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El senador Javier Corral Jurado arremetió contra la bancada de Morena en el Congreso del Estado por votar a favor de la reelección de Héctor Acosta Félix como titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), pese a que —afirmó— el funcionario enfrenta investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación.

Corral, quien actualmente enfrenta un proceso penal por presunto peculado derivado de auditorías realizadas durante la gestión de Acosta Félix, calificó de “cuestionable” el desempeño del auditor y señaló, entre otras omisiones, la falta de revisión al gasto del actual gobierno estatal en el proyecto Torre Centinela.

“Acosta Félix fue ratificado hoy por los diputados del PRIAN y sus aliados y, de manera insólita, también por los legisladores de Morena”, escribió el exgobernador en su cuenta de X (antes Twitter). A su juicio, la votación contradice los principios que Morena asegura defender.

Corral enlistó casos que, según él, ameritan investigación: adjudicaciones directas en la compra de libros de texto, la adquisición de vehículos a una empresa perteneciente al esposo de la gobernadora, así como la compra de camiones inservibles para la ruta troncal en Chihuahua capital. También acusó al auditor de usar la ASE “de manera facciosa para fabricar expedientes contra adversarios políticos”.

Aseguró que, aun con dicho historial, algunos diputados justificaron la ratificación bajo el argumento de un “buen desempeño”, aunque —señaló— sin precisar en favor de quién.

Cabe destacar que la ASE, bajo el mando de Acosta Félix, realizó la auditoría que derivó en los procesos penales iniciados contra el propio Corral y contra Arturo “N”, exsecretario de Hacienda en su administración.

En el Foro Cultura de Paz y Legalidad, organizado por la Cámara de Diputados, el fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, aseguró que los delitos de alto impacto en Chihuahua van “a la baja”.

La declaración fue hecha ante legisladores federales, en momentos en que la entidad enfrenta episodios constantes de homicidios, desapariciones, ataques armados y tensión en diversas regiones.

Araiza reconoció que el estado vive un “escenario de violencia”, pero intentó matizarlo al asegurar que el índice de homicidios es “muy inferior” al registrado entre 2008 y 2014, cuando —dijo— se dieron los picos más altos de criminalidad.

“No ha desaparecido del todo la violencia, pero la incidencia delictiva está muy por debajo de lo que vivimos”, sostuvo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 20 de noviembre.

El fiscal evitó referirse a las críticas recientes sobre la efectividad de los operativos estatales, el desgaste de las corporaciones policiacas o los señalamientos de organizaciones civiles que denuncian impunidad y falta de resultados en investigaciones de homicidios y desapariciones.

En cambio, retomó argumentos de académicos que vinculan la criminalidad con la inequidad social y no con la pobreza, deslizando la responsabilidad hacia factores estructurales y a la sociedad misma.

Ante diputadas y diputados de distintos partidos, Araiza aseguró que la reducción de los delitos depende de dos condiciones: un Estado de Derecho fortalecido y una ciudadanía comprometida con denunciar.

“El tema de la seguridad es una carreta de dos ruedas: una es el gobierno y otra es la sociedad. Si no giran al mismo tiempo, la carreta va a dar círculos y no va a avanzar”, expresó, sin abordar las fallas institucionales que continuamente señalan colectivos y especialistas.

Sobre la cultura de la legalidad, insistió en que los gobiernos deben promover la cultura, el arte, la ciencia y la historia como herramientas para “empatizar” y “coexistir”, sin detallar estrategias concretas para contener la violencia en el corto plazo.

Como ejemplo de participación ciudadana, destacó al empresariado de Chihuahua y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), donde los empresarios se autoimpusieron un impuesto para financiar proyectos de seguridad. Evitó, sin embargo, profundizar en cómo ese modelo convive —o choca— con las obligaciones del Estado en la materia.

El dirigente campesino Martín Solís, integrante de organizaciones defensoras del agua en Chihuahua, fue expulsado a la fuerza de un foro sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales convocado por el Congreso del Estado, al que asistieron agrupaciones que se oponen a ese nuevo marco jurídico.

De acuerdo con su testimonio, uno de los participantes lo retiró del uso de la voz a jalones, por lo que tuvieron que intervenir guardias de seguridad del Congreso para escoltarlo hasta la salida.

Solís denunció que fue expulsado pese a que la invitación al foro era pública y él se había registrado como participante. Señaló que acudió el 18 de octubre, en un ejercicio convocado por el presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, con la expectativa de un espacio plural donde pudieran debatirse las implicaciones de la reforma.

Relató que fue anotado como el quinto orador en un evento donde varios asistentes reclamaron a la Conagua, pero también rechazaron cualquier intento de crear una nueva ley. Cuando llegó su turno, una acompañante de los productores del centro–sur del estado lo “jaloneó para bajarlo” del estrado.

Tras liberarse, el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya intervino para permitirle continuar, pero los organizadores insistieron en que no estaba invitado. El incidente derivó en abucheos, donde —afirmó— participó también el senador panista Mario Vázquez.

“Me habían dado 10 minutos y luego vino el abucheo”, dijo Solís. “El presidente del Congreso me preguntó: ‘¿Qué, no es usted del mismo grupo?’ Era una trampa para provocar que los legisladores de Morena fueran abucheados o corridos”. Calificó el ambiente como una maniobra del ‘bloque negro del PRIAN’.

Acusa “mano negra” y acaparamiento del agua

Solís afirmó que detrás de la oposición a la nueva Ley de Aguas hay “mano negra político-electoral”, orientada a utilizar el tema para confrontar al gobierno federal.

Sostuvo que la reforma es necesaria para combatir la sobreexplotación, el acaparamiento del recurso y para garantizar el derecho humano al agua a más de 100 mil chihuahuenses. Señaló que la situación actual beneficia a grupos que operan miles de pozos ilegales.

“En el estado hay 5 mil pozos ilegales que no tienen contrato. Están atrás de esos grupos”, sostuvo. Acusó directamente al senador Mario Vázquez, originario de Bachíniva, de haber pasado de 4,400 a 12 mil hectáreas con riego por bombeo en una década: “Eso es huachicol”.

Según su análisis, en 12 municipios de Chihuahua existen 100 mil hectáreas sin concesión ni contrato con la CFE. Añadió que hay casos de empresas con 96 constancias de libre alumbramiento en Saucillo, además de situaciones similares en Ascensión y Janos.

En cuanto al uso urbano, advirtió que los acuíferos que abastecen a Ciudad Juárez presentan una extracción excedente de 171 millones de metros cúbicos, mientras que los de Chihuahua capital tienen un déficit anual de 157 millones, lo que —dijo— pone en riesgo a la población.

“Dicen mentiras sobre la ley”

Solís sostuvo que parte del rechazo a la reforma se basa en información falsa. Aclaró que la iniciativa sí permite heredar o reasignar los títulos de concesión, contrario a lo que han afirmado algunos productores y legisladores.

“El 29 Bis 3 establece que, si el titular deja un heredero, se expedirá un nuevo título. Está más claro que en la ley actual”, explicó. También resaltó que la figura de reasignación permite transferir el volumen concesionado, con aviso a Conagua, que deberá certificarlo.

Exige ordenamiento y vigilancia

El dirigente respaldó la creación de la Contraloría Social del Agua, impulsada por académicos y especialistas de la Red de Investigadores Sociales por el Agua (RISA), para garantizar que el Estado cumpla con su obligación constitucional y ponga orden en los acuíferos.

Recordó que desde 2013 existen más de 7 mil constancias de libre alumbramiento en incertidumbre jurídica y que en más de una década ningún acuífero ha sido reglamentado, pese a que la suspensión afectaba al 45% del territorio nacional.

“Lamento haber ido al Congreso”

Para finalizar, Solís lamentó haber asistido al foro bajo la expectativa de diálogo abierto y plural.

“A nombre del presidente del Congreso se me negó el uso de la voz”, dijo. “Pensé que era un espacio plural; si era un evento partidista, no tenía nada que hacer ahí”.

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó este martes la eliminación del fuero constitucional para legisladores federales, una figura que históricamente ha protegido a diputados y senadores de ser procesados penalmente durante su encargo.

El anuncio se dio durante la conferencia matutina del 1 de octubre. La mandataria adelantó que presentará la propuesta como parte del paquete de reformas que su gobierno impulsará en los primeros meses de 2026. “No debe haber privilegios de impunidad. Quien cometa un delito debe enfrentarlo ante la justicia, sea o no legislador”, señaló.

Eliminar el fuero requiere una reforma a la Constitución, lo que implica la aprobación por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de al menos 17 congresos estatales. Se trata de un procedimiento complejo que obliga a construir consensos políticos más allá de Morena y sus aliados.

El artículo 135 constitucional establece que toda modificación debe pasar por ese filtro federal y local, lo que hace de esta iniciativa un tema de negociación de largo aliento.

Contexto y antecedentes

La figura del fuero ha sido objeto de debate desde hace décadas. En sexenios anteriores se discutieron reformas parciales para acotarlo, pero ninguna eliminó por completo la protección. El tema resurge en un contexto en el que la presidenta busca enviar un mensaje de “cero impunidad” y fortalecer la confianza en las instituciones.

Organizaciones civiles y académicos han advertido, sin embargo, que quitar el fuero podría abrir la puerta a procesos judiciales usados con fines políticos. Otros sectores consideran que se trata de un paso necesario para acabar con la percepción de que el fuero es sinónimo de impunidad.

La iniciativa será enviada al Congreso junto con la propuesta de reforma electoral en 2026. Mientras tanto, partidos de oposición y legisladores han comenzado a adelantar posiciones. La discusión promete convertirse en uno de los debates centrales del próximo periodo legislativo.