ELECCIONES

El registro para elección consecutiva que permite a las legisladoras y los legisladores reelegirse para la próxima legislatura concluyó con un total de 471 cartas de intención, equivalente al 94%.

En la lista se encuentran casi todos los coordinadores parlamentarios, con excepción de Ignacio Mier, de Morena.

Están anotados el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira; del PAN, Jorge Romero; la nueva coordinadora del PRD, Elizabeth Pérez; el coordinador del PT, Alberto Anaya; y el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente.

También destacan la Presidenta de la Cámara de Diputados, priista Marcela Guerra; el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y la presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón.

En la lista también se registró el diputado con licencia Luis Espinoza Cházaro, quien, tras ser relegado de la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, podría volver a la coordinación del PRD.

Están también los exaspirantes al mismo cargo, Xavier González Zirión (PRI) y Cynthia López Castro (PRI), e incluso la diputada de Morena, Selene Ávila, quien recientemente amagó con renunciar a su bancada.

De acuerdo con los lineamientos sobre la elección consecutiva, ningún legislador o legisladora podrá usar recursos públicos para promocionar su persona, aunque sí podrán hacer propaganda siempre y cuando tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

Tampoco podrán adecuar sus casas de atención ciudadana para actividades proselitistas.

Será el Instituto Nacional Electoral (INE) la autoridad encargada de revisar y avalar los registros. Para hacerlo, verificará que cada solicitud cumpla con los requisitos, y que ningún aspirante se encuentre enfrente algún proceso por violencia política de género.

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral aprobó un total de 604 millones 379 mil 942 pesos como presupuesto de egresos y el financiamiento público local para los partidos políticos, para el ejercicio fiscal 2024.

El presupuesto contempla recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la organización del Proceso Electoral Local 2023-2024, trabajos ordinarios y el ejercicio de instrumentos de participación ciudadana competencia del IEE.

En instrumentos de participación ciudadana destinó un millón 275 mil pesos para procesos institucionales 156 millones 945 mil 051 pesos; al proceso electoral confiable organizado 417 millones 901 mil 161 pesos; en formación de cultura cívica y participación ciudadana aprobaron 15 millones 984 mil 348 pesos y para atención a derechos humanos fueron 12 millones 274 mil 382 pesos.

De igual forma, incluye financiamiento público local para los partidos políticos, que da un total de 292 millones 317 mil 880 pesos con 34 centavos.

Esta cantidad será ejercida por los 9 partidos políticos locales registrados en la entidad para actividades ordinarias, actividades específicas y gastos de campaña, de acuerdo con lo que marca la ley.

De lo anterior, se destinarán al PAN 100 millones 341 mil 701 pesos; a Morena será de 85 millones 669 mil 925 pesos; al PRI 49 millones 887 mil 592 pesos; Movimiento Ciudadano con 40 millones 144 mil 003 pesos; al PVEM, PT y PRD será 1 millón 460 mil 546 pesos, respectivamente; y por último, Movimiento Republicano de Chihuahua y Pueblo, ambos con 5 millones 946 mil 509 pesos.

En las próximas elecciones del país, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) velará porque los partidos políticos y órganos electorales cumplan con la transparencia y el acceso a la información, pues son elementos que fortalecen los comicios y la democracia, señalaron Blanca Lilia Ibarra Cadena y Norma Julieta del Río Venegas, integrantes del Pleno del organismo garante nacional, durante la inauguración del Foro Regional Norte: Por la legalidad y la transparencia en las contiendas electorales.

El evento fue convocado como parte de los acuerdos del Convenio General de Colaboración suscrito entre el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE), el 31 de marzo pasado, con el objetivo de reflexionar sobre los retos que enfrenta el país en materia de integridad pública y combate a la ilegalidad rumbo a los procesos electorales locales del año 2023 (que ya se llevaron a cabo) y el federal de 2024.

En su mensaje, la Comisionada presidenta del INAI y del Consejo Nacional del SNT, Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que la transparencia fortalece los comicios y resulta fundamental para la democracia, que consiste en la posibilidad de elegir a los gobernantes, con base en información certera sobre su trayectoria política y sus propuestas. Asimismo, dijo, proteger los datos personales de la ciudadanía es vital para la legalidad electoral.

“Como organismos garantes de acceso a la información y protección de datos, tenemos el deber de colaborar para hacer frente al momento histórico que supondrán las elecciones del próximo año. Los órganos garantes de transparencia estamos en el corazón del sistema democrático, por lo que debemos aprovechar esta coyuntura para demostrar la centralidad de nuestras funciones”, puntualizó.

A su vez, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas sostuvo que el INAI, junto a las Fiscalías Electorales, aportará a las elecciones de 2024, velando porque los partidos políticos y los órganos electorales garanticen a la ciudadanía la transparencia y el acceso a la información. Destacó que, para recuperar la confianza en el país, se necesitan instituciones como los organismos garantes de transparencia, el INE y las Fiscalías.

“Los órganos garantes que conformamos el Sistema Nacional de Transparencia vamos a tener también un ojo en el ámbito electoral, porque las cargas de información trimestrales (en la Plataforma Nacional de Transparencia) van a ser esenciales para que los ciudadanos conozcan qué están haciendo los partidos, en qué están gastando el recurso, qué está haciendo el INE y cómo está supervisando el proceso electoral”, abundó.

Por su parte, Gilberto Pablo De Hoyos Koloffon, Fiscal Especializado en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León y presidente de AMFE, indicó que el tema de la transparencia electoral genera una eficiente gestión de los procesos comiciales del país, “lo que abona al tema de la credibilidad y la legitimidad de los resultados y, de esta forma, se fortalecen el Estado de Derecho y el sistema democrático”.

En su turno, Sinia Álvarez Ramos, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, resaltó la necesidad de unir esfuerzos para luchar por la legalidad y la transparencia en los procesos electorales, sobre todo, en un contexto en el que es fundamental recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones. “Trabajemos juntos para garantizar la integridad de nuestros comicios y fortalecer la democracia en nuestro país”.

Durante su intervención, Abraham Montes Magaña, Comisionado presidente del órgano garante de Michoacán (IMAIP) y Coordinador de los Organismos Garantes de Entidades Federativas del SNT, advirtió que durante los procesos electorales se maneja una gran cantidad de datos personales, por lo que “garantizar su debida salvaguarda y su correcto tratamiento contribuye a dar certeza a la sociedad mexicana”.

En su momento, Alma Cristina López de la Torre, Coordinadora de la Región Norte del SNT y Comisionada del órgano garante de Durango, reiteró la urgencia de garantizar la legalidad y la transparencia en las elecciones de 2024, que serán trascendentales para el país, pues, además de elegir al Presidente de la República, se renovará la Cámara de Diputados y el Senado, así como nueve gubernaturas. “Un proceso electoral sin transparencia, sin legalidad y sin rendición de cuentas es una mera simulación y eso no lo debemos permitir”.

Finalmente, Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, Comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur (ITAIBCS), señaló que “los partidos políticos, como sujetos obligados, tienen que constreñirse al marco normativo en materia de rendición de cuentas y fiscalización”.

El foro se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Junta Local Ejecutiva del INE, en La Paz, Baja California Sur.

La apertura a la diversidad en distintos ámbitos es una de las manifestaciones de los valores y actitudes que se relaciona con el combate a la discriminación.

En el ámbito nacional, 36.1% de la población de 18 años y más estaría dispuesta a elegir a una persona gay o lesbiana y 34.1%, a una persona trans para la Presidencia de la República mexicana.

En el terreno laboral, 60.6% contrataría a una persona gay o lesbiana y 58.3% a una persona trans, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTI+ (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales, el símbolo+ representa la incorporación de otras identidades no señaladas).

En México, 5 millones de personas de 15 años y más (5.1% de esta población) se auto identificaron con una orientación sexual y de género LGBTI+, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.

Al desagregar la información por sexo asignado al nacer, la población de 15 años y más LGBTI+ se integró por 2.1 millones de hombres y 2.9 millones de mujeres.

La población LGBTI+ se compone por diversas personas con identidad de género (OSIG) no normativas. Esta heterogeneidad se puede observar al distinguir personas con base en su orientación sexual y su identidad de género.

Así, 92.4% de la población LGBTI+ en México, que equivale a 4.6 millones de personas, pertenece a la comunidad LGB+. De esta población, 10.6% (490 mil) se identificó como lesbiana; 26.5% (1.2 millones) como gay u homosexual, 51.7 % (2.4 millones), como bisexual y 11.2% (519 mil), como personas con otra orientación sexual.

Asimismo, 18.2% (909 mil) de la población LGBTI+ en México señaló tener una identidad de género no normativa, con lo que forma parte de la población con IGT+. Además, 529 mil personas se identificaron con una orientación sexual dentro de LGB+ y una identidad de género T+.

De la población de 18 años y más de la diversidad sexual y de género, 37.3% refirió haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 12 meses, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022.

Al desagregar según orientación sexual e identidad de género, 43.7% de las personas con orientación sexual LGB+ y 27.7% con identidad de género T+ manifestaron esta situación.

Los datos desagregados por sexo (asignado al nacer) revela un mayor porcentaje de mujeres LGBT+ que declararon haber sufrido discriminación en el último año, en comparación con los hombres LGBT+.

Se estima que 22.9% de la población de la diversidad sexual y de género refirió que se le negó, al menos, uno de sus derechos en los últimos cinco años. En contraste, dicha estimación fue de 20.4% para la población que no pertenece a la diversidad sexual y de género.

Por otra parte, 44.1% de la población de 18 años y más consideró que los derechos de las personas gays o lesbianas se respetan poco. Por su parte, 46.4% percibió que los derechos de las personas trans se respetan poco.