INM

En 15 días se medirán los resultados de la reunión entre la mandataria del gobierno estatal y el Instituto Nacional de Migración (INM), señaló el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda.

El funcionario estatal mencionó que con esta reunión la administración estatal tiene un poco más de claridad de cómo trabaja la federación en el tema de los migrantes.

De la Peña Grajeda señaló que conforme avancen las mesas se estará dando a conocer acciones que se llevarán a cabo en este tema, sin embargo, la prioridad es atender a los municipios que reciben migrantes.

Respecto a la entrega de apoyos económicos, el titular de la SGG pidió tiempo para que se den los resultados ya que se trabajará en dos vertientes, una de ellas la atención a los que ya se encuentran aquí y la otra será la política migratoria que adoptará el Gobierno Federal en el ingreso de más extranjeros.

De la Peña dio a conocer que se esperan más de tres mil migrantes procedentes de Tapachula; Chiapas.

Al respecto la mandataria declaró hoy por la mañana que la caravana no llegaría a Ciudad Juárez y que serían 800 los extranjeros que vienen en ese grupo de migrantes.

A puerta cerrada, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y su gabinete sostuvieron una reunión con el coordinador del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, para hablar sobre el tema de migración.

Desde los hechos del 27 de marzo, cuando 40 migrantes fallecieron a consecuencia de un incendio en las instalaciones del (INM), la funcionaria exigió que el Gobierno Federal clarificara su política migratoria.

Ese objetivo se alcanzó este día con la reunión, que es la primera de varias, ya que se pactó otra para dentro de 15 días, informó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

Dijo que a través de estas reuniones se buscará atender los efectos y causas del fenómeno de la migración.

Indicó que aunque se tocó el tema de la culminación del Título 42, que quedará sin efecto el 11 de mayo por parte del Gobierno de Estados Unidos, cuando se prevé un incremento en los flujos migratorios, no fue el único que se trató.

Aunque no se establecieron acuerdos concretos, el que la autoridad federal migratoria se una a las mesas de trabajo del estado es un adelanto, aseguró el funcionario.

Ahora, continuó, se tendrá información directa del Gobierno Federal con relación al tema, que es lo que estaba exigiendo Campos Galván.

De la Peña Grajeda indicó que en el tratamiento de este tema no cabe ni la polarización ni la politización, ya que es una situación grave que está tomando forma de una naciente crisis humanitaria.

Insistió en que la cifra de 35 mil migrantes en la ciudad está sustentada en información que les hicieron llegar miembros de la sociedad civil que atienden a los migrantes y tratar de disminuir ese número o las afectaciones, es politizar la situación y sobresimplificarla.

El funcionario enfatizó que no se trata de un debate político y que se debe atender ya por el Gobierno Federal porque el estado lo ha hecho dentro de sus facultades desde hace meses.

Consideró importante que las autoridades de todos los niveles de Gobierno atiendan de manera conjunta las causas y efectos del descontrolado flujo migratorio que llega a Ciudad Juárez, preponderantemente montado en el ferrocarril que llega dos veces al día.

“Necesitamos conocer cuál es la política migratoria federal, si no, no se puede atender a quienes llegan aquí… no es responsabilidad del estado ni del Municipio atender la política migratoria, que es exclusiva del Gobierno Federal”, declaró.

La postura de las autoridades estatales, acentuó, es que las federales digan qué es lo que se va a hacer con las causas para después tomar determinaciones conjuntas acerca de lo que se hará.

Se deben tomar medidas incluso de sanidad, porque muchas de las personas migrantes tienen su cuadro de vacunación incompleto, lo que representa un riesgo.

El fenómeno de la migración es complejo, por lo que hizo un llamado a la cordura y tranquilidad ante el arribo de las personas en tránsito hacia los Estados Unidos.

Con relación a la nueva marcha que inició desde Tapachula por parte de un grupo de alrededor de 3 mil personas, dijo que habrá que ver cuántas llegan a esta frontera, pero que se comenzará a analizar cómo se les va a recibir y atender.

Confío en que el INM hará su tarea en este tema, aunque previó que ese cúmulo de migrantes se estará dispersando, por lo que es importante no caer en un estado de alarma, pero sí estar atentos a lo que ocurra.

El Congreso del Estado formó una comisión especial para dar seguimiento al tema migratorio y, en particular, al incendio de la estación del INM ocurrido el 27 de marzo donde murieron 40 personas y otras decenas resultaron heridas.

Por unanimidad, el Legislativo votó a favor de darle a esa comisión las atribuciones de “coadyuvar en las acciones de investigación del lamentable suceso del pasado 27 de marzo de 2023”.

Entre esas atribuciones estará el de poner a disposición de las víctimas y de sus familiares, asesoría jurídica, médica y psicológica gratuita y, en su caso, canalizarlos a las dependencias correspondientes.

Además, podrá solicitar la presencia de las o los servidores públicos relacionados con el proceso de investigación.

En ese aspecto, podrá formular opiniones no vinculantes respecto de la actuación de las autoridades ministeriales federales y del INM en materia de derechos humanos.

El nombre completo del nuevo órgano del Congreso es Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento a la Debida Diligencia de Investigación del Caso de la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez.

El diputado Saúl Mireles Corral, en representación de la Junta de Coordinación Política, informó que dicho órgano estará integrado de la siguiente manera:

Dip. Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), Presidenta

Dip. Marisela Terrazas Muñoz (PAN) y Dip. Leticia Ortega Máynez (MORENA), Secretarias

Dip. Adriana Terrazas Porras (Morena), Presidenta del H. Congreso del Estado, Vocal

Dip. Yesenia Guadalupe Reyes Calzadíaz (PAN), Vocal

Dip. Gabriel Ángel García Cantú (PAN), Vocal

Dip. Ismael Pérez Pavía (PAN), Vocal

Dip. Rosana Díaz Reyes (Morena), Vocal

Dip. Gustavo de la Rosa Hickerson (Morena), Vocal

Dip. Ivón Salazar Morales (PRI), Vocal

Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas, (MC) Vocal

Dip. Jael Argüelles Díaz (PT), Vocal

Familias y amigos de 17 guatemaltecos fallecidos en el incendio de un centro migrante sepultan a sus muertos, así lo documentó en un fotoreportaje el periódico estadounidense The New York Times.

Cuarenta personas murieron en el incendio en Ciudad Juárez el mes pasado. El martes, los restos de 17 de las víctimas fueron transportadas a su país.

“Él no pensaba volver en ataúd”, dijo la viuda de uno de los fallecidos.

Nadie esperaba que regresaran tan rápido.

La semana pasada, los restos de 17 guatemaltecos que murieron en un incendio en un centro de migración cerca de la frontera con Estados Unidos fueron trasladados a casa, donde se declararon tres días de duelo nacional. Estaban entre las 40 personas que fallecieron en marzo en Ciudad Juárez, México, cerca de la frontera con Texas.

No es la primera vez que el presidente de Guatemala declara un periodo de luto similar. Lo ha hecho al menos dos veces antes: en diciembre de 2021, cuando al menos 40 guatemaltecos murieron en un accidente de tránsito en Chiapas, México, y en marzo de ese mismo año, cuando más de una decena de migrantes fueron asesinados a tiros y quemados en Tamaulipas, México.

En lo que va del año, las autoridades guatemaltecas han ayudado a repatriar a 58 ciudadanos fallecidos. En 2022, trajeron de vuelta los cuerpos de 427 personas, 361 de los cuales habían muerto en Estados Unidos. Muchos de ellos eran migrantes que intentaban cruzar la frontera estadounidense.

México ha detenido a cinco personas vinculadas al incendio de marzo. También se espera que la Fiscalía General de México proceda penalmente contra el jefe del Instituto Nacional de Migración.

Abajo, los restos de los migrantes llegaron a una base de la fuerza área en Ciudad de Guatemala el martes por la noche.

Francisco Gaspar Rojche Chiquival, de 24 años, y Miguel Rojché Zapalu, de 40, fueron dos de los hombres sepultados en Chicacao, una comunidad predominantemente indígena en el suroeste de Guatemala. Eran tío y sobrino y habían salido rumbo a Estados Unidos el 19 de marzo.

Dos de las hijas de Rojché Zapalu atendieron a su velorio.

Sus familiares dijeron que habían tenido que recurrir a préstamos para cubrir las tarifas de los coyotes —contrabandistas de personas— que pedían entre 15.000 a 19.000 dólares por cada migrante. Los hombres habían sido detenidos cerca de la frontera con Estados Unidos y se tenía previsto que fueran deportados a Guatemala.

“Él no pensaba volver en ataúd”, dijo Rosa Elvira Chiquival, la viuda de Rojché Zapalu, de 37 años. Recordó que la familia salió a abrazarlo la mañana que se fue. Chiquival tiene seis hijos, con edades de entre los 3 y los 15 años. También recordó que les dijo: ‘Tengo que ir por ustedes, para salir adelante’”.

El entierro de Rojché Zapalu en San Pedro Cutzán.

El entierro de Rojche Chiquival.

“El presidente de México tiene que buscar a la gente con responsabilidad”, dijo Aurelia Gutiérrez, familiar de Rojche Chiquival, de 50 años, mientras una banda funeraria tocaba. “Ellos no son ladrones, buscan la manera de sostener a la familia porque aquí, en Guatemala, todas las cosas están caras”.