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Georgina Bujanda

“El Estado está obligado a garantizar de manera plena los derechos de niñas, niños y adolescentes, bajo el principio de interés superior de la niñez y adolescencia, por lo cual se debe de garantizar que las personas menores de edad tengan un entorno afectivo comprensivo y sin violencia, para que puedan desarrollarse de la mejor manera posible”, dijo la diputada Georgina Zapata Lucero al presentar en la Oficialía del Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de Chihuahua.

Dicha iniciativa va dirigida a garantizar una crianza positiva a la niñez chihuahuense  y con esto brindarles un mejor desarrollo físico y mental a los menores, explicó.

La legisladora mencionó que la crianza positiva es el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes.

Señaló que cuando un menor vive en un entorno negativo, donde experimenta violencia pueden desarrollar diversos problemas emocionales lo que los lleva normalmente a tener problemas en las escuelas y a tener dificultades para convivir con otras personas y en muchos de los casos a repetir la violencia que sufrieron.

Por eso, enfatizó,  es de suma importancia que se les brinde un entorno seguro y sin violencia, de parte de quien ejerce la patria potestad sobre ellos, garantizando el respeto de sus derechos humanos y del interés superior de la niñez.

La diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos, presentó una iniciativa para que el Estado dote de medidas especiales a personas en situación de vulnerabilidad que participen en el proceso de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. 

“La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, promulgada en noviembre de 2017, busca establecer competencias y coordinación entre autoridades para buscar y esclarecer casos de desapariciones, así como involucrar a los familiares en el diseño y seguimiento de acciones de búsqueda”, expuso la legisladora. 

Basada en lo anterior, Bujanda Ríos señaló que el acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como la participación en procesos judiciales deben ser para todas y todos, garantizando intérpretes en caso de pertenecer algún pueblo originario o bien, con accesibilidad en caso de contar con una discapacidad visual, auditiva o intelectual. 

“La propuesta es para garantizar la comunicación efectiva, las autoridades contarán con herramientas como el uso de un intérprete de lenguaje de señas, documentos de fácil lectura, documentos en Braille, comunicación táctil, macro tipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas auditivos, medios de voz digitalizada y otros formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluyendo tecnologías de la información y comunicación de fácil acceso”, desglosó. 

Por lo que dijo, la propuesta en concreto es adicionar el artículo 7 BIS, para que cuando la persona que solicite o participe en el procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición pertenezca a una comunidad o pueblo indígena, sea afromexicana, o sea extranjera sin dominio del español, se le facilite de oficio un traductor o intérprete para cualquier actuación en la que deba participar.

Y en el caso de personas que soliciten o participen en el procedimiento y que sean personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes o personas adultas mayores, todas las autoridades que participen en el proceso tendrán la obligación de adoptar de oficio medidas especiales, acciones afirmativas o ajustes razonables que aseguren su acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado invitó al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y al delegado Juan Carlos Loera, a que se pongan a gestionar recursos y defender el Presupuesto de Egresos Federales 2024. 

“Juárez merece que el Gobierno Federal esté en los temas, yo les pediría que dejen sus grillas internas y se pongan a trabajar por Ciudad Juárez, sobre todo que le den la cara a los chihuahuenses”, expresó el coordinador del GPPAN, Alfredo Chávez. 

Reiteró que es lamentable que “calienten” el proceso electoral rumbo al 2024, y que se les olvide gobernar cuando hay problemas por resolver como el de la migración. 

Por su parte, la diputada Georgina Bujanda Ríos manifestó su preocupación por la cantidad de migrantes que se acerca a Ciudad Juárez y el cierre del puente Córdoba de las Américas, que ocasiona, dijo, un problema fuerte a la economía nacional y sobre todo un problema humanitario. 

“Estamos viendo trenes con personas de Centroamérica, retacados en la parte de arriba y debajo de los vagones, vimos el hallazgo de 350 migrantes en Veracruz, hacinados en un tráiler”, expresó la legisladora. 

Bujanda Ríos añadió que el problema es que hay una incongruencia en el presupuesto, donde se habló sobre la solidaridad con las personas en situación de movilidad, permitiendo su entrada al país en condiciones de hacinamiento. 

“Se está permitiendo la entrada de personas para que vivan situaciones de violencia extrema, de insuficiencia alimentaria y no tener donde vivir. Es una incongruencia porque vemos que tampoco dentro del Presupuesto de Egresos haya una asignación y lo más grave es que no tenemos una definición de cuál es la política pública migratoria”, criticó Bujanda.

La diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, dio a conocer que tiene 145 iniciativas pendientes de dictaminar para lo que resta del tercer año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura 67. 

Bujanda Ríos dijo que se sentía sorprendida del trabajo acumulado ahora que se reintegró a la Legislatura, tras su licencia en el Poder Legislativo en octubre de 2022 y que concluyó el pasado agosto del 2023. 

La legisladora explicó que, junto con su equipo de trabajo, están en proceso de agrupar en 6 grandes rubros los temas que se encuentran en análisis y revisión, entre las que destacó violencia vicaria, violencia contra las mujeres, derechos de niñas, niños y adolescentes, atención a personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad, así como justicia cívica. 

“Son comisiones que requieren un alto grado de compromiso”, expresó la diputada, quien añadió que los altos indicadores de feminicidio, entre otros delitos requieren de un trabajo en donde la norma se establezca abstracta e impersonal. 

Sobre la actividad legislativa de Margarita Blackaller, compañera de fórmula en la legislatura y suplente durante su periodo de licencia, respondió que “de mi nunca vas a encontrar un comentario que vaya en contra de su trabajo”. 

Iniciativa de castigar imágenes de cadáveres en medios y redes sociales

Luego de que fuera turnada a la Comisión de Justicia, la iniciativa del diputado del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores para reformar el Código Penal Estatal, con el fin de agregar como delito, la publicación de imágenes explícitas de cadáveres sin consentimiento de familiares directos en cualquier medio de comunicación.

La diputada aseveró que este delito no es nuevo y que ya está contemplado dentro de la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, “que la mayoría de los medios de comunicación respetan bastante, dan cuenta de la noticia y respetan la dignidad de las personas”. 

“Cuando hay una persona fallecida, no se pueden publicar ciertas características, ni cobrar dinero. De hecho, fue una iniciativa que yo metí en 2021 y que acaba de replicar el Senado de la República, para que se sancione a funcionarios públicos, estamos hablando de policías y agentes del Ministerio Público que filtran las fotos”, agregó. 

Bujanda Ríos calificó de “loable” la intención de Omar Bazán de presentar dicha iniciativa el pasado 12 de septiembre ante Congreso, de la cual dijo que seguramente se integrará en la estrategia de revisión en foros para tratar de rescatar el “espíritu del legislador”. 

Al ser cuestionada si este tipo de iniciativas se pueden considerar “patitos en tiempo de elección”, comentó que hay mucho trabajo en la Comisión de Justicia y que por ello, la propuesta de realizar foros para la revisión de las 145 iniciativas pendientes y recuperar lo que se pueda integrar en las leyes vigentes del estado.

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