Fiscalía

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, anunció una serie de enroques en la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizados por disposición de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En conferencia de prensa, Jáuregui explicó que los movimientos tienen como objetivo fortalecer la nueva estrategia de seguridad pactada con el Gobierno Federal y los municipios, a fin de intensificar la búsqueda de objetivos prioritarios y reducir la incidencia delictiva.

Entre los cambios destacan:

Arturo Zuany, hasta ahora fiscal de la Zona Sur con sede en Hidalgo del Parral, asumirá la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Jáuregui subrayó su experiencia en el combate al secuestro y la extorsión, áreas en las que logró resultados relevantes.

Guillermo Hinojos, abogado criminólogo con trayectoria en la FGE como coordinador de diversas unidades, quedará a cargo de la Fiscalía Zona Sur.

Juan Carlos Portillo será el nuevo fiscal de la Zona Occidente, con sede en Cuauhtémoc.

Pedro Oseguera, quien se desempeñaba como primer comandante de la Policía Ministerial en la Zona Occidente, fue designado director de la Agencia Estatal de Investigación (AIE).

El fiscal general destacó que estos ajustes se enmarcan en un proceso de renovación institucional para enfrentar con mayor eficacia los retos en materia de seguridad pública.

Cabe señalar que el cargo de la Fiscalía Zona Occidente había quedado vacante tras la designación de Silvia González como jueza en materia penal para el Distrito Judicial Benito Juárez.

El Congreso de Chihuahua exhortó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General del Estado a impartir cursos de capacitación en materia de infancia y adolescencia, dirigidos a operadores de justicia tanto del ámbito municipal como estatal.

Lo anterior, debido el incremento de denuncias públicas por posibles casos de violencia sexual en contra de niños y adolescentes en el estado

La Diputación Permanente aprobó el exhorto en la sesión de este 1 de agosto, por iniciativa presentada por la diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena), quien subrayó la urgencia de que jueces, juezas y personal de procuración de justicia resuelvan estos casos con enfoque especializado en derechos de la niñez.

“El Estado tiene el reto impostergable de garantizar que las personas juzgadoras analicen la evidencia criminal de manera eficiente y resuelvan con perspectiva de infancia los casos que afectan la integridad y el sano desarrollo de los menores”, advirtió Pérez Reyes al presentar su propuesta.

Anteriormente, la misma diputada—quien representa al Distrito X con cabecera en Juárez—había señalado dos casos de presuntos violentadores de niños víctimas que fueron liberados por sus respectivos juzgadores por no procesarlos con perspectiva de niñez.

⁠Justicia adaptada a niños y adolescentes

La diputada recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los Estados deben aplicar un sistema de justicia accesible y apropiado para la infancia, lo que implica considerar el interés superior del menor (ISN) y el derecho a la participación, con base en su edad, madurez y nivel de comprensión.

Señaló además que la falta de capacitación adecuada entre jueces ha generado una “cadena de impunidad” que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas y permite la repetición de los delitos.

“La falta de perspectiva de infancia entre juzgadores impide que las víctimas accedan a una justicia real, afectando su proceso de recuperación y enviando un mensaje de impunidad”, señaló.

Modelo Antenas, sin impacto si no hay sensibilidad judicial

Pérez Reyes hizo referencia al modelo Antenas, actualmente utilizado por la Fiscalía estatal, el cual permite a personal capacitado del Ministerio Público y psicólogos especializados tomar declaraciones y realizar evaluaciones en tiempo real mediante herramientas proyectivas.

Al respecto, advirtió que la efectividad de este esquema se ve limitada si no existe una correcta valoración judicial de las pruebas.

Por ello, el punto de acuerdo aprobado establece que tanto la Fiscalía como el TSJ deben diseñar e implementar cursos conjuntos que aseguren un trato diferenciado y especializado para niñas, niños y adolescentes a lo largo de todo el proceso penal: desde la denuncia, pasando por las audiencias y hasta la ejecución de la sentencia.

“Se requiere una adecuación tanto en los aspectos materiales como procesales e interpretativos para que los menores de edad participen en igualdad de condiciones”, concluyó la diputada.

Dos hombres y una mujer fueron vinculados a proceso por un juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1767/2025, luego de que un agente del Ministerio Público presentara pruebas contundentes por portación de arma de fuego, droga y vehículo robado, en hechos registrados el día 1 de mayo, dejándolos bajo la medida cautelar de prisión preventiva por un lapso de 12 meses.

En la investigación ministerial se estableció que en las calles Fuentes Mares y Nueva España, los imputados se encontraban a bordo de un automotor de la marca Nissan línea Sentra, modelo 2005 de color negro el cual contaba con reporte de robo vigente del día 21 de abril de 2025.

Los involucrados sin que pudieran acreditar la adquisición de buena fe del vehículo en el que circulaban, fueron revisados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron en el interior del vehículo un arma larga tipo fusil calibre.223, de uso exclusivo del ejército, abastecida con su cargador y cartuchos.

Además, en el piso del automotor se localizó otro cargador con 39 cartuchos útiles del mismo calibre que el arma y en el asiento trasero se encuentran dos pipas de color rosa y dos envoltorios con una sustancia blanca con las características físicas del Cristal.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, acreditó con datos de prueba fehacientes la probable responsabilidad de los imputados Lázaro Adrián R.R., Jorge Arnulfo C. C. y Perla Tatiana N. M., por los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo, portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército y posesión simple de narcóticos en su variante de narcomenudeo.

Cinco mujeres fueron arrestadas en Guadalajara, Jalisco, por el delito de fraude con la penalidad agravada en la modalidad de extorsión telefónica, luego de que se les relacionara con un caso en el que la víctima fue un chihuahuense al que amenazaron para que les depositara 2 millones de pesos.

A través de un comunicado de prensa, se informó que las acciones tuvieron lugar el sábado 10 de mayo, mediante un operativo especial, previo trabajo de inteligencia, en el que participaron elementos de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, de la Fiscalía en Operaciones Estratégicas, en colaboración con Agentes de la Policía de Investigación del estado de Jalisco.

Las detenidas con órdenes de aprehensión cumplimentadas en Guadalajara son: Alejandra Isabel P. R., Alma Guadalupe U. L., Wendy S. A., Angélica María Z. L., y Rosana G. G., por su participación activa en dicho ilícito cometido en contra de una víctima de esta ciudad de Chihuahua, se enlistó.

Las detenidas estarían siendo trasladadas a la ciudad de Chihuahua, para ser puestas a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, para llevar a cabo la audiencia inicial en la cual se les formulará imputación y se resolverá su situación jurídica, se menciona en el reporte.

De acuerdo con la investigación ministerial, el día 5 de julio de 2024, por medio de una llamada telefónica engañaron al empleado de una empresa, diciéndole que tenía que realizar un pago de manera inmediata, ya que de no hacerse, se generaría una multa muy grande para los dueños de las oficinas.

El empleado atendió las instrucciones que recibió de sacar dinero de la caja fuerte y acudió a depositar al cajero automático de Bancomer más de dos millones de pesos, numerario que fue depositado a las cuentas de las hoy detenidas, quienes dispusieron de manera inmediata del dinero, según se desprende de la información bancaria.

Las detenidas pueden alcanzar una pena de hasta 16 años de prisión, refiere el comunicado oficial.

¿Qué hacer en caso de una llamada de extorsionadores?

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a estar alerta y no caer en este tipo de engaños, que buscan generar miedo y obtener dinero mediante amenazas falsas.

Dentro de las recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión y/o fraude telefónico son las siguientes:

Si recibes una llamada sospechosa de un número desconocido, cuelga de inmediato.

No deposites dinero ni realices transferencias bajo ninguna circunstancia.

Verifica la información llamando directamente a tu superior inmediato o personas cercanas.

En caso de recibir una llamada de este tipo, denúncialo de inmediato al 9-1-1. También se recomienda descargar aplicaciones como CallApp para identificar llamadas de spam o intentos de extorsión. Además de que puedes consultar en la página de la Fiscalía General del Estado si algún número ha sido reportado como extorsivo en el siguiente link. https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/denuncia/

La Fiscalía en Operaciones Estratégicas, reiteró el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad sospechosa o situación similar de fraude telefónico y asegura que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.