Fiscalía anticorrupción

Previo a que el exgobernador Javier Corral Jurado rindiera protesta como senador de la LXVI Legislatura de parte de Morena, la Fiscalía General del Estado (FGE) Chihuahua hizo un segundo intento y notificó al Senado de la República sobre una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 12:00 horas de este 29 de agosto, agentes de la FGE chihuahuense arribaron al recinto legislativo para notificar a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por Ana Lilia Rivera.

Pese a que fue informado sobre la entrega del documento, Corral ingresó a la sesión constitutiva del Senado y, en entrevista con Once Noticias, declaró:

“Ha circulado una versión que es absolutamente falsa de que fui detenido. No es así. He estado participando (…) y tomaré protesta como senador de la República”, publicó Infobae.

Peculado agravado

El documento, fechado el día de hoy, refiere que Corral es señalado por el delito de peculado agravado, previsto y sancionado en el artículo 270, fracción I, último párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua.

También refiere que el pasado 14 de agosto, elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener al exgobernador mientras este se encontraban en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Sin embargo, al no haber recibido la autorización de colaboración del encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, Ulises Lara López, no se permitió ejecutar la orden de aprehensión.

El fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, anunció que presentará una denuncia en contra de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por haber pretendido efectuar una detención en la capital del país sin tener las facultades para realizar ese tipo de acciones.

Mediante un mensaje difundido en video, Lara López aseguró que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua carecía de facultades para actuar fuera de su jurisdicción, incluso para solicitar la colaboración de su similar de la Ciudad de México.

El funcionario se refirió al intento de aprehensión del senador electo Javier Corral Jurado en un restaurante de la Ciudad de México la noche del 14 de agosto pasado, mismo que no se concretó por la intervención directa de él mismo para impedirlo.

Añadió al respecto que la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua no forma parte del convenio de colaboración que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías generales de Justicia de las entidades federativas, vigente desde noviembre de 2012.

“A la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca convenidos por las instituciones que lo celebraron”, agregó el fiscal de la ciudad de México.

Por tal motivo, presentarán la denuncia ante la Fiscalía General de la República, al considerar que las acciones de la FCA de Chihuahua se realizaron “al margen de la ley, es decir, de manera irregular y violentando el debido proceso”.

Pretendió la FAC de Chihuahua generar inestabilidad política

Para Ulises Lara, la acción de la Fiscalía chihuahuense fue eminentemente política, y no jurídica, y tuvo por objeto generar inestabilidad justo un día antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregara la constancia de mayoría a la presidenta electa.

“Llama poderosamente la atención que dichos actos de investigación hayan sido difundidos extrañamente un día antes de la entrega de la constancia de la presidenta electa, lo que incide de una manera clara la de generar inestabilidad política”, afirmó.

Como sustento de ese señalamiento, refirió el hecho de que los videos grabados en el lugar de los hechos fueron filtrados, específicamente y con toda oportunidad a un presentador de noticias. En este caso, se trató del noticiero conducido por Ciro Gómez Leyva.

Junto con esas imágenes, continuó Lara, se presentó el documento interno de esta Fiscalía General de Justicia “con el que se intentó engañar a la opinión pública haciéndolo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba de la dirigencia”.

Además, junto con esas informaciones, se difundió la versión de que él, en su carácter de encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acudiera a “rescatar” a Javier Corral, algo que el funcionario negó rotundamente.

Reveló además que los agentes de la FAC llegaron desde el 12 de agosto a realizar investigaciones y trabajo de investigación e inteligencia para dar con el paradero del exgobernador de Chihuahua, acción que también calificó de “irregular”.

Sobre ese mismo punto, dijo que era de llamar la atención que los agentes chihuahuenses iniciaran esos trabajos dos días antes de que enviaran la solicitud de colaboración a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con esos fundamentos, se presentará, por conducto del fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, una denuncia ante la FGR en contra de quién o quienes resultan responsables “de esta violación flagrante a la ley”.

Ulises Lara se lanzó contra la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, acusando diversas ilegalidades en su intento por detener al exgobernador

Ulises Lara, encargado de Despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, acusó que la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua actuó de manera irregular en sus intenciones por detener a Javier Corral.

Esto durante un mensaje dirigido a medios de comunicación, en donde el funcionario señaló que dicha dependencia no forma parte del acuerdo de colaboración entre diversas instituciones que fue firmado en el año 2012.

Además, Ulises Lara añadió que elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua llevaron a cabo trabajos de inteligencia en la Ciudad de México (CDMX), sin contar con la autorización requerida.

Con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, indicó que dicha dependencia no se encuentra dentro de los acuerdos de colaboración.

Estos, firmados en el año 2012 por la entonces Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de cada entidad federativa.

De esta manera, y de forma inmediata, sus acciones fueron consideradas como ilegales en territorio de la CDMX.

Añadió que la Fiscalía chihuahuense incumplió con los plazos establecidos para poder llevar a cabo acciones en otro estado, toda vez que debió notificar al menos 7 días antes de que ejecutara la orden de aprehensión contra el exgobernador.

Además, debió esperar la respuesta correspondiente por parte de las autoridades capitalinas para poder actuar, la cual en caso de ser negativa dejaba sin efecto el requerimiento como en este caso.

Y es que Ulises Lara señaló que las indagatorias permitieron conocer que dos días antes de enviar la notificación a la Fiscalía de CDMX, agentes de inteligencia de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ya se encontraban laborando en la capital del país.

Esto, pues se presume realizaron seguimientos al ex panista Javier Corral, quien se encontraba de visita en la CDMX, sin que contaran con una aprobación de las autoridades capitalinas.

Tras acusar actos irregulares por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Ulises Lara señaló que se hará la solicitud para que todo el material que existe de este caso sea integrado a una carpeta de investigación.

Al respecto, adelantó que la Fiscalía de CDMX presentará una denuncia ante la FGR, contra quienes resulten responsables por actuar de manera “ilegal” en el intento de detención de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua.

Y es que el fiscal capitalino acusó que el intento de detención de Javier Corral fue por fines políticos, y no por fines netamente jurídicos.

Esto, pues dicha acción se llevó a cabo un día antes de que la presidenta electa de México recibiera su constancia de mayoría, de quien el exmandatario es afín.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado emprendió sendas acciones penales contra el exgobernador Javier Corral Jurado y el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, debido a los pagos presuntamente indebidos por una suma total de 98 millones de pesos a la empresa López-Elías Finanzas Públicas por servicios de asesoría para la reestructuración de su deuda pública.

Ese supuesto desfalco, según las declaraciones públicas tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Auditoría Superior del Estado (ASE), surgió de las revisiones a las cuentas públicas del Gobierno de Javier Corral, correspondientes a los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en los informes de Cuenta Pública emitidos y publicados por la ASE, correspondientes a esos años, no se encuentra ni una sola mención a los pagos realizados a López-Elías Finanzas Públicas, ni a la reestructuración de la deuda.

Según lo ha informado el fiscal Anticorrupción, tanto Corral como Arturo F.V. autorizaron “indebidamente” el pago de los 98.6 millones en dos exhibiciones de a 49.3 mdp cada una. La primera se habría realizado en el año 2019 y la segunda, en el 2020.

No obstante, ni en el Informe de Cuenta Pública 2020, que abarcaría la revisión al gasto público del 2019, ni en la del 2021, que da cuenta de lo hecho en el 2020, existe recomendación, observación, solicitud de aclaración, informes de presunta responsabilidad o denuncias de hechos relacionados a la operación de la reestructura de la deuda.

En la revisión del 2021, se incluye una Denuncia de Hechos por el hecho de que la Secretaría de Hacienda no transfirió al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense un importe de 107 millones, 389 mil ,518 pesos. por concepto de recursos recaudados en el ejercicio fiscal 2021 por concepto de 10 por ciento de Contribución Extraordinaria del ISN.

Pero no aparecen los pagos a la firma asesora contratada para la reestructura de la deuda, presuntamente irregulares, que dieron motivo a una denuncia de hechos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que luego derivó en sendas órdenes de aprehensión contra Javier Corral y Arturo F.V.

Para el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, existen una serie de actos constitutivos de delito, como el hecho de que haber realizado ese gasto sin tener suficiencia presupuestal, ni estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en las cuentas de esos años, la ASE no hizo esos señalamientos. Tampoco en la del 2021, último año de la gestión de Javier Corral.