INM

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y de Atención a Migrantes, presentó una propuesta de punto de acuerdo donde solicita a la Secretaría de Gobernación Federal la reactivación de los Grupo BETA del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua.

Estos grupos tienen la función de proporcionar ayuda y asistencia a las personas migrantes en movimiento, ubicados estratégicamente en puntos fronterizos, explicó.

Estos grupos de protección tienen su fundamento en la Ley de Migración, donde proporcionan ayuda humanitaria, asistencia migratoria y cuentan con equipo táctico para realizar rescates acuáticos, en montañas y desiertos.

Por lo anterior, la legisladora propuso que se asigne un titular y los respectivos agentes necesarios para cubrir la extensión territorial estatal, además se les otorgue presupuesto suficiente, así como estructura física desde la cual puedan llevar a cabo sus labores.

Expuso que a raíz de los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en las instalaciones del INM de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 personas, dicho instituto quedó “desarticulado” en el estado, puesto que los titulares de las áreas más importantes están siendo procesados judicialmente para determinar su responsabilidad en el siniestro ocurrido.

“Esta serie de acontecimientos han dejado en extrema dificultad al Instituto, quedando inoperante en Ciudad Juárez, ya que el encargado de despacho que fue designado, hasta la fecha no ha brindado una comunicación en la cual se pueda dar certeza de la operación del INM en Chihuahua. Esto es particularmente alarmante ya que la situación migratoria en Ciudad Juárez se encuentra en un momento crítico, estimándose más de 35 mil personas en condición de movilidad en esta frontera, y siguen llegando día con día.” expuso la diputada.

Así mismo, la diputada Zapata comentó que se debe regularizar la operación del INM, porque hay que tener la institución facultada para atender los temas migratorios, específicamente en la operación de los Grupos BETA, quienes coadyuvan con organismos internacionales, asociaciones civiles, autoridades municipales y estatales, para brindar atención a quienes la necesiten.

La propuesta de punto de acuerdo fue aprobada por la mayoría de los diputados de la Sexagésima Séptima Legislatura.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno federal a actuar con debida diligencia para investigar y sancionar a responsables del incendio en una estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que perdieron la vida 40 personas migrantes y 20 más resultaron heridas.

“Al tratarse de un suceso en el que múltiples personas migrantes perdieron la vida, la CIDH urge al Estado aplicar protocolos y medidas que garanticen de manera fiable y efectiva la identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus cuerpos sus familias, con pleno acceso a la información durante los procedimientos correspondientes”, dijo la CIDH.

En un comunicado, el organismo dependiente de la OEA, destacó que toma nota de las acciones adoptadas por el gobierno federal, entre las que destacan: la suspensión definitiva de las actividades en la estancia provisional; la entrega de tarjeta de visitante por razones humanitarias que garantiza atención hospitalaria a los lesionados; las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables; y el proceso implementado para reparar a las víctimas de las familias.

Destacó que las personas migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que provocaron violaciones a derechos humanos y la identidad de los perpetradores.

Agregó que tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación plena y efectiva de los daños sufridos, Lo anterior incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles.

“Esto implica la obligación de esclarecer, investigar, procesar y sancionar a responsables y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado”, indicó.

Sobre la persistencia de la práctica de la privación de libertad por razones migratorias en México, la CIDH advirtió que más allá de la forma en que se denomine a la detención, toda medida que impida a una persona migrante disponer libremente de su libertad ambulatoria constituye una detención. Por tanto, el Estado asume la posición de garante de derechos frente a las personas bajo su custodia.

Expresó que según lo indicado en el principio 68 de los Principios Interamericanos, el Estado debe garantizar que la detención se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y sólo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo.

A la luz de dicho principio, abundó, la Comisión insta al Estado a adecuar leyes, políticas y prácticas migratorias para eliminar la detención de personas migrantes en situación irregular en México.

“Es su obligación garantizar que las detenciones se ajusten a los principios citados, buscando la supresión de esa práctica y la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad por razones estrictamente migratorias”, señaló.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que el gobierno no protege al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, vinculado a proceso por el caso de los 40 migrantes fallecidos en Ciudad Juárez, pese a lo cual no ha perdido su cargo público.

En entrevista, el funcionario descartó que vaya a ser destituido antes de que concluya el proceso y sostuvo que Garduño dejará la titularidad del INM solamente si se le fincan responsabilidades penales.

-¿Por qué lo protegen?, se le cuestionó.

-“Yo creo que no es un asunto de protección. Yo creo que hay que delimitar el ámbito de sus responsabilidades y por supuesto en caso de que se le finquen responsabilidades y sea consignado, no solamente dejará el puesto sino tendrá que enfrentar las sanciones del juez”, respondió.

“La impunidad se da cuando la autoridad no interviene”, afirmó. Dijo que no solamente están consignados todos los presuntos responsables del incendio en la Estancia Provisional migratoria, sino que están abiertas líneas de investigación contra otros funcionarios, y ahí, subrayó, es donde tenemos que poner el énfasis.

Alejandro Encinas reiteró que tras la tragedia de Ciudad Juárez, el Gobierno federal haciendo un replanteamiento para ajustar y readecuar la política migratoria, porque es un fenómeno que está creciendo mucho no únicamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, donde se registra un cambio en los flujos migratorios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 40 personas la noche del pasado 27 de marzo, fue iniciado por los migrantes “pensando que con la protesta iban a poder salir”.

Señaló que el elemento que tenía la llave del salón donde estaban los migrantes y donde se inició el incendio “imagino que no pensó que iba a propagarse el fuego”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que de inmediato de esta desgracia, se inició una investigación, algo que, afirmó no se hacían en sexenios pasados en casos similares.

“Este es un hecho muy lamentable porque en este albergue hubo una protesta, quienes estaban ahí incendiaron una colchoneta pensando que con la protesta iban a poder salir”, dijo.

“¿La protesta no fue porque les faltaban insumos?”, se le preguntó.

“No, están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió. Pienso que no imaginó que iban a propagarse el fuego como sucedió lamentable y la asfixia. Entonces sucede esta desgracia y de inmediato se hace una investigación. Eso no se hacía antes”, respondió.