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El exhorto del diputado David Óscar Castrejón Rivas, al secretario General del Estado y al secretario Municipal de Chihuahua para informar sobre el compromiso económico a escuelas privadas para los “Juegos de la Amistad”, levantó ámpula entre los grupos parlamentarios de PAN y Morena.

Luego de presentar una propuesta con carácter de punto de acuerdo se puso en el tintero un enfrentamiento con la diputada Isela Martínez, quien solamente se enfocó a atacar las acciones de la administración federal, como la construcción de un estadio de béisbol que alberga a un equipo propiedad del hermano de Andrés Manuel López Obrador.

La congresista de la bancada albiazul calificó como un intento de politizar acciones como los “Juegos de la Amistad”; mientras que el integrante de la bancada guinda recordó temas como la obra “La Golondrina y su Príncipe” que tuvo un costo de 34 millones 800 mil pesos.

Por otra parte, Castrejón Rivas cuestionó el apoyo a personas que tienen capacidad económica para celebrar este tipo de juegos, a lo que afirmó que se debe priorizar el apoyo a personas con discapacidad.

Otro de los puntos que se puede apoyar, dijo, es a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde no se cuenta con elevadores para acceder al tercer piso con lo que se viola el artículo tercero constitucional en materia de acceso a la educación.

Este posicionamiento fue votado en contra con 9 votos a favor, 16 votos en contra, 5 no votaron y 3 abstenciones.

Maru Campos no abordó los temas de seguridad de frente durante su Primer Informe de Gobierno; aún y cuando se vivieron hechos lamentables que no son fáciles de expresar a la ciudadanía, externó el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

“La tarea de la seguridad en Chihuahua es pendiente, y siendo justos no solamente de la gobernadora, sino de los tres niveles de gobierno”, expresó el coordinador de la bancada guinda en el Poder Legislativo en su declaración sobre el primer informe de gobierno de María Eugenia Campos Galván.

Respecto a que la mandataria omitiera el tema del jueves negro de Ciudad Juárez. Estrada Sotelo, quien es representante popular de este municipio, expresó que los hechos lamentables, como también lo ocurrido el primero de enero que derivó en la fuga de 30 presos, reflejan la poca acción que se tiene en el área, ya que a dos meses de ocurrido no se tiene ningún responsable.

El diputado también abordó el tema del replaqueo, que consideró innecesario, derecho en el que se cobró el triple valor de lo que costaban las placas, bajo el argumento que era un tema de seguridad.

“No es porque sea parte de la oposición que nos digan y resalten cuáles son las obras”, dijo. A esto se suma problemas como las ausencias de la gobernadora con sus viajes, los cuales pese a que se tienen que realizar, tienen un segundo costo porque la entidad se queda sin quién lo dirija”.

Chihuahua tiene un grupo de funcionarios, pero los chihuahuenses no los eligieron, la persona que fue electa para gobernar la entidad fue María Eugenia Campos Galván.

Otro de los puntos que recalcó fue la reforma al Poder Judicial a modo, que busca el nombramiento discrecional de los magistrado, con lo que se eliminan los exámenes de oposición.

Este tipo de acciones originan que la elección de integrantes del tribunal se politicen. Otro de los factores son las renuncias de funcionarios cuyos periodos estaban vigentes, entre los que se encuentra personal de la Fiscalía, Poder Judicial y UACH.

Las comisiones unidas de Igualdad y de Justicia del Congreso del Estado iniciaron el análisis del dictamen en torno a la prohibición de esos centros terapéuticos, presentada por el grupo parlamentario de Morena.

Para tal efecto, se turnó el asunto a una mesa interinstitucional que integrará el mismo Legislativo, la cual revisará la procedencia de las sanciones que contempla la parte iniciadora a quienes apliquen ese tipo de terapias o fuercen a otros a tomarlas.

El proyecto inicial, presentado por el grupo parlamentario de Morena, contempla aplicar sanciones de 10 años de prisión, como pena máxima, a quien obligue a otras personas a recibir esos tratamientos.

La bancada morenista solicitó la adición del Capítulo IV Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), y los artículos 201 bis, 201 ter y 201 quater al Código Penal del Estado de Chihuahua.

Las comisiones determinaron turnar el dictamen a una Mesa Interinstitucional penal, para que sea ésta la que analice proyecto que luego se presentará ante el pleno del Congreso para su votación.

La creación de la mesa fue propuesta por parte de Margarita Blackaller, ya que “está integrada por personas expertas en la materia”, dijo.

Al respecto, el grupo de Morena solicitó un plazo de 15 días para conformar una nueva mesa con gente experta no solamente en el tema de justicia sino en el tema de la comunidad que es la más afectada, por lo que solicitaron que este abierta a personas conocedoras de la problemática.

Dentro de la reunión se expusieron que estas prácticas violatorias atentan contra los derechos humanos y autodeterminación quienes se identifican con algún tipo de identidad sexual de la comunidad LGBTTTIQ+.

Ya no somos invisibles: Karla Arivzo

“Por lo menos ya no estamos en la congeladora”, dijo Karla Arvizo, representante de la comunidad LGBTTTIQ+ luego que se aprobara la creación de mesas para la erradicación de centros que buscan corregir la orientación sexual o terapias de conversión.

Señaló que “lamentablemente los temas que afectan a esta comunidad no son tomados en cuenta”.

Karla Arvizo integrante de la representante de la comunidad LGTB

Las organizaciones continuarán con los trabajos al lado del Poder Legislativo para erradicar la violencia que se genera dentro de esos centros ya que en su mayoría de las terapias se llevan a cabo en contra de la voluntad de la persona.

El hecho de que se celebren esos trabajos representa un avance para la comunidad, agregó Karina Arvizo.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Ignacio Mier, aprobó un acuerdo para modificar el procedimiento de la convocatoria para elegir a las nuevas consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se acata la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El documento fue avalado este martes por unanimidad de votos por parte de los coordinadores parlamentarios, y deberá también ser aprobado en el pleno. Al término de la sesión, Mier Velazco señaló que la sentencia del Tribunal fue acatada, pero desde su punto de vista, se trató de una “acción abusiva” por parte de los magistrados.

“Quedó aprobado por unanimidad, pero señalando y reiterando que es una acción abusiva por parte del Tribunal Federal Electoral. Ahorita se va al pleno y seguramente irá con el respaldo de todas las diputadas y diputados porque fue un acuerdo que salió por unanimidad”, puntualizó en conferencia de prensa.

El acuerdo establece que serán los integrantes del Comité Técnico de Evaluación quienes, tras analizar la documentación presentada por las y los aspirantes, “evaluarán la idoneidad para ocupar los cargos de una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente y tres cargos de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

Asimismo, que después de evaluar a los mejores perfiles, dicho Comité integrará cuatro listas de cinco personas por cada cargo vacante; tres cargos de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y una Consejera Presidenta o un Consejero Presidente.

Paridad de género en listas

Para garantizar la paridad de género que exigió el Tribunal, se establece que las listas se integrarán de la siguiente manera:

1.- Personas aspirantes de género hombre

2.- Personas aspirantes de género mujer

3.- Personas aspirantes de género hombre

4.- Personas aspirantes de ambos géneros, en razón de 2 personas aspirantes de un género y 3 personas aspirantes del otro.

El acuerdo modifica las fechas y plazos, por lo que la inscripción y registro de aspirantes se realizara a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 23 de febrero de 2023.

La evaluación de los aspirantes se realizará a partir del 24 de febrero, mientras que la remisión por parte del Comité Técnico de Evaluación de las listas de personas aspirantes a la Junta de Coordinación Política, será el 26 de marzo de 2023.

De avalarse la propuesta, la Mesa Directiva sería notificada el 29 de marzo, mientras que la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, se daría el 30 de marzo.

En caso de llegar a la insaculación por el Pleno de la Cámara de Diputados, ésta se realizaría el 31 de marzo, mientras que si la lista se remite al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la insaculación sería el 3 de abril de 2023.