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Pablo Méndez Alvídrez, presidente del Clumin, se reunió con proveedores, representantes del gobierno estatal y diputados para buscar entablar un diálogo con los legisladores que conforman el Congreso de la Unión, a fin de darles a conocer las afectaciones que traerá consigo la Reforma a la Ley Minera, presentada en días pasados.

En esta reunión se expusieron los daños y pérdidas que causaría esta nueva reforma en el estado de Chihuahua, tales como: el cierre inminente de compañías mineras, empresas proveedoras, restaurantes, hoteles, abarrotes y demás actividad circundante a las unidades mineras.

“Nos reunimos para conocer parte de esta iniciativa, y cómo afecta el futuro de las inversiones mineras en el estado y de México. Tenemos el respaldo de la gobernadora y de los diputados, a quienes les dimos a conocer la reforma”, dijo Pablo Méndez.

Dentro de las consecuencias de esta iniciativa se encuentran la disminución de los niveles de bienestar en la región centro–sur del estado y el deterioro de infraestructura como: caminos vecinales, puentes, energía eléctrica, etcétera.

Aída Valles, directora de Minería de Gobierno del Estado de Chihuahua, refirió que existe una preocupación en el gremio, ya que el contenido de esta ley establece causales de cancelación de concesiones, e incluso delitos mineros que afectan gravemente el sector.

“En México más del 60 por ciento de la inversión del sector minero proviene de empresas mexicanas, por lo que esta reforma afectaría de igual forma a las familias que viven de eso, puesto que se generan fuentes de empleo, becas, se establecen hospitales y centros médicos. Por ello buscamos ser escuchados por el Congreso de la Unión”, expresó Aída.

Ante esto, la diputada federal, Laura Contreras, señaló que Chihuahua es un estado minero y que muchas de sus comunidades dependen completamente de este sector por lo que esta ley implicaría que las inversiones huyan.

“Hay proyectos muy importantes que están en puerta, una derrama económica para los pueblos, para las comunidades, para muchas familias que su única forma de subsistir es la minería. El presidente pretende terminar con la minería en nuestro país y no lo debemos permitir porque además, esta iniciativa muestra un desconocimiento completo del tema”, dijo la diputada federal.

Modificar las 23 leyes en materia administrativa como lo plantea el Ejecutivo violentarán el orden jurídico nacional, son discrecionales, provocarán opacidad, atentan contra el medio ambiente y generarán un clima de incertidumbre jurídica, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

La iniciativa pretende que el gobierno unilateralmente decida cuando “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.

Por lo que, la Confederación pidió al Congreso de la Unión un “diálogo abierto, franco, serio y sin excusiones”, a través de un parlamento abierto con todos los involucrados.

Esa propuesta “violenta el orden jurídico nacional y atentan contra las empresas que participen en la construcción de obras con el Gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna”.

En segundo lugar, toda decisión unilateral es discrecional y ello “genera suspicacias, y evita que haya transparencia en los procesos”.

Se pretende modificar 23 leyes. La Concamin aseguró que dentro del planteamiento de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión para modificar 23 leyes en materia administrativa está el concentrar en “la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas”, de aprobarse, como está, se hará “a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad”.

Les preocupa también que se atentará contra el medio ambiente y los recursos naturales “al no ser necesarios” esos estudios de impacto ambiental para iniciar la construcción de una obra.

Por todo ello, la Concamin, dijo que “de ser aprobadas esas iniciativas en los términos que fueron presentadas, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y generaría un clima de incertidumbre jurídica”.

En el texto de las reformas se permite que la administración pública federal modifique contratos o las condiciones iniciales de una compra, incluso después de que se concretó la compra, de encontrarse que no se responde al interés general o si quebrantan las leyes en beneficio de interés privados.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, calificó la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como una burla por lo estéril de su presencia en Ciudad Juárez.

El mandatario no tuvo una atención real de la tragedia de los migrantes, y solo vino a que personas acarreadas lo vitorearan, como si estuviera trabajando en los problemas que adolecen a la ciudad fronteriza, al estado y al país, añadió.

“Es inaceptable que el presidente López Obrador carezca de empatía hacia los familiares de los migrantes que fallecieron en el trágico incendio del centro migratorio, que descalifique las protestas ciudadanas y trate de minimizarlas, totalmente inútil su presencia en Juárez”, expresó el legislador panista.

Puntualizó, que las familias de los migrantes merecen una atención y respuesta adecuada y se les debe garantizar el derecho a la justicia, luego de la trágica pérdida de sus seres queridos.

Calificó como preocupante la falta de acción y atención del Gobierno Federal en este sentido.

“Como grupo parlamentario del PAN, estaremos atentos y exigiremos una respuesta clara y eficaz del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este importante asunto para los juarenses, pues es un tema sensible que interesa a la comunidad internacional, del cual no se ve una atención real, solo excusas”, concluyó Alfredo Chávez.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso su reunión que tenía programada para este miércoles, en donde se discutiría la propuesta de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A petición de varios coordinadores, sin especificar quiénes, se cambió la fecha de reunión para el próximo 10 de abril, a las 18:00 horas, y en lugar por definir, detalla el oficio.

“A solicitud de diversos coordinadores de los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, se comunica que la 15 Reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales se difiere para el próximo lunes 10 de abril a las 18:00 horas en lugar por confirmar”, detallaron.

La reforma propuesta por la Jucopo de la Cámara de Diputados plantea que el TEPJF no puede emitir sentencias con acciones afirmativas, en beneficio de la paridad de género o grupos vulnerables.

Mediante una Reforma Constitucional a los artículos 41, 73, 99 y 105, también se da la facultad exclusiva al Poder Legislativo para ejercer medidas afirmativas a favor de los derechos político-electorales de estos grupos.