juicio político

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes iniciar un procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García, por presuntas irregularidades relacionadas con la triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario estatal.

La solicitud fue promovida por Morena y había sido turnada con carácter urgente a la Comisión Anticorrupción apenas esta semana. Con la aprobación, el gobernador deberá ser notificado formalmente y tendrá oportunidad de responder por escrito, mediante representante legal o de manera presencial ante el Poder Legislativo local.

De acuerdo con los señalamientos, las investigaciones apuntan a un presunto esquema de desvío y triangulación de recursos públicos por más de mil millones de pesos hacia empresas y despachos relacionados con integrantes de su familia. Samuel García ha rechazado las acusaciones y sostiene que los hechos ya fueron investigados previamente sin que se acreditaran responsabilidades penales.

El avance del procedimiento se suma a otros expedientes de juicio político que permanecen abiertos contra el mandatario nuevoleonés y mantiene la confrontación entre el Congreso local y el gobernador a poco más de un año de concluir su administración.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, aseguró que la solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván continúa vigente, por lo que debe seguir su curso legal.

El legislador rechazó las versiones que sostienen que el procedimiento fue desechado por falta de ratificación de los diputados promoventes y atribuyó esa responsabilidad a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, por no llevar a cabo el procedimiento de notificación correspondiente.

Durante la conferencia de prensa que ofrece los miércoles, Estrada Sotelo afirmó que ni él ni los demás promoventes han recibido notificación alguna por parte de la Cámara de Diputados federal respecto de la admisión, desechamiento o cualquier otra resolución relacionada con la solicitud presentada.

“Hemos visto muchísimas notas donde se dice que el juicio político ya no existe porque los diputados que lo promovieron no fueron a ratificarlo”, comentó.

Sobre el procedimiento, expuso que los diputados morenistas presentaron un escrito formal, señalaron domicilio procesal, autorizaron personas para recibir notificaciones e incluso delegaron facultades para dar seguimiento al procedimiento.

“Hasta este momento no hemos recibido absolutamente ninguna notificación”, sostuvo.

Estrada explicó que, al tratarse de un procedimiento de juicio político, la Cámara de Diputados actúa como una autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales, por lo que está obligada a emitir acuerdos formales y notificar a las partes involucradas.

“Ni siquiera nos han notificado un acuerdo de recepción de la solicitud. Mucho menos uno de desechamiento. Lo único que hemos visto son declaraciones públicas”, afirmó.

El legislador morenista cuestionó además las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien durante una visita reciente a Chihuahua señaló que la solicitud había sido desechada.

“Ningún acuerdo de desechamiento nos ha sido notificado. Me parece que quien preside un órgano que está actuando en funciones jurisdiccionales ni siquiera debería pronunciarse públicamente sobre el fondo del asunto antes de que exista una resolución formal”, expresó.

Estrada argumentó que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados conducir el procedimiento y, en su caso, citar a los promoventes para ratificar la denuncia.

“Nosotros no podemos fijar fecha ni hora para una ratificación. La conducción del procedimiento le corresponde a la Cámara. Si consideraban necesaria la ratificación, debieron emitir un acuerdo y notificarnos formalmente”, dijo.

Asimismo, sostuvo que no existe disposición legal que establezca de manera automática que la falta de ratificación provoque el desechamiento de una solicitud de juicio político.

“Todo mundo da por hecho que si no se ratificó ya quedó desechada. Que nos digan en qué parte de la ley está eso. Nosotros no hemos encontrado ningún fundamento que establezca esa consecuencia de manera automática”, señaló.

El coordinador de Morena indicó que, por el momento, los promoventes esperarán a que la Cámara de Diputados emita los acuerdos correspondientes y cumpla con las formalidades del procedimiento.

La solicitud de juicio político contra la gobernadora Maru Campos fue presentada por legisladores de Morena en medio de la controversia generada por las investigaciones federales relacionadas con el presunto uso de agentes extranjeros durante el operativo realizado en un laboratorio clandestino localizado en la Sierra del Pinal, en Chihuahua.

Hasta el momento, la Cámara de Diputados no ha informado públicamente sobre una resolución formal respecto de la solicitud presentada por los legisladores morenistas.

La Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado determinó como “notoriamente improcedentes” y “sin encuadrar en los apartados” , las solicitudes de juicio político en contra del exgobernador Javier Corral Jurado y el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Lo anterior, luego que un Juzgado Décimo Séptimo de Distrito dejó sin efecto el “carpetazo” a las solicitudes y ordenó al Poder Legislativo de Chihuahua retomar el análisis del caso.

En la sesión participaron de manera presencial José Alfredo Chávez Madrid, Omar Bazán Flores, Carlos Olson San Vicente y David Óscar Castrejón Rivas. A través de Zoom coordinó la reunión Gabriel Ángel García Cantú y se sumaron Óscar Avitia Arellanes y Yesenia Guadalupe Reyes Calzadillas.

Omar Bazán Flores manifestó su desacuerdo con la respuesta de la Secretaría Técnica en ambas solicitudes, toda vez, que “no satisface mi postura” en el caso de la primera y en la segunda, porque sí consideró que había elementos claros que él mismo denunció como la malversación de las cuotas de Pensiones Civiles del Estado”.

Las dos solicitudes fueron desechadas por los diputados, con tres votos a favor y dos abstenciones.

Los diputados declararon un receso para que a las 13:00 horas se retome la sesión, con el fin de realizar el dictamen y enviar la notificación del acuerdo al Juzgado.

Lo he señalado muchas veces, no hay persecución política contra el exgobernador, no nos interesa la agenda de Javier Corral, Acción Nacional es mucho más grande que una persona, respondió el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid.

El diputado habló sobre el cumplimiento de la sentencia de amparos, con la que la Comisión Jurisdiccional de Congreso del Estado tuvo que reabrir al análisis las solicitudes de juicio político contra el exgobernador, Javier Corral Jurado, y el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Agregó que toca al área técnica el análisis profundo del tema, para evitar un amparo nuevo.

Chávez Madrid explicó que hace un año la Comisión decidió no iniciar el procedimiento de juicio político a Javier Corral y él alegó que había una persecución política en su contra.

“Esto demuestra que nosotros actuamos con legalidad, hoy nos obliga un juez a reabrir el asunto y estudiarlo. Y si encontramos una causal para iniciarle un procedimiento de juicio político al exgobernador, si técnicamente es viable, lo vamos a hacer sin ninguna duda”, señaló.

El coordinador panista concluyó que esta decisión demuestra la imparcialidad de todos los miembros de la Comisión, que pertenecen a todos los partidos políticos, y a Javier Corral que en este sexenio “no se hacen venganzas políticas a través de la ley, se aplica el Estado de Derecho y se acatan las órdenes judiciales”.