jueces y magistrados

El Poder Judicial de la Federación inició este miércoles un Procedimiento de Evaluación de Seguimiento Especial al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, luego de las quejas presentadas por personal del órgano jurisdiccional en contra de su titular, el juez Gabriel Galván Morales, por presuntos malos tratos y acoso laboral.

La evaluación está a cargo del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes se encuentran ya en esta frontera para conocer de primera mano las condiciones que prevalecen en el juzgado y recabar información sobre su funcionamiento.

De acuerdo con la resolución, cuya copia obra en poder de Norte Digital, la Comisión de Evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial aprobó la visita mediante el acuerdo CEEBRADEV-19/2025, emitido el 29 de mayo de este año.

Los trabajos de evaluación estarán encabezados por Alberto Díaz Díaz, adscrito a la Región Norte del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.

El documento establece que durante la visita se recibirán opiniones, comentarios, quejas e información, ya sea de manera escrita, verbal o electrónica, relacionadas con el desempeño del Juzgado Quinto de Distrito.

La revisión se lleva a cabo después de que salieran a la luz diversas inconformidades del personal del órgano jurisdiccional, cuyos trabajadores señalaron al juez Gabriel Galván Morales por presuntos malos tratos y conductas de acoso laboral hacia sus colaboradores.

Como parte de las acciones previas a esta evaluación, el pasado 29 de junio estuvieron en Ciudad Juárez Catalina Ramírez Hernández, integrante del Órgano de Administración Judicial, y la magistrada Indira Isabel García Pérez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, ambas del Poder Judicial de la Federación.

Durante esa visita sostuvieron reuniones con trabajadores del juzgado para escuchar, de viva voz, las quejas e inconformidades relacionadas con las condiciones laborales y el trato recibido dentro del nuevo sistema judicial.

Con esta nueva diligencia, el Tribunal de Disciplina Judicial busca dar seguimiento a los señalamientos y obtener información que permita evaluar el desempeño del órgano jurisdiccional y determinar si existen elementos que ameriten la adopción de medidas adicionales.

La reducción a las percepciones de los juzgadores federales, tal como lo pretende aplicar el Órgano de Administración Judicial (OAJ), viola la Constitución y tratados internacionales, además de poner en riesgo la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, afirmaron integrantes de la agrupación Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed).

En un comunicado, la Jufed rechazó la medida proyectada para 2026 al considerar que violentaría el artículo 94 constitucional, que establece que la remuneración de magistrados de circuito, jueces de distrito y otros funcionarios no puede ser disminuida durante su encargo.

El posicionamiento responde a la propuesta de reducir los ingresos de los juzgadores con el fin de que ninguno gane más que la presidenta de la República, tal como lo marca el artículo 127 constitucional.

La agrupación agregó que el artículo 123 de la Carta Magna prohíbe la disminución del salario de cualquier persona trabajadora, independientemente de su función.

A ello se suma la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México forma parte, que ha sostenido que la inamovilidad del salario judicial es un requisito indispensable para garantizar la independencia de los jueces.

“Así lo ha interpretado el tribunal interamericano: sin remuneraciones estables, no hay independencia; sin independencia, no hay justicia; y sin justicia, no hay democracia posible”, señaló.

La Jufed advirtió que reducir los ingresos de ministros, magistrados y jueces altera el equilibrio entre poderes, rompe contrapesos y envía un mensaje de subordinación.

“Cuando el salario se convierte en instrumento de control, la imparcialidad deja de ser garantía y se vuelve un riesgo”, afirmó la organización.

“Lo que está en juego no es un ingreso personal. Lo que está en juego es la arquitectura institucional que permite que, cada día, podamos resolver controversias sin temer represalias económicas derivadas de nuestras decisiones”, agregaron.

Si se concreta la reducción salarial, alertaron, también estará en riesgo “la confianza ciudadana en que los tribunales siguen siendo un lugar de equilibrio, no de obediencia”.

¿Por qué el reclamo?

El OAJ aprobó nuevos tabuladores salariales en septiembre de 2025 para ajustar las percepciones de los altos mandos del Poder Judicial de modo que ninguno gane más que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, conforme al artículo 127 constitucional.

Además de implicar recortes sustanciales a los ingresos mensuales de ministros, magistrados y jueces de distrito, se eliminarían prestaciones previas y todos quedarían como derechohabientes del Issste.

El OAJ aclaró que los salarios de mandos medios y operativos no serían modificados, a fin de evitar afectaciones laborales en el personal que no forma parte de la estructura superior.

La gobernadora encabezó anoche la ceremonia en la que rindieron protesta más de 300 juezas y jueces; llamó a preservar la independencia y reconoció la trayectoria de Myriam Hernández

El relevo judicial en Chihuahua estuvo acompañado de un mensaje constante de la gobernadora Maru Campos: la justicia debe mantenerse lejos de la política.

Desde el estrado del Centro de Exposiciones y Convenciones ExpoChihuahua, la mandataria reiteró una y otra vez la necesidad de que los nuevos juzgadores actúen con independencia.

“Les hago un llamado para que, aún con este cambio de paradigma, seamos capaces de mantenernos firmes en la separación de poderes, en la independencia del Poder Judicial, y en lo más sustantivo, que es la impartición de justicia para los chihuahuenses”, expresó Campos en su discurso.

Chihuahua siempre ha marcado la diferencia

Durante su intervención, la gobernadora insistió en que la entidad se distingue por la defensa histórica de las libertades y la democracia. “Chihuahua siempre ha marcado la diferencia, siempre hemos sabido defender las libertades y la democracia”, subrayó, al tiempo que pidió a los recién nombrados jueces y magistrados conducirse con imparcialidad y voluntad de servicio.

El mensaje fue dirigido a los 30 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y 270 juezas y jueces de primera instancia que rindieron protesta. Campos destacó que, más allá de la renovación de cargos, lo que está en juego es la confianza ciudadana en los tribunales.

Reconocimiento y transición

La mandataria aprovechó para reconocer la labor de la magistrada presidenta saliente, Myriam Hernández Acosta, así como de los juristas que concluyen su ciclo.

“Hoy rendimos homenaje a quienes sirvieron con equidad y neutralidad a Chihuahua, y damos la bienvenida a una nueva etapa que debe sostenerse en esos mismos principios”, dijo.

En la misma sesión solemne, Marcela Herrera asumió la presidencia del TSJ. En su mensaje, aseguró que se conducirá con responsabilidad, integridad e inclusión, y que su equipo será garante de los derechos fundamentales.

El discurso reiterativo de Campos fue: un llamado a blindar la justicia de intereses políticos y a preservar la separación de poderes en un momento de reacomodo institucional.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) desechó tres impugnaciones presentadas por excandidatos a magistrados inconformes, con lo cual ratificó los fallos emitidos previamente por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE).

En la sesión del miércoles 20 de agosto, el Tepjf resolvió en contra de los promoventes Carlos Alberto Martínez Beltrán, Judith Ávila y Javier Torres, quienes habían impugnado decisiones de los órganos electorales de Chihuahua que los excluyeron de la conformación del próximo Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado.

En el caso de Carlos Alberto Martínez Beltrán, aspirante a una magistratura en materia penal, solicitó el recuento de votos en 47 casillas donde, según argumentó, existían claros indicios de irregularidades que podrían modificar el resultado final de la elección.

No obstante, la Sala Superior del Tepjf rechazó su petición, a pesar de que la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis proponía abrir las casillas y recontar los votos. La votación final fue de tres magistrados en contra y dos a favor, por lo que se confirmó el fallo del TEE y Martínez Beltrán quedó fuera del TSJ.

Respecto a la excandidata a magistrada en materia penal, Judith Ávila, ella había impugnado la entrega de constancias de mayoría a candidatos varones. Sin embargo, su recurso fue desechado al considerarse que no lo presentó en tiempo y forma, confirmándose así la resolución del TEE.

En el caso de Javier Torres, aspirante a magistrado en materia familiar, el Tepjf también confirmó el fallo emitido por el TEE, que otorgó la constancia de mayoría a una candidata mujer que obtuvo más votos que él.

La Sala Superior del Tepjf aún tiene pendientes de resolver cinco casos de excandidatos a magistrados a quienes se les revocó la constancia de mayoría por el criterio de paridad de género, dado que candidatas mujeres obtuvieron un mayor número de votos.

Asimismo, está en proceso de resolución la posible remoción de tres candidatos electos por criterios de elegibilidad, ya que dos de ellos no cumplen con el promedio escolar mínimo de 8.