Fiscalía anticorrupción

Ulises Lara se lanzó contra la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, acusando diversas ilegalidades en su intento por detener al exgobernador

Ulises Lara, encargado de Despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, acusó que la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua actuó de manera irregular en sus intenciones por detener a Javier Corral.

Esto durante un mensaje dirigido a medios de comunicación, en donde el funcionario señaló que dicha dependencia no forma parte del acuerdo de colaboración entre diversas instituciones que fue firmado en el año 2012.

Además, Ulises Lara añadió que elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua llevaron a cabo trabajos de inteligencia en la Ciudad de México (CDMX), sin contar con la autorización requerida.

Con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, indicó que dicha dependencia no se encuentra dentro de los acuerdos de colaboración.

Estos, firmados en el año 2012 por la entonces Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de cada entidad federativa.

De esta manera, y de forma inmediata, sus acciones fueron consideradas como ilegales en territorio de la CDMX.

Añadió que la Fiscalía chihuahuense incumplió con los plazos establecidos para poder llevar a cabo acciones en otro estado, toda vez que debió notificar al menos 7 días antes de que ejecutara la orden de aprehensión contra el exgobernador.

Además, debió esperar la respuesta correspondiente por parte de las autoridades capitalinas para poder actuar, la cual en caso de ser negativa dejaba sin efecto el requerimiento como en este caso.

Y es que Ulises Lara señaló que las indagatorias permitieron conocer que dos días antes de enviar la notificación a la Fiscalía de CDMX, agentes de inteligencia de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ya se encontraban laborando en la capital del país.

Esto, pues se presume realizaron seguimientos al ex panista Javier Corral, quien se encontraba de visita en la CDMX, sin que contaran con una aprobación de las autoridades capitalinas.

Tras acusar actos irregulares por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Ulises Lara señaló que se hará la solicitud para que todo el material que existe de este caso sea integrado a una carpeta de investigación.

Al respecto, adelantó que la Fiscalía de CDMX presentará una denuncia ante la FGR, contra quienes resulten responsables por actuar de manera “ilegal” en el intento de detención de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua.

Y es que el fiscal capitalino acusó que el intento de detención de Javier Corral fue por fines políticos, y no por fines netamente jurídicos.

Esto, pues dicha acción se llevó a cabo un día antes de que la presidenta electa de México recibiera su constancia de mayoría, de quien el exmandatario es afín.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado emprendió sendas acciones penales contra el exgobernador Javier Corral Jurado y el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, debido a los pagos presuntamente indebidos por una suma total de 98 millones de pesos a la empresa López-Elías Finanzas Públicas por servicios de asesoría para la reestructuración de su deuda pública.

Ese supuesto desfalco, según las declaraciones públicas tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Auditoría Superior del Estado (ASE), surgió de las revisiones a las cuentas públicas del Gobierno de Javier Corral, correspondientes a los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en los informes de Cuenta Pública emitidos y publicados por la ASE, correspondientes a esos años, no se encuentra ni una sola mención a los pagos realizados a López-Elías Finanzas Públicas, ni a la reestructuración de la deuda.

Según lo ha informado el fiscal Anticorrupción, tanto Corral como Arturo F.V. autorizaron “indebidamente” el pago de los 98.6 millones en dos exhibiciones de a 49.3 mdp cada una. La primera se habría realizado en el año 2019 y la segunda, en el 2020.

No obstante, ni en el Informe de Cuenta Pública 2020, que abarcaría la revisión al gasto público del 2019, ni en la del 2021, que da cuenta de lo hecho en el 2020, existe recomendación, observación, solicitud de aclaración, informes de presunta responsabilidad o denuncias de hechos relacionados a la operación de la reestructura de la deuda.

En la revisión del 2021, se incluye una Denuncia de Hechos por el hecho de que la Secretaría de Hacienda no transfirió al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense un importe de 107 millones, 389 mil ,518 pesos. por concepto de recursos recaudados en el ejercicio fiscal 2021 por concepto de 10 por ciento de Contribución Extraordinaria del ISN.

Pero no aparecen los pagos a la firma asesora contratada para la reestructura de la deuda, presuntamente irregulares, que dieron motivo a una denuncia de hechos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que luego derivó en sendas órdenes de aprehensión contra Javier Corral y Arturo F.V.

Para el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, existen una serie de actos constitutivos de delito, como el hecho de que haber realizado ese gasto sin tener suficiencia presupuestal, ni estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en las cuentas de esos años, la ASE no hizo esos señalamientos. Tampoco en la del 2021, último año de la gestión de Javier Corral.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) cumplió en tiempo y en forma con todos los protocolos del convenio con su contraparte de la Ciudad de México para ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y fue la negativa del encargado del despacho de la Fiscalía capitalina para cumplir con ese acuerdo lo que impidió la detención, sostuvo este día el fiscal Anticorrupción del Estado, Luis Abelardo Valenzuela.

La desviación de 98 millones 600 mil pesos hacia la cuenta de un particular, supuestamente para reestructurar la deuda estatal, constituye el delito por el que son perseguidos Corral Jurado y su subordinado AFV, quien era su secretario de Hacienda y cómplice en el delito imputado al exgobernador de Chihuahua, exfuncionario que hoy se encuentra prófugo de la justicia.

En rueda de prensa, el fiscal Valenzuela dijo que los delitos laceran a la sociedad, pero más cuando los comete un servidor público, debido a que deriva en la falta de servicios públicos y bienestar para la sociedad.

Dijo que el 14 de agosto la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) solicitó y le fue aprobada la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para cumplir con el arresto de Corral, como comentó sucedió hace dos semanas con la orden de aprehensión girada contra un empresario acusado de falsificación de documentos que involucró el desvío de más de 41 millones de pesos, colaboración que destacó fue totalmente exitosa.

Comentó que la solicitud formal para recibir el apoyo de las autoridades capitalinas para la detención de Corral Jurado fue presentada a las 8 de la noche del 14 de agosto y aprobada por Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía General de la Ciudad de México, la cual permitía el ingreso de los agentes para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Corral Jurado.

Explicó que también se acordó el plazo del 14 al 20 de agosto del 2024 para cumplir con la aprehensión.

Dijo que Corral fue ubicado a las 8 de la noche en el Restaurante Gin Gin de la CDMX, por lo que se procedió a aprehenderlo con el ordenamiento judicial en mano.

Tras permitirle hacer unas llamadas a Corral, momentos después –contó Valenzuela– llegaron al lugar más de 100 elementos policíacos que con la negativa del encargado del despacho de la Fiscalía capitalina para cumplir con ese convenio interinstitucional impidieron que se detuviera al exgobernador.

Fiscalía de CDMX revocó acuerdo formal

Tras tomar custodia de Corral, dijo que los agentes capitalinos lo subieron a bordo de una unidad oficial y lo retiraron del lugar, revocando de esa manera el acuerdo formal entre las dos Fiscalías.

Dijo Valenzuela que la orden de aprehensión se cumplió con base a todos los márgenes y requisitos legales contemplados en el convenio entre las Fiscalías y que con sus acciones el encargado del despacho de la Fiscalía capitalina revocó y contravino dichos acuerdos permitiendo a Corral evadir así la acción de la justicia.

Por otra parte, las acciones de los agentes del estado se dieron con base y en cumplimiento al acuerdo entre Fiscalías y en particular en su Cláusula 12ª , Fracción 5ª en donde las partes se obligan a entregar y registrar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados con un pleno respeto a sus derechos humanos, permitiendo además el ingreso a los agentes para que hagan cumplir con la orden de aprehensión, explicó en rueda de prensa.

Los cargos

“Los hechos que se le imputan al hoy exgobernador fueron puntualmente denunciados por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Se le atribuye a JCJ que en su carácter de gobernador del Estado de Chihuahua en conjunto con su subordinado AFV, hoy prófugo de la justicia, de manera ilícita dispusieron del erario la cantidad de 98 millones 600 mil pesos, pues efectuaron dos pagos a un particular a su cuenta bancaria Santander con la finalidad aparentemente de reestructurar la deuda pública del estado”, expresó.

Comentó que el primer pago se realizó el día 3 de diciembre del 2019 y el segundo el 5 de agosto del 2020, cada uno de ellos por la cantidad de 49 millones 300 mil pesos pesos.

“Lo cual devino en ilegal, toda vez que esta contratación fue simulada con la intención de disponer de dicho recurso de las finanzas del estado, a sabiendas de que el contrato no se cumpliría”, leyó Valenzuela.

Al momento de la comisión de los hechos delictivos en el Gobierno del Estado de Chihuahua, Corral Jurado fungía como depositario del poder ejecutivo y su subordinado AFV, hoy prófugo de la justicia, tuvo el encargo entonces de secretario de Hacienda, lo cual abundó obra en los datos de la carpeta de investigación, dijo.

“JCJ ostentó el cargo de gobernador del Estado de Chihuahua y de conformidad con el artículo 93 de la Constitución del Estado de Chihuahua tenía la calidad de garante del cuidado de los fondos públicos del estado”, estableció.

Indicó que la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía que encabeza fue obsequiada por un juez de control del Distrito Morelos, en contra del exgobernador, tiene los antecedentes de que la denuncia fue presentada por la Fiscalía el pasado mes de enero del año 2023 por parte de la Auditoría Superior del Estado, que tiene como función el manejo, custodia y fiscalización de los recursos del estado.

Informó que la decisión de contratar al particular a quien le fueron depositados los recursos en cuestión fue responsabilidad de Corral y de quien era entonces su secretario de Hacienda.

Exsecretario de Hacienda, sin conocimientos para atender la deuda

Mencionó que se demostró también que el particular no acreditó ante Hacienda los trabajos que realizaría y que carecía del conocimiento técnico para efectuarlos, además de que no poseía conocimientos adecuados sobre la reestructura de la deuda estatal.

“Por la relevancia del monto y el grave costo a la hacienda pública del estado, Corral y AFV fueron conscientes y determinados a contratar al particular a sabiendas de que no debieron de haberlo hecho”, indicó el fiscal.

Exhibió además que la contratación del particular sucedió 171 días antes de que se hiciera la solicitud para ello y que el pago de la primera etapa ocurrió 15 días antes de la solicitud de suficiencia presupuestaria, eso aunado a que no se contó con la autorización correspondiente para la contratación del particular involucrado.

Ulises Lara López, encargado del Despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, negó categóricamente que haya realizado un “rescate” de Javier Corral la noche del 14 de agosto para evitar su detención.

De acuerdo con Lara López, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua buscaron “ilegalmente llevar a cabo la ejecución de un mandamiento judicial” contra el exgobernador de dicho estado en un restaurante de la capital del país.

A través de un mensaje, Ulises Lara reiteró que se trató de un operativo derivado de la no participación de la CDMX en la detención, pues, pese a que la Fiscalía de Chihuahua pidió la colaboración el mismo 14 de agosto, la diligencia se realizó sin que se hubiera respondido.

De acuerdo con el encargado de despacho de la fiscalía capitalina, al tomar conocimiento de que no se habían formalizado los trámites de colaboración correspondientes, se apersonó en el lugar de los hechos “con la finalidad de corroborar la legalidad” de la detención.

Al momento de su arribo, corroboró que no había presencia de elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la CDMX; sin embargo, se pretendía llevar a cabo, “al amparo de un oficio interno, mismo que no corresponde a la aceptación de la colaboración”, la detención de Javier Corral en el restaurante Gin Gin.

Por ello, negó que su participación en los hechos registrados y captados en video durante la noche del 14 de agosto se hayan tratado de un rescate “como equivocada y dolosamente se ha señalado”.

Resaltó que dicho intento de detención constituye una violación a la libertad que, incluso pudo haber resultado una probable acción penal contra los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que buscaban aprehender a Javier Corral.