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Que no se apliquen las multas de 6 mil pesos por gastos de ejecución a quienes no hayan realizado su trámite de canje de placas y pago de revalidación vehicular, pidió el Grupo Parlamentario de Morena a Gobierno del Estado.

Los diputados exhortaron en sesión de Congreso del Estado a que la Secretaría de Hacienda desestime la aplicación de la multa por 60 UMAS (Unidades de Medida y Actualización) que anunciaron los funcionarios estatales.

El Grupo Parlamentario propuso que se brinde a la ciudadanía facilidades de pago, optando por medidas de regularización y no de sanción.

“La administración actual ha buscado desmarcarse de los errores de la administración anterior, encontramos que se bajó el concepto de multa por gastos de ejecución de 50 UMAS equivalente a 4 mil 811 pesos. Hoy se recurre de nueva cuenta a imponer una multa mucho más onerosa, a quienes no hayan cumplido con el canje de placas y circulen con lo que se ha llamado, placas vencidas” dijo Benjamín Carrera a nombre de su bancada.

Señaló que, en Chihuahua, a diferencia de lugares como la Ciudad de México, no se contempla de manera puntual cuál es la duración de las placas, sino que ésta atiende a la voluntad de la autoridad que lleve a cabo un “replaqueo”.

Respecto al pago de la revalidación, indicó que ni la Ley de Ingresos ni la Ley de Derechos a nivel estatal contemplan plazos fatales para la realización del pago de derechos de control vehicular.

Según el tabulador contenido en el Acuerdo No. 060/2020, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, por llevar placas extemporáneas se contempla una multa de tránsito que puede ir de 6 a 9 Unidades de Medida y Actualización Vigentes, es decir, entre 622.44 y 933.66, pesos según el valor de la UMA en 2023, valor que está muy alejado del que hoy se pretende cobrar.

“Lanzamos de nuevo la pregunta: ¿Será propio de un gobierno que se dice humano, multar a la población con lo que, para muchas familias equivale a los alimentos de más de un mes? ¿Será justo que la ciudadanía asuma solo costos, mientras se premia con condonaciones multimillonarias a las grandes empresas?” cuestionó el legislador morenista.

Luego de que la Fiscalía Anticorrupción diera a conocer la orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Arturo F.V., diputados del Grupo Parlamentario de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) enfatizaron en que no se use el Sistema de Justicia como medio de venganza.

El diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, dijo que si un proceso permite conocer la verdad debería ser iniciado, siempre y cuando no se vuelvan armas de venganzas.

“El gran problema es la falta de confianza en el Sistema de Administración de Justicia del Estado; si este tuviera credibilidad y confianza, no generaría suspicacia. Si un sistema de Justicia fuera robusto, y ocurriera la misma situación, la mayoría de la gente esperaría la resolución” dijo el diputado.

El coordinador de Morena en el Congreso, consideró que la investigación debe de apegarse a los hechos y el proceso debe de ser limpio y objetivo.

Enfatizó en que los procesos tienen que abrirse si existen dudas o denuncias.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, declaró que no existe persecución política contra los ex funcionarios del sexenio del exgobernador Javier Corral, sino que existe una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción a la que se le dio seguimiento.

“El tema que se aborda no es una persecución, sino que se está actuando apegados al Estado de derecho, la ley debe prevalecer el estado de derecho” expresó el coordinador.

Pablo Méndez Alvídrez, presidente del Clumin, se reunió con proveedores, representantes del gobierno estatal y diputados para buscar entablar un diálogo con los legisladores que conforman el Congreso de la Unión, a fin de darles a conocer las afectaciones que traerá consigo la Reforma a la Ley Minera, presentada en días pasados.

En esta reunión se expusieron los daños y pérdidas que causaría esta nueva reforma en el estado de Chihuahua, tales como: el cierre inminente de compañías mineras, empresas proveedoras, restaurantes, hoteles, abarrotes y demás actividad circundante a las unidades mineras.

“Nos reunimos para conocer parte de esta iniciativa, y cómo afecta el futuro de las inversiones mineras en el estado y de México. Tenemos el respaldo de la gobernadora y de los diputados, a quienes les dimos a conocer la reforma”, dijo Pablo Méndez.

Dentro de las consecuencias de esta iniciativa se encuentran la disminución de los niveles de bienestar en la región centro–sur del estado y el deterioro de infraestructura como: caminos vecinales, puentes, energía eléctrica, etcétera.

Aída Valles, directora de Minería de Gobierno del Estado de Chihuahua, refirió que existe una preocupación en el gremio, ya que el contenido de esta ley establece causales de cancelación de concesiones, e incluso delitos mineros que afectan gravemente el sector.

“En México más del 60 por ciento de la inversión del sector minero proviene de empresas mexicanas, por lo que esta reforma afectaría de igual forma a las familias que viven de eso, puesto que se generan fuentes de empleo, becas, se establecen hospitales y centros médicos. Por ello buscamos ser escuchados por el Congreso de la Unión”, expresó Aída.

Ante esto, la diputada federal, Laura Contreras, señaló que Chihuahua es un estado minero y que muchas de sus comunidades dependen completamente de este sector por lo que esta ley implicaría que las inversiones huyan.

“Hay proyectos muy importantes que están en puerta, una derrama económica para los pueblos, para las comunidades, para muchas familias que su única forma de subsistir es la minería. El presidente pretende terminar con la minería en nuestro país y no lo debemos permitir porque además, esta iniciativa muestra un desconocimiento completo del tema”, dijo la diputada federal.

Modificar las 23 leyes en materia administrativa como lo plantea el Ejecutivo violentarán el orden jurídico nacional, son discrecionales, provocarán opacidad, atentan contra el medio ambiente y generarán un clima de incertidumbre jurídica, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

La iniciativa pretende que el gobierno unilateralmente decida cuando “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.

Por lo que, la Confederación pidió al Congreso de la Unión un “diálogo abierto, franco, serio y sin excusiones”, a través de un parlamento abierto con todos los involucrados.

Esa propuesta “violenta el orden jurídico nacional y atentan contra las empresas que participen en la construcción de obras con el Gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna”.

En segundo lugar, toda decisión unilateral es discrecional y ello “genera suspicacias, y evita que haya transparencia en los procesos”.

Se pretende modificar 23 leyes. La Concamin aseguró que dentro del planteamiento de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión para modificar 23 leyes en materia administrativa está el concentrar en “la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas”, de aprobarse, como está, se hará “a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad”.

Les preocupa también que se atentará contra el medio ambiente y los recursos naturales “al no ser necesarios” esos estudios de impacto ambiental para iniciar la construcción de una obra.

Por todo ello, la Concamin, dijo que “de ser aprobadas esas iniciativas en los términos que fueron presentadas, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y generaría un clima de incertidumbre jurídica”.

En el texto de las reformas se permite que la administración pública federal modifique contratos o las condiciones iniciales de una compra, incluso después de que se concretó la compra, de encontrarse que no se responde al interés general o si quebrantan las leyes en beneficio de interés privados.