediata y permanente, “para que los juarenses dejen de ser rehenes de criminales”, agregó el legislador.

“Reconquistar Ciudad Juárez para los juarenses implica un compromiso inquebrantable con las familias juarenses, implica que todos los órdenes de Gobierno se aboquen al objetivo de recuperar la paz”, dijo.

Señaló que desde el pasado “jueves negro” solicitó que la sede del Congreso del Estado se instalara en Juárez permanentemente, para que los legisladores “lucharan hombro a hombro con los juarenses en estos tiempos de crisis”.

En el año 2010, el entonces gobernador José Reyes Baeza Terrazas propuso al Congreso del Estado el mismo cambio, pero no logró la aprobación con mayoría calificada, ya que la bancada del PAN la votó en contra.

De acuerdo a la Constitución del Estado, los Supremos Poderes del Estado deben residir en la Capital del mismo, que es la Ciudad de Chihuahua y no podrán trasladarse a otro lugar, ni aun provisionalmente, sino por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes.