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El dirigente campesino Martín Solís, integrante de organizaciones defensoras del agua en Chihuahua, fue expulsado a la fuerza de un foro sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales convocado por el Congreso del Estado, al que asistieron agrupaciones que se oponen a ese nuevo marco jurídico.

De acuerdo con su testimonio, uno de los participantes lo retiró del uso de la voz a jalones, por lo que tuvieron que intervenir guardias de seguridad del Congreso para escoltarlo hasta la salida.

Solís denunció que fue expulsado pese a que la invitación al foro era pública y él se había registrado como participante. Señaló que acudió el 18 de octubre, en un ejercicio convocado por el presidente del Congreso, Guillermo Ramírez, con la expectativa de un espacio plural donde pudieran debatirse las implicaciones de la reforma.

Relató que fue anotado como el quinto orador en un evento donde varios asistentes reclamaron a la Conagua, pero también rechazaron cualquier intento de crear una nueva ley. Cuando llegó su turno, una acompañante de los productores del centro–sur del estado lo “jaloneó para bajarlo” del estrado.

Tras liberarse, el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya intervino para permitirle continuar, pero los organizadores insistieron en que no estaba invitado. El incidente derivó en abucheos, donde —afirmó— participó también el senador panista Mario Vázquez.

“Me habían dado 10 minutos y luego vino el abucheo”, dijo Solís. “El presidente del Congreso me preguntó: ‘¿Qué, no es usted del mismo grupo?’ Era una trampa para provocar que los legisladores de Morena fueran abucheados o corridos”. Calificó el ambiente como una maniobra del ‘bloque negro del PRIAN’.

Acusa “mano negra” y acaparamiento del agua

Solís afirmó que detrás de la oposición a la nueva Ley de Aguas hay “mano negra político-electoral”, orientada a utilizar el tema para confrontar al gobierno federal.

Sostuvo que la reforma es necesaria para combatir la sobreexplotación, el acaparamiento del recurso y para garantizar el derecho humano al agua a más de 100 mil chihuahuenses. Señaló que la situación actual beneficia a grupos que operan miles de pozos ilegales.

“En el estado hay 5 mil pozos ilegales que no tienen contrato. Están atrás de esos grupos”, sostuvo. Acusó directamente al senador Mario Vázquez, originario de Bachíniva, de haber pasado de 4,400 a 12 mil hectáreas con riego por bombeo en una década: “Eso es huachicol”.

Según su análisis, en 12 municipios de Chihuahua existen 100 mil hectáreas sin concesión ni contrato con la CFE. Añadió que hay casos de empresas con 96 constancias de libre alumbramiento en Saucillo, además de situaciones similares en Ascensión y Janos.

En cuanto al uso urbano, advirtió que los acuíferos que abastecen a Ciudad Juárez presentan una extracción excedente de 171 millones de metros cúbicos, mientras que los de Chihuahua capital tienen un déficit anual de 157 millones, lo que —dijo— pone en riesgo a la población.

“Dicen mentiras sobre la ley”

Solís sostuvo que parte del rechazo a la reforma se basa en información falsa. Aclaró que la iniciativa sí permite heredar o reasignar los títulos de concesión, contrario a lo que han afirmado algunos productores y legisladores.

“El 29 Bis 3 establece que, si el titular deja un heredero, se expedirá un nuevo título. Está más claro que en la ley actual”, explicó. También resaltó que la figura de reasignación permite transferir el volumen concesionado, con aviso a Conagua, que deberá certificarlo.

Exige ordenamiento y vigilancia

El dirigente respaldó la creación de la Contraloría Social del Agua, impulsada por académicos y especialistas de la Red de Investigadores Sociales por el Agua (RISA), para garantizar que el Estado cumpla con su obligación constitucional y ponga orden en los acuíferos.

Recordó que desde 2013 existen más de 7 mil constancias de libre alumbramiento en incertidumbre jurídica y que en más de una década ningún acuífero ha sido reglamentado, pese a que la suspensión afectaba al 45% del territorio nacional.

“Lamento haber ido al Congreso”

Para finalizar, Solís lamentó haber asistido al foro bajo la expectativa de diálogo abierto y plural.

“A nombre del presidente del Congreso se me negó el uso de la voz”, dijo. “Pensé que era un espacio plural; si era un evento partidista, no tenía nada que hacer ahí”.

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó este martes la eliminación del fuero constitucional para legisladores federales, una figura que históricamente ha protegido a diputados y senadores de ser procesados penalmente durante su encargo.

El anuncio se dio durante la conferencia matutina del 1 de octubre. La mandataria adelantó que presentará la propuesta como parte del paquete de reformas que su gobierno impulsará en los primeros meses de 2026. “No debe haber privilegios de impunidad. Quien cometa un delito debe enfrentarlo ante la justicia, sea o no legislador”, señaló.

Eliminar el fuero requiere una reforma a la Constitución, lo que implica la aprobación por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de al menos 17 congresos estatales. Se trata de un procedimiento complejo que obliga a construir consensos políticos más allá de Morena y sus aliados.

El artículo 135 constitucional establece que toda modificación debe pasar por ese filtro federal y local, lo que hace de esta iniciativa un tema de negociación de largo aliento.

Contexto y antecedentes

La figura del fuero ha sido objeto de debate desde hace décadas. En sexenios anteriores se discutieron reformas parciales para acotarlo, pero ninguna eliminó por completo la protección. El tema resurge en un contexto en el que la presidenta busca enviar un mensaje de “cero impunidad” y fortalecer la confianza en las instituciones.

Organizaciones civiles y académicos han advertido, sin embargo, que quitar el fuero podría abrir la puerta a procesos judiciales usados con fines políticos. Otros sectores consideran que se trata de un paso necesario para acabar con la percepción de que el fuero es sinónimo de impunidad.

La iniciativa será enviada al Congreso junto con la propuesta de reforma electoral en 2026. Mientras tanto, partidos de oposición y legisladores han comenzado a adelantar posiciones. La discusión promete convertirse en uno de los debates centrales del próximo periodo legislativo.

El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Salud de Chihuahua a expedir el reglamento de la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, aprobada el 12 de septiembre de 2023.

A casi dos años de su aprobación, la normatividad sigue sin entrar en vigor debido a la falta de dicho reglamento, necesario para su aplicación.

La diputada Irlanda Márquez Nolasco (PT), autora de la iniciativa, advirtió que esta omisión genera incertidumbre en la operatividad de la Ley y retrasa acciones fundamentales para garantizar el derecho de madres e infantes a la lactancia materna.

Entre las medidas contempladas en la legislación se encuentran la capacitación del personal de salud, la instalación de lactarios en centros de trabajo e instituciones públicas y privadas, la certificación de hospitales, así como incentivos y estímulos fiscales para fomentar esta práctica en el sector privado.

La legisladora subrayó la urgencia de que la Secretaría de Salud cumpla con la emisión del reglamento, ya que la obligación sigue vigente y su cumplimiento es esencial para garantizar plenamente los derechos que protege esta Ley.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó al diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez como su propuesta para presidir al Congreso del Estado durante el próximo período de sesiones del Congreso del Estado que iniciará el 1 de septiembre.

En conferencia de prensa conjunta, la bancada priista y el dirigente estatal, Alejandro Domínguez, anunciaron que irán por la presidencia y que Ramírez Gutiérrez, quien representa al distrito XXI con cabecera en Hidalgo del Parral, sería quien quede a cargo de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

La conferencia del grupo priista tuvo lugar el lunes 25 de agosto en la Torre Legislativa del Congreso del Estado, un día antes de que se celebre la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se hará la convocatoria para un período extraordinario, donde se elegiría tanto al presidente de la Mesa Directiva como al de la propia Jucopo.

De acuerdo con los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la presidencia del Congreso es rotativa entre las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso.

En ese sentido, Morena, segunda fuerza, presidió los trabajos en el primer período, con la diputada Elizabeth Guzmán como presidenta entre el 1 de septiembre del 2024 y el 31 de agosto del 2025.

Asimismo, la Jucopo deberá cambiar de color partidista, ya que en el período de referencia, la presidencia recayó en el coordinador parlamentario del PAN, José Alfredo Chávez Madrid.

Sobre ese particular, el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, ha expresado que su partido “podría” aspirar a ese cargo. Sin embargo, será hasta este martes 26 cuando se dirima ese punto.

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