Fiscalía anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) cumplió en tiempo y en forma con todos los protocolos del convenio con su contraparte de la Ciudad de México para ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y fue la negativa del encargado del despacho de la Fiscalía capitalina para cumplir con ese acuerdo lo que impidió la detención, sostuvo este día el fiscal Anticorrupción del Estado, Luis Abelardo Valenzuela.

La desviación de 98 millones 600 mil pesos hacia la cuenta de un particular, supuestamente para reestructurar la deuda estatal, constituye el delito por el que son perseguidos Corral Jurado y su subordinado AFV, quien era su secretario de Hacienda y cómplice en el delito imputado al exgobernador de Chihuahua, exfuncionario que hoy se encuentra prófugo de la justicia.

En rueda de prensa, el fiscal Valenzuela dijo que los delitos laceran a la sociedad, pero más cuando los comete un servidor público, debido a que deriva en la falta de servicios públicos y bienestar para la sociedad.

Dijo que el 14 de agosto la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) solicitó y le fue aprobada la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para cumplir con el arresto de Corral, como comentó sucedió hace dos semanas con la orden de aprehensión girada contra un empresario acusado de falsificación de documentos que involucró el desvío de más de 41 millones de pesos, colaboración que destacó fue totalmente exitosa.

Comentó que la solicitud formal para recibir el apoyo de las autoridades capitalinas para la detención de Corral Jurado fue presentada a las 8 de la noche del 14 de agosto y aprobada por Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía General de la Ciudad de México, la cual permitía el ingreso de los agentes para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Corral Jurado.

Explicó que también se acordó el plazo del 14 al 20 de agosto del 2024 para cumplir con la aprehensión.

Dijo que Corral fue ubicado a las 8 de la noche en el Restaurante Gin Gin de la CDMX, por lo que se procedió a aprehenderlo con el ordenamiento judicial en mano.

Tras permitirle hacer unas llamadas a Corral, momentos después –contó Valenzuela– llegaron al lugar más de 100 elementos policíacos que con la negativa del encargado del despacho de la Fiscalía capitalina para cumplir con ese convenio interinstitucional impidieron que se detuviera al exgobernador.

Fiscalía de CDMX revocó acuerdo formal

Tras tomar custodia de Corral, dijo que los agentes capitalinos lo subieron a bordo de una unidad oficial y lo retiraron del lugar, revocando de esa manera el acuerdo formal entre las dos Fiscalías.

Dijo Valenzuela que la orden de aprehensión se cumplió con base a todos los márgenes y requisitos legales contemplados en el convenio entre las Fiscalías y que con sus acciones el encargado del despacho de la Fiscalía capitalina revocó y contravino dichos acuerdos permitiendo a Corral evadir así la acción de la justicia.

Por otra parte, las acciones de los agentes del estado se dieron con base y en cumplimiento al acuerdo entre Fiscalías y en particular en su Cláusula 12ª , Fracción 5ª en donde las partes se obligan a entregar y registrar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados con un pleno respeto a sus derechos humanos, permitiendo además el ingreso a los agentes para que hagan cumplir con la orden de aprehensión, explicó en rueda de prensa.

Los cargos

“Los hechos que se le imputan al hoy exgobernador fueron puntualmente denunciados por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Se le atribuye a JCJ que en su carácter de gobernador del Estado de Chihuahua en conjunto con su subordinado AFV, hoy prófugo de la justicia, de manera ilícita dispusieron del erario la cantidad de 98 millones 600 mil pesos, pues efectuaron dos pagos a un particular a su cuenta bancaria Santander con la finalidad aparentemente de reestructurar la deuda pública del estado”, expresó.

Comentó que el primer pago se realizó el día 3 de diciembre del 2019 y el segundo el 5 de agosto del 2020, cada uno de ellos por la cantidad de 49 millones 300 mil pesos pesos.

“Lo cual devino en ilegal, toda vez que esta contratación fue simulada con la intención de disponer de dicho recurso de las finanzas del estado, a sabiendas de que el contrato no se cumpliría”, leyó Valenzuela.

Al momento de la comisión de los hechos delictivos en el Gobierno del Estado de Chihuahua, Corral Jurado fungía como depositario del poder ejecutivo y su subordinado AFV, hoy prófugo de la justicia, tuvo el encargo entonces de secretario de Hacienda, lo cual abundó obra en los datos de la carpeta de investigación, dijo.

“JCJ ostentó el cargo de gobernador del Estado de Chihuahua y de conformidad con el artículo 93 de la Constitución del Estado de Chihuahua tenía la calidad de garante del cuidado de los fondos públicos del estado”, estableció.

Indicó que la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía que encabeza fue obsequiada por un juez de control del Distrito Morelos, en contra del exgobernador, tiene los antecedentes de que la denuncia fue presentada por la Fiscalía el pasado mes de enero del año 2023 por parte de la Auditoría Superior del Estado, que tiene como función el manejo, custodia y fiscalización de los recursos del estado.

Informó que la decisión de contratar al particular a quien le fueron depositados los recursos en cuestión fue responsabilidad de Corral y de quien era entonces su secretario de Hacienda.

Exsecretario de Hacienda, sin conocimientos para atender la deuda

Mencionó que se demostró también que el particular no acreditó ante Hacienda los trabajos que realizaría y que carecía del conocimiento técnico para efectuarlos, además de que no poseía conocimientos adecuados sobre la reestructura de la deuda estatal.

“Por la relevancia del monto y el grave costo a la hacienda pública del estado, Corral y AFV fueron conscientes y determinados a contratar al particular a sabiendas de que no debieron de haberlo hecho”, indicó el fiscal.

Exhibió además que la contratación del particular sucedió 171 días antes de que se hiciera la solicitud para ello y que el pago de la primera etapa ocurrió 15 días antes de la solicitud de suficiencia presupuestaria, eso aunado a que no se contó con la autorización correspondiente para la contratación del particular involucrado.

Ulises Lara López, encargado del Despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, negó categóricamente que haya realizado un “rescate” de Javier Corral la noche del 14 de agosto para evitar su detención.

De acuerdo con Lara López, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua buscaron “ilegalmente llevar a cabo la ejecución de un mandamiento judicial” contra el exgobernador de dicho estado en un restaurante de la capital del país.

A través de un mensaje, Ulises Lara reiteró que se trató de un operativo derivado de la no participación de la CDMX en la detención, pues, pese a que la Fiscalía de Chihuahua pidió la colaboración el mismo 14 de agosto, la diligencia se realizó sin que se hubiera respondido.

De acuerdo con el encargado de despacho de la fiscalía capitalina, al tomar conocimiento de que no se habían formalizado los trámites de colaboración correspondientes, se apersonó en el lugar de los hechos “con la finalidad de corroborar la legalidad” de la detención.

Al momento de su arribo, corroboró que no había presencia de elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la CDMX; sin embargo, se pretendía llevar a cabo, “al amparo de un oficio interno, mismo que no corresponde a la aceptación de la colaboración”, la detención de Javier Corral en el restaurante Gin Gin.

Por ello, negó que su participación en los hechos registrados y captados en video durante la noche del 14 de agosto se hayan tratado de un rescate “como equivocada y dolosamente se ha señalado”.

Resaltó que dicho intento de detención constituye una violación a la libertad que, incluso pudo haber resultado una probable acción penal contra los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que buscaban aprehender a Javier Corral.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua cumplimentó una orden de cateo emitida por la autoridad judicial, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de San Francisco del Oro.

El objetivo obedece a labores de recolección y aseguramiento de información dentro de los trabajos de la carpeta de investigación iniciada contra el Presidente Municipal de ese Ayuntamiento.

“La diligencia se realizó con estricto apego al Estado de Derecho, con el objetivo de salvaguardar documentos que nos permitan avanzar en la carpeta de investigación que estamos desahogando, toda vez que la circunstancia actual del municipio y sus colaboradores, requiere de una actuación eficaz por parte de esta representación social que encabezo”, expresó el Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín.

Elementos de la Fiscalía Anticorrupción presentaron el ordenamiento del Juez de control local, mismo que fue presentado a los trabajadores municipales, quienes permitieron el ingreso de los agentes del ministerio público, ministeriales y peritos, sin contratiempos.

El fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana A.C., con el cual se garantiza la correcta procuración de justicia para personas con alguna discapacidad auditiva y/o de comunicación, se informó a través de un comunicado de prensa.

La intención es contar con la interpretación y comunicación que sea necesaria para atender correctamente a la ciudadanía con estas necesidades, siendo la FACH de las pocas instituciones que brindarán atenciones a este sector de la población, se indicó.

Lo anterior con el fin de asegurar la continuidad y debida integración de las carpetas de investigación por hechos de corrupción, mediante el apoyo del instituto a los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

Esto permitirá el auxilio en las labores como coadyuvante de un lenguaje incluyente en la presentación de denuncias por parte de los ciudadanos, para lo cual es necesario contar con personal especializado para dar la debida atención, refiere el comunicado.

El titular de la FACH destacó la necesidad de que las instituciones públicas deben sensibilizar en diversos temas de inclusión; sobre todo en una dependencia como la Fiscalía Anticorrupción, que es una representación social, que se pone a la altura de la realidad actual ya que quien pueda requerir una comunicación gesto-espacial, puede ser tanto una víctima, como un posible imputado.

El acuerdo también incluye la colaboración para la interpretación en posibles ruedas de prensa de la Fiscalía, con el objetivo de cumplir con la inclusión a todas las personas y que el mensaje, de interés público, sea transmitido correctamente.

Durante la signa del convenio, el director del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana, Fernando Israel Ponce Ramírez, reconoció y agradeció el interés de la FACH, de buscar dar atención especializada a la ciudadanía.

Destacó que no son muchos los organismos públicos que procuran tener el servicio de intérpretes en la lengua natural de expresión y percepción visual para la ciudadanía y los usuarios que lo requieran.

“Todas las instituciones debemos estar a las altura de la exigencia ciudadana y de la realidad social que vivimos para que haya una verdadera justicia con enfoque humanista”, concluyó el fiscal Anticorrupción.